El costo para levantar el Censo de Bienestar en Puebla fue de 15 millones 922 mil 500 pesos, sin embargo, pese al despliegue de los “servidores de la nación”, el instrumento en el que se basan las políticas de desarrollo social tiene irregularidades y es poco confiable, así lo indica la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El órgano de fiscalización detalla que la Secretaría de Bienestar aseguró haber visitado prácticamente toda la entidad para detectar a las personas que ya recibían programas sociales y quiénes eran susceptibles de recibirlos; en el ejercicio, se aseguró que los “servidores de la nación” consultaron a millón 785 mil 197 personas y de estas, 719 mil 545 fueron censadas.
La ASF revisó los resultados del levantamiento del censo para identificar las cifras obtenidas en los municipios y zonas con mayor población indígena, con alto o muy alto grado de marginación y con altos índices de violencia, pero tanto en el caso de Puebla como en el del resto de las entidades, apenas se ubicaron los indicadores respecto de pueblos originarios, es decir, se encuentran incompletos.
Además de contar con un instrumento poco certero para destinar los programas sociales, la ASF encontró que en un grupo de casi 40 municipios se ubicó una amplia diferencia entre los habitantes que contabiliza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) con el de las personas censadas.
El órgano ejemplifica el caso del municipio de Nicolás Bravo, donde los servidores de la nación censaron a 12 mil 362 personas, pero en una década este lugar no ha tenido esa población, pues en 2010 contaba con 6 mil 9 habitantes, en 2015 con 6 mil 259 y en 2020 con 6 mil 644, con este último la diferencia es de 86.1%
Lo mismo ocurre con San José Miahuatlán, donde el número de personas registradas por los servidores de la nación es de 21 mil 45, pero en 2010 había 12 mil 699 habitantes, en 2015 se contaba con 13 mil 159 y en 2020 con 14 mil 18 personas, en ese sentido el aumento del padrón es de 50.1%
Otras irregularidades encontradas en el Censo de Bienestar para el caso de Puebla es la duplicidad de 263 Claves Única de Registro de Población (CURP), mientras que tres municipios se capturaron en dos ocasiones, La Magdalena Tlatlauquitepec, San Antonio Cañada, Cañada Morelos, generando más irregularidades en el padrón.
En sus conclusiones, la ASF indica que no se trata de un censo porque no se levantó información en el total de viviendas de los municipios del país, las cifras fueron sobreestimadas en comparación con las que registra el INEGI. En general, los números referidos son inconsistentes, por las duplicidades que también tienen.
Por ello, el Padrón Único de Beneficiarios de la Secretaría de Bienestar no genera certidumbre sobre el grado de cumplimiento en la implementación de programas sociales y uso de recursos públicos.
Entre 2019 y hasta agosto de 2020, el Gobierno Federal había dispersado más de 3 mil millones de pesos en programas sociales en Puebla, de acuerdo con el Padrón Único de Beneficiarios, realizado con base en estas cifras calificadas como inconsistentes por la ASF.