La dupla Augusta Díaz de Rivera y Marcos Castro anda muy tranquila, casi casi ya hasta en la playa, a pesar de que su adversaria Genoveva Huerta impugnó el proceso y, según ellos, desapareció el 30% de las actas de la elección interna de Acción Nacional, en Puebla.
Dicen, desde la comodidad que brinda el saberse ganador, que ya tuvieron comunicación directa con el líder nacional, Marko Cortés y que están más que seguros de que serán ratificados.
No saben bien cuándo, porque el proceso de impugnación se tiene que resolver, pero tampoco es que les urja, su urgencia está hasta el 2024 y para eso todavía falta mucho.
El año ya se va a terminar y en política, si nada nos sorprende en las Fiestas Decembrinas (rueguen que así sea), termina el 16 de diciembre, después del Informe del gobernador.
Así que, si empiezan en enero, no tienen problema. En los medios, en cambio, sí hay todo un escándalo por la desaparición de actas y la impugnación de Genoveva Huerta, quien tardó tres días en tomar la decisión, dicen que después de mucho analizar si realmente tenía posibilidades de ganar.
El caso es que encontraron por ahí en los estatutos un criterio del cuál se van a amarrar para ver si lo logran.
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El dentista Javier Pedraza Mayoral, encargado de despacho de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, pasó de “arreglar dientes a clavar el diente”, luego de la primera columna en la que conté cómo ha bloqueado el crecimiento de la Industria Médica y Farmacéutica, han llegado más denuncias en su contra.
El funcionario, a espaldas del secretario de Salud, José Antonio Martínez García, ha mandado a clausurar clínicas y farmacias con el pretexto de que incumplen las normas y lo hace sin revisión de por medio.
Lo hace a través de uno de sus operadores, un tal Daniel, cuya historia merece una columna aparte, la de él y la de varios de sus familiares.
El caso es que realizan la supuesta “inspección”, una nada más de escritorio, clausuran y al día siguiente llegan como una “propuesta económica” para llegar a un arreglo. Estos arreglos van desde los 10 mil hasta los 100 mil pesos, según el sapo, la pedrada.
No es un asunto menor, para nada se trata nada más de intercambio de favores, porque a quienes pagan, aunque incumplan con la norma los deja seguir operando.
Pero, además, gastan los pocos recursos económicos y humanos que tienen en extorsionar a verdaderas empresas y dejan de lado a cientos de clínicas clandestinas que operan en todo el estado y que, de seguir así, podrían convertirse en un verdadero problema social.
Pronto les contaré más sobre Pedraza Mayoral. No desesperen.