Este lunes, la Unificación de Sexoservidoras de Puebla presentó una iniciativa para crear una ley que regule el trabajo sexual en la entidad con el objetivo de disminuir la trata de personas, cobro de cuotas y que menores de edad brinden este servicio.
La propuesta contempla 50 artículos, entre los cuales se incluye que el servicio sólo se permita en locales o espacios considerados como zonas de tolerancia, que serían vigilados por las autoridades estatales y sanitarias.
Estos sitios deberían cumplir con varios requisitos para su funcionamiento, como tener un mobiliario óptimo y reglas de convivencia.
El artículo 21 propone un padrón de personas que se dediquen al sexoservicio, que sea entregado a la Secretaría de Salud estatal y a otras dependencias, con el objetivo de implementar programas y tener un mayor control sobre esta situación.
En el 23, se establecen que no podrán ejercer la labor las personas menores de 18 años, las mujeres embarazadas, quienes padezcan enfermedades de transmisión sexual, así como las personas que tengan alguna “deficiencia intelectual”.
El artículo 34 establece que las autoridades vigilen las zonas de tolerancia, “desarrollándose una activa persecución” contra quienes exploten a las mujeres.
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En rueda de prensa, María de Lourdes Hernández Castillo, representante de la Unificación de Sexoservidoras, indicó que presentarán esta propuesta al edil electo de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, para que él la promueva en el Congreso local.
#VIDEO 📲 La Unificación de Sexoservidoras de #Puebla elabora una iniciativa de Ley para regular esta actividad, ya que la falta de una normativa genera que las mujeres sean agredidas.
— Periódico Central (@CentralPuebla) September 28, 2021
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Señaló que aún no han tenido acercamientos con el alcalde electo, pero que esperan ser escuchadas por él en cuanto inicie su administración a partir del 15 de octubre.
La Unificación —integrada por 238 trabajadoras— acudirá al panista pese a que pertenece a uno de los partidos políticos más conservadores del país, que, en el caso de Puebla, ha evadido temas progresistas como la interrupción legal del embarazo.