La recaptura de Rosalinda González Valencia, esposa del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, trajo consigo una serie de reacciones del propio grupo criminal y la respuesta de las autoridades que hasta el momento mantiene operativos en el municipio de Zapopan con el refuerzo de la Marina, Ejército Mexicano y Guardia Nacional.
La mujer ya se encuentra en el penal de máxima seguridad femenil en el Estado de Morelos, donde un Juez de Control le decretó prisión preventiva justificada para que enfrente su proceso.
“La Jefa”, como le llaman al interior de la presunta red de lavado de dinero manejada en su mayoría por mujeres -con apoyo de administradores y contadores-, se encuentra imputada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en las modalidades de adquirir, ocultar y transferir dentro del territorio nacional, recursos de cualquier naturaleza, con conocimiento de que provienen de una actividad ilícita.
Desde junio de 2018 le fue dictado el auto de vinculación a proceso, reclasificando la imputación inicial que era de delincuencia organizada.
Autoridades intervienen comunicaciones privadas
El señalamiento que en su momento realizaron tanto el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para que la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Alteración o Falsificación de Moneda (UEIORPIFAM), de la Fiscalía General de la República (FGR), realizara las pesquisas del caso, destaca que Rosalinda y su hija Jessica Johana Oseguera González constituían empresas fachada para realizar el blanqueo de capitales provenientes del CJNG y su brazo financiero, representado por el grupo delincuencial Los Cuinis, hermanos de González Valencia.
La investigación se efectuó principalmente a través de la intervención de comunicaciones privadas autorizada por un Juez federal especializado, en al menos tres líneas telefónicas móviles, por medio de las cuales se realizaron una serie de escuchas registradas en la carpeta de investigación C/SEIDO/40-FAI/000409/2018.
Aunque no representan datos de prueba contundentes para condenar a la imputada, son parte del cúmulo de indicios que el Ministerio Público federal aportó en la causa penal 244/2018 del índice del Juzgado de Control, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez.
Según la indagatoria, Rosalinda González Valencia es identificada como operadora financiera, encargada de llevar a cabo las medidas necesarias de carácter comercial y financiero para lavar los recursos económicos obtenidos por el grupo criminal por la comisión de delitos de contra la salud y demás actividades ilícitas finalidad de la organización, por lo menos desde el 17 de mayo de 2011, cuando presuntamente participó en la constitución en Guadalajara, Jalisco, de una sociedad anónima de la cual es accionista.
El 17 de septiembre de 2015 fue incluida en la lista de traficantes de narcóticos especialmente designados emitida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, en razón de que la empresa es controlada por el CJNG.
González Valencia, que se encontraba libre bajo caución desde el 5 de septiembre de 2018 hasta el 15 de noviembre de 2021, cuando fue recapturada por faltar a firmar el libro de procesadas del Juzgado, ganó un juicio de amparo este año en Tijuana, Baja California, donde posee un par de inmuebles asegurados por la Fiscalía General de la República (FGR) en 2017.
Sin embargo, la protección constitucional le fue otorgada para efectos de que el Ministerio Público Federal dictara una nueva resolución, justificando el motivo y temporalidad de la medida cautelar. El 24 de agosto reciente, las propiedades de Rosalinda fueron reaseguradas por la dependencia federal en los fraccionamientos Playas de Tijuana y Jardines de Chapultepec.
Escuchas telefónicas
Con base en la denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera, la FGR solicitó la intervención de comunicaciones privadas al Poder Judicial hacia finales de 2016. El Juez Segundo Federal Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de Comunicaciones, concedió la medida de investigación peticionada, ejecutándose la intercepción de llamadas en el periodo del 8 de diciembre de ese año al 8 de marzo de 2017.
Al menos fueron tres las líneas de las que los agentes federales se “colgaron” para escuchar a sus interlocutores, todas operadas por la compañía Telcel.
Al menos 12 de cientos de llamadas registradas para establecer identidades, redes de vínculos y movimientos de sospechosos de participar en actividades de lavado de dinero y delincuencia organizada, fueron agregadas para el ejercicio de la acción penal en contra de Rosalinda González Valencia, aunque ninguno de los números y aparatos rastreados estaba asignado a su nombre, según se advierte de la carpeta de investigación; sin embargo, su voz es captada e identificada por la Fiscalía.
Entre los telefonemas relevantes para la parte acusadora se menciona la del 13 de diciembre de 2015 entre la imputada y su hija, Jessica Johana Oseguera González, cuyo móvil estaba interceptado, en la que la segunda informa a su madre que ya le dictaron auto de formal prisión a uno de los miembros del cártel y Rosalinda pregunta: “¿Ya le dijeron a aquél?, porque se va a poner…”. El Fiscal federal presupone que “aquél” podría tratarse del marido de la mujer, en la persona de Nemesio Oseguera “El Mencho”.
El 14 de diciembre del mismo año fue grabada una llamada entre Reginaldo Allalá Allalá, contador y exesposo de Jessica, con Rosalinda González Valencia, en la que comentan que deben verificar lo que ocurre con las cuentas bancarias de Bancomer, Banorte, HSBC y otras de sus diversas empresas, “porque las oficinas centrales del SAT (Servicio de Administración Tributaria) se las chuparon”. Con esa acción, refieren, “a un cliente” le congelaron casi dos millones.
La nómina de una de las compañías se estaba pagando con dinero de otra, “pero en efectivo y pidiendo facturas del año 2000”. Mencionan el negocio de las cabañas en Tapalpa.
Otra llamada entre madre e hija fue captada ese 14 de diciembre. Sin mayores aclaraciones, la transcripción refiere: “El Lic. va a ir a los juzgados a ver a tu papá. Ay hijo de (sic). Ay hija, no sabes por dónde estás hablando. Sí, sí”.
El 6 de enero de 2016, otra persona que era monitoreada se comunica con Rosalinda para hablar de la empresa Los Famosos y mencionan que deben “reciclarla para operarla como buena”. En la llamada hacen propuestas de eliminar empresas y crear otras para las cuales ya tenían dos “accionistas” de los que requerían sus Registros Federales de Causantes (RFC) y otros documentos, además de firmar una carta poder a Reginaldo para que hiciera los trámites.
Otras llamadas interceptadas no mencionan a González Valencia, pero entre los involucrados hablan más detalles de las compañías y sus movimientos financieros, así como los momentos en que se dan cuenta del bloqueo de sus cuentas bancarias y el intento por abrir nuevas cuentas sin éxito.
Por ejemplo, Jessica le pregunta a Reginaldo, el 2 de diciembre de 2015, “si alcanzó para los pagos importantes, indicándole Reginaldo que no, que no importa, que era lo de la renta y el pago de las nóminas, indicándole que estaba pagando en efectivo las facturas, que eso era algo que él no quería, sin embargo, lo estaban haciendo para que al rato no dijeran que se estaba lavando dinero”.