La Fiscalía General de la República (FGR) decidió que no negociará un procedimiento abreviado con Rosario Robles Berlanga, exsecretaría de Desarrollo Social (Sedesol), en el caso ejercicio indebido del servicio público por el que es investigada.
De acuerdo con información que La Jornada obtuvo del Poder Judicial, la FGR informó al Juez Ganther Villar Ceballos que no se cumplen los requisitos para negociar el criterio de oportunidad con la exfuncionaria, un esquema que le permitiría reducir su condena en caso de que la encuentren culpable.
El reportero Gustavo Castillo García informó que el Juez señaló a la FGR que incumplió con lo ordenado en la audiencia del 10 de febrero, donde se fijó un plazo de cinco días para establecer los mecanismos de negociación entre Rosario Robles y la Fiscalía.
“De esta manera, sigue firme la audiencia intermedia, programada para el próximo 26 de febrero, en la cual se definirá la legalidad de las pruebas con las que se definiría una sentencia contra Robles Berlanga”, informó esta tarde el diario.
En el oficio UEIDCSPCAJ-049/2021, la FGR recordó que Robles Berlanga expuso por escrito su interés en obtener una salida anticipada, “pero no se cumplen los requisitos de procedibilidad para que ésta acceda al procedimiento abreviado o al criterio de oportunidad por los motivos que expone”, detalló la dependencia.
LAS NEGOCIACIONES CON LA FGR
El pasado 12 de febrero, Robles Berlanga formalizó ante la FGR su petición de alcanzar un acuerdo para terminar de manera anticipada su proceso penal por el caso de la llamada Estafa Maestra. Sin embargo en una audiencia posterior se presentaron dudas sobre si ese pacto era posible, debido a reclamos de organizaciones civiles que reclamaron que el actual Gobierno federal era incapaz de romper el pacto de impunidad” con funcionarios del pasado.
La FGR detuvo a Rosario Robles en agosto de 2019 y desde entonces permanece en prisión preventiva en el penal de Santa Martha Acatitla, de la Ciudad de México, señalada de ser la cabeza visible del caso de corrupción conocido como la Estafa Maestra, el cual ocurrió durante la administración del Presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
De acuerdo con los señalamientos, Robles habría desviado más de cinco mil millones de pesos destinados a programas sociales por medio de falsos contratos con universidades públicas.
El 18 de septiembre de 2019, la Secretaría de la Función Pública (SFP) la inhabilitó por 10 años para empleos, cargos o comisiones en el servicio público por falsear información en su declaración patrimonial.
Ese 12 de febrero, la defensa legal de la exfuncionaria federal formalizó su petición desde el miércoles al terminar la audiencia intermedia en el caso que la Fiscalía General de la República mantiene por ejercicio indebido del servicio público.
Al recibir la petición, autoridades de la FGR dispusieron visitar el Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla, en la Ciudad de México, para entrevistarse con Robles Berlanga.
La FGR aceptó negociar con Rosario Robles para no acusarla formalmente, ya sea por un criterio de oportunidad o por la figura de procedimiento abreviado.
Sin embargo, la negociación se rompió y la exsecretaria del sexenio de Peña Nieto irá a juicio.