A pesar de que la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla (CDH) emitió una serie de recomendaciones por la vulneración a la integridad y seguridad personal, por actos de tortura en contra de José María Sosa, la Fiscalía General del Estado (FGE) se negó a reconocer que el personal de su dependencia torturó al detenido por la desaparición de Paulina Camargo y dijo que no brindará atención psicológica a “Chema” Sosa.
Fue en diciembre pasado cuando la CDH emitió la Recomendación 22/2020 dirigida a la FGE y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). La primera dependencia fue acusada de violentar el derecho a la integridad y seguridad personal mientras que la segunda fue señalada de vulnerar el derecho a un trato digno.
Después de analizar las evidencias que integran el expediente 3793/2017, la CDH acreditó que, mientras se encontraba en las instalaciones de la FGE a disposición del Agente del Ministerio Público, José María Sosa fue sujeto de malos tratos que le provocaron signos y secuelas psicológicas relacionados por las amenazas recibidas en contra de su hermano, la privación de la libertad y el estar separado de su familia; posteriormente le fue tomada una declaración ministerial con asistencia de una defensora pública de oficio cuando tenía nombrado a un defensor particular.
Además, a pesar de que Chema Sosa está en San Miguel desde hace varios años, la CDH advirtió que en ningún momento ha recibido tratamiento psicológico conforme a los estándares contemplados por el Sistema de Ejecución Penal; por ello, se le recomendó a la FGE proporcionar atención integral que incluya la atención psicológica y le permita al agraviado superar las secuelas provocadas.
Entre otras de las recomendaciones se incluye emitir una circular a través de la cual se reitere la instrucción a los servidores adscritos a la FGE, para que sujeten su actuar a lo establecido por el orden jurídico mexicano, así como los tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y se abstengan de realizar actos que atenten contra los derechos humanos así como brindar a los servidores públicos capacitación relativa al respeto y protección de los derechos humanos.
Finalmente, la FGE deberá informar al titular del Órgano Interno de Control y Visitaduría para que determine sobre el inicio del procedimiento administrativo de investigación correspondiente, en contra de los servidores públicos de la FGE que participaron en los hechos y se determine lo que conforme a derecho corresponda.
Al respecto, la tarde de este jueves 6 de enero, la FGE emitió un comunicado para informar que “la recomendación fue aceptada parcialmente porque no se violentaron los derechos humanos del quejoso”.
La dependencia no aceptó brindar atención psicológica a Chema Sosa porque “no ha ejercido dicho derecho, no obstante, esta posibilidad se encuentra abierta a voluntad del solicitante en cualquier momento”. Tampoco se aceptó que el Agente del Ministerio Público se conduzca conforme a derecho porque “la investigación se ha conducido y se seguirá de manera diligente, científica, seria, pormenorizada e imparcial y en estricto apego a los derechos humanos del denunciante”.
Solo se aceptó “continuar con la capacitación para el personal en lo relativo a respeto y protección a los derechos humanos, toda vez que ésta es una acción continua, descrita en la ley y parte sustantiva en el plan de trabajo de la Fiscalía y dar vista a la Visitaduría para que se investigue la posible existencia de faltas administrativas del personal de la institución en el presente caso”.