Desde el año 2014, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ubicó una discrepancia en el patrimonio del Magistrado Carlos Loranca Muñoz; fue en el 2015, cuando inició la sociedad con el empresario de la gasolina Othón Muñoz Bravo, a quien se le señaló por ser un presunto huachicolero, tras ser detenido el 20 de agosto del 2017 en un fraccionamiento de la zona de Lomas de Angelópolis.
#CJF detectó 6 millones de pesos no declarados por #CarlosLoranca desde 2014
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A Othón Muñoz Bravo se le acusó únicamente por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de estupefacientes con fines de comercio y por posesión ilegal de armas de uso del Ejército. Por el delito federal de posesión de armas de fuego se le fijó una multa de seis mil pesos la cual pagó, pero fue puesto a disposición de las autoridades estatales. Un juez penal ordenó su prisión preventiva por el delito de posesión de drogas, así como el pago de un monto de un millón de pesos, y lo enviaron a la prisión de mediana seguridad de Tepexi de Rodríguez. Se le absolvió en febrero del 2018.
Pero a Carlos Loranca Muñoz el Consejo de la Judicatura le inició una investigación a profundidad, la cual duró tres años y tres meses. Ayer, finalmente, el Pleno del CJF aprobó su inhabilitación y destitución “por faltar a la verdad respecto a su evolución patrimonial y las irregularidades reportadas”, como se informó en un comunicado.
En una entrevista que concedió el 8 de marzo del 2019 a PÁGINA NEGRA, el empresario Othón Muñoz Bravo descartó “ser un líder huachicolero” y admitió que tuvo una relación comercial con el magistrado Loranca. Ambos fueron fotografiados junto a los panistas Javier Lozano Alarcón y Nestor Gordillo en 2012.
La imagen fue entregada a PÁGINA NEGRA por una fuente de la justicia federal, quien aseguró que fue encontrada en el decomiso que organizó la Marina Armada de México en las propiedades del empresario. Además, la fuente aseguró existen más fotografías con otros políticos.
En la fotografía se puede ver al senador Javier Lozano Alarcón sentado a la derecha de “El Cachetes” y a Néstor Gordillo frente a él, en la mesa también se encuentra el exmagistrado marinista, Carlos Loranca.
Ver: Aparece foto de El Cachetes departiendo con Loranca y Lozano
“Energéticos Muñoz”
Como PÁGINA NEGRA informó el 2 de octubre del 2017, el Magistrado del Poder Judicial de la Federación y Muñoz Bravo conformaron juntos una sociedad para instalar una gasolinera frente a una escuela en Acajete.
Documentos del Registro Público de Comercio obtenidos por esta casa editorial revelaron que en 2015, el magistrado y el presunto criminal conformaron la Sociedad Anónima “Energéticos Muñoz”, para colocar una gasolinera en Acajete, enfrente de la primaria "Miguel Hidalgo". A pesar de la negativa de las autoridades municipales sobre los permisos de funcionamiento, ya que ponía en riesgo la escuela y a sus alumnos, Loranca aprovechó su influencia en el sistema judicial para que se entregaran los documentos que permitieran la operación de la estación de combustible.
En marzo de 2015 se constituyó esta sociedad mercantil, de la cual, en sus inicios formaron parte los tres hijos del magistrado Carlos Loranca: Carlos Eduardo, Karla Esther y Raquel Patricia Loranca Ochoa.
El titular y principal accionista fue Othón Muñoz. De acuerdo con los documentos y con testimonios de personal del Poder Judicial de la Federación en Puebla, los socios presionaron al entonces presidente de Acajete, Antonio Aguilar, para que otorgaran los permisos para la operación de la estación de servicio frente a la primaria del municipio.
En un principio, la sociedad estuvo sólo conformada por el empresario y los tres hijos de Loranca. Sin embargo, en 2016, el magistrado ingresó a la sociedad a través de la compra del 10 por ciento de las acciones que le vendió directamente Othón Muñoz, según consta en las actas inscritas ante el Registro Público de Comercio de Puebla.
Justo un mes antes de la detención de Othón Muñoz Bravo, Loranca y sus hijos abandonaron la sociedad y entregaron sus acciones a los hermanos Luis Antonio y José Rubén Córdova Garma.
La investigación contra Loranca
Desde el 9 de agosto del 2017, Loranca no despachaba en su oficina del Primer Tribunal Unitario del Sexto Circuito, en San Andrés Cholula. En ese entonces el pleno del Consejo de la Judicatura ordenó, primero, enviar al Poder Judicial Federal de Chihuahua a Loranca y, luego, en la sesión del pleno del 29 de noviembre del 2017 se planteó que iniciara la investigación en su contra y se ordenó su suspensión temporal.
La investigación estuvo a cargo del magistrado Eligio Nicolás Lerma Moreno, quien fungió como Visitador Judicial “A” y que consistió con trabajos para compilar más casos sobre el actuar de Loranca como magistrado, entrevistas a sus colaboradores, otros testigos y la revisión de su situación económica.
Lerma Moreno realizó una visita extraordinaria de inspección con relación a la actuación del magistrado como podía leerse en una circular que fue colocada a las puertas de la antigua oficina del togado federal.
A pesar de que fue suspendido de su cargo, el Magistrado siguió percibiendo el 30 por ciento de su salario e incluso, según fuentes del Poder Judicial Federal, tuvo problemas de salud y un accidente automovilístico por lo que había solicitado una licencia por temas de salud cuando se inició la investigación en su contra.
Ver: CJF suspende y ordena investigación contra el Magistrado Loranca
Irregularidades del 2014 al 2016
Tras tres años de investigación se detectaron irregularidades en las declaraciones patrimoniales de 2014, 2015 y 2016 de Loranca, por lo que destituyó e inhabilitó por 15 años al magistrado.
Según un comunicado del Consejo de la Judicatura Federal, el pleno del órgano, encargado de la vigilancia y disciplina de los jueces y magistrados federales, detectó que Loranca Muñoz incurrió en diversas irregularidades cuando formaba parte del Primer Tribunal Unitario en Puebla.
“Se corroboró que [Loranca] incurrió en la conducta de faltar a la verdad respecto con su evolución patrimonial y las irregularidades reportadas (...) Es de subrayar que las investigaciones administrativas se llevaron a cabo con absoluto profesionalismo, velando siempre por el debido proceso y la presunción de inocencia”, señaló el CJF.
La investigación al interior del CJF arrojó que el magistrado no reportó en sus declaraciones patrimoniales aproximadamente 6 millones de pesos por lo que se le inhabilitó.
Ver: El CJF inhabilita por 15 años y destituye al magistrado federal Carlos Loranca