La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó el gasto irregular de mil 334 millones 907 mil pesos durante el 2019, año en que Puebla tuvo a tres gobernadores, Jesús Rodríguez Almeida, Guillermo Pacheco Pulido y el comienzo de la administración de Miguel Barbosa Huerta.
El informe, consolidado de la cuenta pública 2019, indica que la mayoría de los recursos con irregularidades corresponden a lo ejercido en el rubro de salud, estas anomalías corresponden a mil 136 millones de pesos de las que la ASF dio a conocer en octubre del año pasado.
VER: Detecta ASF irregularidades por mil 136 millones de pesos en Salud en Puebla
La tercera entrega de la cuenta pública indica que a esa cifra se adhirieron 198 millones 297 mil pesos en los que se hallaron irregularidades y donde destacan el gasto de 43 millones 480 mil pesos en el ejercicio del FONE, el fondo para pagar la nómina educativa y 96 millones 428 mil pesos en recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Pagaron nómina a 87 personas muertas
Al analizar el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa (FONE), la ASF detectó que se hicieron 366 pagos a 87 trabajadores identificados como decesos, por lo que esto generó un probable daño patrimonial de 2 millones 891 mil 305 pesos.
La administración estatal que encabezó Miguel Robles Bárcena y luego pasó a manos de Melitón Lozano Pérez también fue observada por un probable daño patrimonial de 20 millones 357 mil 44 pesos, porque con el FONE se pagó la nómina de trabajadores que no realizaron funciones destinadas a la educación básica, sino a empleados administrativos adscritos a direcciones y subsecretarías.
Para la ASF también representó un daño patrimonial de 15 millones 568 mil 597 pesos el pago de 27 trabajadores comisionados a la sección 23 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), pues estos pagos no estaban contemplados en la normatividad.
En total, el órgano de fiscalización encontró irregularidades por 43 millones 480 mil 136 pesos en el ejercicio del FONE, además de lo ya expuesto, el resto de las anomalías fueron por pagos a docentes que ya se habían dado de baja de la dependencia o pidieron licencia sin goce de sueldo y aun así recibieron su salario.
El gasto de 96 millones 428 mil pesos en seguridad fue irregular
El segundo monto más elevado que observó la ASF para el caso de Puebla, fue el del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FAPS), pues en este rubro se hallaron inconsistencias por 96 millones 428 mil 153 pesos.
Una de las observaciones fue por 38 millones 114 mil 300 pesos, que representan un probable daño patrimonial, ya que no se presentó la documentación justificativa del gasto para la adquisición de equipo médico y de laboratorio, material eléctrico y mobiliario, así como equipo de administración, cursos de capacitación y la aplicación de pruebas de confianza.
En los recursos para el rubro de seguridad, la ASF también ubicó un probable daño patrimonial de 58 millones 313 mil 853 pesos correspondientes a la impartición de cursos para personal policial, sin que se presentara evidencia de un contrato o convenio de prestación de servicios.
Hay que mencionar que la Secretaría de Seguridad Pública tuvo tres titulares durante 2019, Fernando Rosales, Manuel Alonso y Miguel Amezaga.
Dinero para desarrollo social también tuvo irregularidades
Del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) se halló el gasto irregular de 17 millones 871 mil 959 pesos, esto, luego de distintas irregularidades encontradas en la ejecución de obras al interior del estado.
Por una parte, la ASF encontró que la administración no entregó documentación justificativa y comprobatoria del gasto de 7 millones 227 mil 598 pesos para realizar obras en los municipios de Cañada Morelos, Rafael Lara Grajales, San Pedro Yeloixtlahuaca, Tepexco y Xochiltepec.
El órgano de fiscalización detectó que un probable daño patrimonial de 8 millones 526 mil 171 pesos del FAIS que no se ejercieron ni reintegraron a la Tesorería de la Federación; y el uso de un millón 220 mil 320 pesos porque existen inconsistencias en el ejercicio del gasto.
Destacan irregularidades en la fiscalización porque se anunciaron como canceladas tres facturas por 600 mil 869 pesos, pero no se presentó la documentación que ampare esta situación, incluso, la ASF pidió que se investigue la situación tributaria de las tres empresas comprometidas. Además, fueron transferidos 297 mil pesos a otra cuenta bancaria. Esto, se contabiliza como probable daño patrimonial.
En otra auditoría, se ubicó una afectación al erario por 9 millones 740 mil pesos del Programa de Agua, Drenaje y Tratamiento, por transferencias a otras cuentas bancarias ajenas al programa y de las que no se acreditó que correspondan a obras y acciones de este rubro. Así como la falta de documentación comprobatoria del pago de anticipos para la contratación de obras.
También hubo irregularidades en los recursos para infraestructura
Mientras, del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos también hubo irregularidades en el uso de 11 millones 212 mil 668 pesos derivados de la falta de amortización del pago por anticipo de una obra pública de la que después se rescindió el contrato y no se hizo efectiva la finanza.
En cuanto al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), la ASF observó el ejercicio de 757 mil 793 pesos por no aplicar penas convencionales de tres contratos de la entonces Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte, debido a que no se terminaron las obras en tiempo y forma de acuerdo a lo contratado.
La ASF contabiliza como daño patrimonial el uso de 18 millones 60 mil 810 pesos que el Gobierno de Puebla le dio al Congreso local para el pago de servicios generales. Así como 156 mil pesos del programa Escuelas de Tiempo Completo por no presentar los contratos respectivos ni los comprobantes de los periodos en que dos asesores desempeñaron sus funciones en escuelas.