El gobierno de Puebla, Miguel Barbosa emitió un nuevo decreto para controlar la seguridad pública del municipio de Puebla, luego de señalar que la Corte les dio la razón y que hay situaciones extraordinarias en las que el estado puede intervenir para establecer el orden público.
Esta mañana se dio a conocer el decreto contra la administración de Claudia Rivera que señala que el gobernador, o quien él disponga, puede disponer del personal operativo, administrativo de los cuerpos policiacos del municipio, los bienes muebles e inmuebles, armamento, municiones y en general todos los recursos relacionados a la operación de la policía preventiva municipal.
La primera vez que el gobierno del estado emitió un decreto similar, Rivera impugnó ante la Corte, pero esta vez el nuevo decreto señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le dio la razón a Barbosa.
Hay situaciones extraordinarias en donde restablecer el orden social en una demarcación requiere asumir completamente el mando de la policía municipal, en el entendido que dicha asunción incluye no sólo la transmisión de órdenes y el correlativo deber de acatarlas, sino de toda la infraestructura y operatividad que ello conlleva”.
La Suprema Corte determinó que la policía municipal puede ser delegada por el estado.
En la resolución de la Controversia Constitucional, la Suprema Corte reconoció que la operatividad del mando policial municipal puede ser delegada a funcionarios del estado, a fin garantizar que en casos de fuerza mayor el propio gobernador Miguel Barbosa Huerta pueda recurrir a la estructura orgánica que especificar las tareas de los uniformados municipales.
VER: Continúa la disputa por la seguridad en Puebla Capital: Claudia Rivera se ampara ante la SCJN
@MBarbosaMX emite nuevo decreto para tomar el control de la seguridad en #Puebla capital
— Periódico Central (@CentralPuebla) March 26, 2021
Abrimos Hilo 🧵👇: pic.twitter.com/jKIOvapKHR
El primer decreto para tomar el mando de la policía municipal se publicó el 24 de marzo del 2020 y tenía vigencia de un año.
Este fue determinado bajo cuatro supuestos, en los que destacaron que existía inseguridad innegable en las zonas de los mercados municipales, con bandas dedicadas a la venta de drogas, cobro de piso a comerciantes y ambulantes, prostitución, robos, venta de productos robados, pornografía, entre otros ilícitos, afectando la actividad económica de la capital.
Así como la existencia del crimen organizado con el registro de ejecuciones, abandonos de cuerpos, feminicidios y un aumento inusual en el robo de automóviles con violencia.
En el nuevo decreto, el gobierno indicó que Puebla Capital como zona estratégica, sigue representando uno de los objetivos prioritarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el escenario de expansión y control territorial en la República Mexicana, ante el atractivo de ganancias económicas que genera la extracción ilícita de combustible.
Y delitos como el narcomenudeo, la extracción ilegal de rentas y la trata de personas, entre otros de alto impacto relacionados como el homicidio y la intimidación de autoridades y candidatos en el contexto del proceso electoral que vive el país este año.
Este nuevo decreto tiene vigencia de un año, contando a partir de su entrada en vigor que fue el pasado 25 de marzo. El mando comprende todo el territorio del municipio de Puebla, incluyendo sus juntas auxiliares.