Puebla es el octavo estado más afectado por el jineteo de fondos de la Secretaría de la Defensa Nacional; a la entidad se le adeuda armamento por un monto de casi seis millones de pesos según informó Mexicanos Contra la Corrupción.
En el más reciente informe de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se reveló que la SEDENA omitió entregar más de 122.4 millones de pesos en armas, municiones, cartuchos y cargadores para armas largas y cortas a 21 estados del país.
Puebla se encuentra entre los estados afectados. Entre los estados afectados, que no recibieron el armamento pagado a la Sedena, junto con Puebla se encuentran Baja California, Estado de México, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Veracruz y CDMX.
El incumplimiento de la SEDENA para entregar armas se agudizó el año pasado. En 2018 la ASF identificó 32 millones de pesos en armamento no entregado a 9 estados, para el año siguiente se elevó a 42 millones en 11 estados y en 2020 fue de 122 millones en 21 estados, de acuerdo con una revisión realizada por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) de las auditorías a los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP).
En un reportaje de las periodistas Verónica Ayala y Valeria Durán publicado por Mexicanos Contra la Corrupción se explica que a Puebla aún no recibe armamento por un monto total de 5 millones 937 mil 9 pesos con 85 centavos.
Las policías de 21 estados pagaron por adelantado 122 mdp para la adquisición de armas y municiones para enfrentar a la delincuencia, pero la Secretaría de la Defensa Nacional no cumplió con la entrega: https://t.co/7bpOxP0mQn pic.twitter.com/gOlV0mQxS0
— Mexicanos Contra la Corrupción (@MXvsCORRUPCION) November 25, 2021
El FASP es una bolsa del Presupuesto federal, prevista en la Ley de Coordinación Fiscal, para transferir a los estados recursos para cumplir con las estrategias nacionales en seguridad pública y los recursos deben ir orientados a los programas prioritarios, como el desarrollo de capacidades de las corporaciones locales para la prevención del delito, la profesionalización y certificación policial, así como a la inversión en tecnología, infraestructura y equipamiento, entre otros rubros.