Por imponer la ejecución de proyecto de la Comisión Federal de Electricidad en la zona del pueblo Maseual en Puebla, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) giró la recomendación 09/2021 a Manuel Bartlett Díaz, titular de la paraestatal ya que provocó que se les criminalizara e iniciara una investigación ante la Fiscalía General de la República.
En la recomendación dirigida desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se informó al director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) los agravios cometidos contra ocho personas defensoras de derechos humanos, en el marco de la ejecución del proyecto “Línea de Alta Tensión Cuetzalan entronque Teziutlán II-Tajín” que incluía la construcción de una subestación eléctrica en dichas comunidades del Estado de Puebla.
En junio de 2018, las personas quejosas manifestaron su inconformidad ante este Organismo Nacional al considerar que el proyecto irrumpía “en el seno del pueblo Maseual” y había sido impuesto bajo el argumento de que “sería benéfico para la región”.
A los representantes del pueblo jamás se les proporcionó información complementaria y encima después se les amedrentaba con el inicio de una carpeta de investigación en la entonces Procuraduría General de la República como probables responsables de la comisión del delito de oposición a la ejecución de obra pública.
La CNDH tuvo acceso a la carpeta de investigación que fue integrada por la PGR y ubicaron que la CFE presentó un escrito en el que solicitó la ampliación de la denuncia, teniendo como principal sustento notas periodísticas publicadas a través de portales de internet.
La Comisión Nacional estableció que se vulnera el derecho de las personas a defender los derechos humanos, toda vez que el Estado y sus agentes no deben poner en duda la legitimidad del trabajo de las y los defensores de derechos humanos y sus organizaciones, ni realizar declaraciones que sugieran una actuación indebida o ilegal, solo por llevar a cabo labores de promoción y protección de dichas prerrogativas, informó la CNDH.
La CNDH solicita a Bartlett que, en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, repare integralmente el daño a las personas afectadas; brindarles atención psicológica e implementar el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), específicamente en lo relativo al artículo noveno sobre los “Defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales”.
Además se le pide al titular de CFE realizar un acto público de reconocimiento de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, así como de responsabilidad y desagravio institucional.
Se exige que realice las solicitudes correspondientes a los motores de búsqueda, entre ellos Google y Yahoo, para que no sea posible acceder al nombre de las víctimas en los agravios cometidos por la paraestatal y brindar a sus trabajadores CFE cursos de capacitación sobre estándares relacionados con los derechos humanos de los pueblos y comunidades indígenas para evitar la criminalización de personas defensoras de derechos humanos.