En las instalaciones del Poder Judicial, para ser más específica, afuera del Juzgado Tercero de lo Civil hay un cartel que pregunta “¿Qué es hostigamiento sexual?”, y que enuncia el artículo 278 Bis del Código Penal:
“Comete el delito de hostigamiento sexual quien, valiéndose de una posición jerárquica derivada de la relación laboral, docente, doméstica o cualquiera otra que genere subordinación, asedie a otra persona, emitiéndole propuestas, utilice lenguaje lascivo con este fin o le solicite ejecutar cualquier acto de naturaleza sexual”.
Frente a ese cartel estuvo parado por mucho tiempo Jorge N. el exprofesor de la Escuela Libre de Derecho de Puebla, denunciado en 2019 por acoso sexual. Ni siquiera se dio cuenta de su existencia. Lo ignoró, así como lo hizo con la alumna Camila López Castelán durante la audiencia de conciliación, que se llevó a cabo este 9 de diciembre.
A esa audiencia, a la que acudí también yo como demandada por “daño moral” —acompañada de Jesús Salgado Marín, mi abogado—, entró el ex profe con una petición específica para mí como periodista: despublicar todas las notas en las que revelamos la denuncia en su contra y las declaraciones de su víctima.
Por supuesto, no aceptamos, no vamos a pretender que el acoso sexual contra Camila no existió y a borrar la huella digital del caso.
En el caso de Camila López no hubo un intento de conciliación. “¿Si la petición es despublicar las notas, qué tengo yo que ver con eso?”, preguntó la joven, sin recibir más que desdén de su exprofesor, el que en 2019 fue denunciado por tocarla y hacerle comentarios lascivos.
Para haber sido profesor de Derecho, para ejercer como abogado, Jorge N. anda muy desactualizado. Uno de sus reclamos fue que los medios nunca lo buscamos para pedirle su postura del caso… obviamente desconoce la ley reglamentaria del Artículo 6to de la Constitución sobre el “derecho de réplica”.
El juicio sigue su curso…
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Para entender por qué se tuvo que suspender por falta de quórum la Sesión Ordinaria del 9 de diciembre, cuando estaba a punto de empezar la votación para ocupar las dos vacantes en el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Puebla (Itaipue), hay que cuestionar dos ausencias que dieron todo al traste.
Los legisladores habían mandado a receso por la manifestación afuera del Congreso contra el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP), y cuando regresaron dos diputados no aparecieron por ningún lado.
Fernando Morales y Fernando Sánchez Sasia, nadie supo dónde se metieron y cuando los panistas pidieron verificar el quórum iban a pasar lista solo 37 legisladores, la Sesión podía seguir pero la votación ya no les alcanzaba.
Para el nombramiento de los comisionados de Transparencia se necesita mayoría absoluta. Si no se hubiera pasado lista de nuevo, los votos de los fernandos se habrían sumado a favor.
Así, Morena decidió sacar a sus legisladores al patio y prefirió dar por terminada la Sesión y reanudar mañana.
Algo que sí se está complicado es la aprobación del DAP, pues cuatro diputados de Acción Nacional amagan con ir en contra, lo hacen porque quieren que Lalo Rivera “los convenza”. Con esta amenaza, el PRI y Morena han advertido que ellos no asumirán solos el costo político del cobro de un derecho que beneficia a un gobierno panista.
También han dejado claro que si el DAP se aprueba para Puebla, se aprueba también para todos los municipios que lo soliciten.
Actualmente el DAP se cobra ilegalmente en municipios como Huauchinango, Atlixco, Tecamachalco, Ciudad Serdán, San Martín Texmelucan y Amozoc. Lo hacen gracias a un convenio firmado con CFE, uno que está fuera de la ley, que es ilegal.
Si el Congreso rechaza la reforma, no podrán seguirlo cobrando.