Lesiones a causa de la violencia física, falta de dinero por los despidos efectuados por la crisis económica y omisiones de las instituciones gubernamentales para atender a las víctimas, forman parte de los testimonios sobre Puebla que captó ONU Mujeres para realizar el estudio denominado “Violencia contra las mujeres y las niñas en el contexto del confinamiento por la pandemia de covid-19”.
ONU Mujeres en coordinación con el Colegio de México, realizó un estudio cualitativo sobre la violencia contra las mujeres en los estados de Jalisco, Puebla, Nuevo León, Coahuila y Ciudad de México, con el que entrevistaron a representantes de las organizaciones de la sociedad civil y funcionarios en julio de 2020.
Como parte de los resultados –que no consideran cifras sobre el aumento de la violencia— tanto las organizaciones de la sociedad civil como los funcionarios entrevistados coincidieron en un aumento de casos de violencia contra las mujeres en Puebla, pues se registraron más atenciones y servicios de refugio por violencia familiar, de pareja y especialmente física, que es más severa y de riesgo feminicida.
En el estudio, se protege la identidad de las organizaciones sin detallar su nombre ni cuáles fueron entrevistadas. Una de las agrupaciones calculó que, antes de la pandemia se recibían en promedio cuatro solicitudes semanales de apoyo para la interrupción legal del embarazo y durante la pandemia se dispararon a 20 por semana, la mayoría de los embarazos fueron producto de violencia sexual.
Funcionarios de la Secretaría de Igualdad Sustantiva también fueron entrevistados e identificaron un aumento en los reportes de violencia a través de la línea Telmujer, Mujer Segura y líneas telefónicas por WhatsApp para dar seguimiento a casos, sin correr riesgos cuando conviven con su agresor.
De igual manera vimos un incremento, desafortunadamente muy alto, en el uso y solicitud de espacios de refugio para la atención de violencia extrema”, indica el estudio.
Personal de los Centros de Justicia para las Mujeres declaró que en sus sedes de Puebla y Tehuacán se incrementaron sus atenciones por violencia física, pero tienen una particularidad: las agresiones son más graves.
En las entrevistas se dijo que, en Tehuacán, llegan mujeres agredidas con heridas de machete, otras ocasionadas con armas punzocortantes, también intentos de ahorcamiento.
#VIDEO 🙅♀️💜 Durante la pandemia de #covid19, mujeres de #Puebla fueron víctimas de violencia física, económica e institucional.
— Periódico Central (@CentralPuebla) November 29, 2021
Vía: @elena_domse / @LeFerz https://t.co/hfsA9YROkt pic.twitter.com/Bj1MOJ6dz1
Es un viacrucis recibir atención en la Fiscalía y otras instancias
Las organizaciones de la sociedad civil de Puebla relataron para el estudio de ONU Mujeres el viacrucis que deben pasar para que las víctimas sean atendidas en la Fiscalía General del Estado (FGE), incluso algunas reconocen que, para que su caso cobre relevancia, deben ponerlo en el ojo público a través de los medios de comunicación.
Aquí, como en muchos lugares, a periodicazos es como entienden, porque, si no, no hacen caso y lo más visible, o lo más reciente, fue ahorita el caso de Michelle, donde solamente cuando se empezaron a mover redes, cuando se empezó a exigir que la Fiscalía hiciera su trabajo, realmente, más o menos hicieron algo, porque tampoco es como que hagan el trabajo, y lo hacen ya después que se ven evidenciados”, relataron.
Para las organizaciones, también resulta importante contar con contactos privilegiados, pues en algunos casos han logrado que se atienda a las víctimas tras hablar con titulares de áreas en la Secretaría de Igualdad Sustantiva y se dirigen a la Fiscalía.
Primero nosotras en la atención básica, ya luego, ya se busca a las titulares de las unidades, y si ya ellas no nos resuelven, ya se resuelve con el Fiscal General, ahora con la Fiscal de Género y también con la Secretaría de Igualdad”, indica el estudio.
Ocurre de manera similar con la Secretaría de Salud, donde es necesario tener un contacto con personal de la dependencia para que las víctimas de delitos sexuales sean atendidas, pues de otra forma pueden registrarse omisiones o malos tratos.
En el último caso que tuvimos que se levantó un acta administrativa porque el personal de salud trató de manera violenta a una mujer que quería acceder a una interrupción legal del embarazo, entonces, todo eso se ha logrado a través de que se pueden tener contactos”, declararon organizaciones.
En diferentes casos, los familiares de víctimas han acusado omisión por parte de la Fiscalía General del Estado al investigar o atender delitos. El estudio de ONU Mujeres compila los diferentes testimonios del trabajo y seguimiento que realizan las organizaciones respecto a casos de violencia, aquí se puede consultar.