Para garantizar la devolución del patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins, el Juez sexagésimo de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ordenó el embargo de bienes inmuebles, cuentas bancarias y cualquier instrumento financiero a la familia Jenkins. El total está valuado en 720 millones de dólares.
Fue el 25 de marzo cuando el Juez ordenó el embargo y prescribió al director del Instituto Registral Catastral de Puebla no modificar el registro de los bienes inmuebles que los Jenkins donaron en 2014 a otra fundación.
El embargo incluye el pago de rentas de inmuebles donde operan empresas como Walmart y Vips y un helicóptero Augusta modelo 109E Power Spifr.
Este mandato de embargo derivó de las órdenes de aprehensión que un Juez de Control Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, giró en contra de Roberto, María Elodia, Margarita y Juan Carlos Jenkins de Landa, Elodia Sofía de Landa Irizar de Jenkins y Juan Guillermo Eustace Jenkins por lavado de dinero.
A los miembros de la familia Jenkins se les acusa de participar en el supuesto lavado de 14 mil millones de pesos propiedad de la Fundación Mary Street Jenkins, según una investigación realizada por la Fiscalía General de la República.
VER: Giran órdenes de aprehensión en contra de los Jenkins por lavado de dinero
Al respecto, la defensa legal de la Fundación Mary Street Jenkins señaló que el Juez que emitió la orden de embargo no tiene competencia porque su domicilio está en Jalisco.
Dicho juzgado carece de competencia para conocer del asunto, dado que la Fundación tiene su domicilio en el estado de Jalisco y, como consecuencia, todas sus actuaciones están afectadas de nulidad, como ha quedado debidamente acreditado.
La Fundación promovió un amparo ante el Juez Primero de distrito en Materia Civil de la Ciudad de México para detener todas las medidas dictadas en su contra, pero le fue negado.