El alcalde de Chingahuapan, Lorenzo Rivera junior exhibió muy pronto su inexperiencia, falta de oficio político y hasta me atrevería a decir, su miseria humana.
El 27 de octubre, Gerardo N., un diácono del municipio de Aquixtla fue retenido por la población tras ser acusado de haber abusado sexualmente de un pequeñito de siete años.
Los pobladores se congregaron en la iglesia, amenazaron con lincharlo y exigieron al acusado presentarse ante las autoridades ministeriales.
Afortunadamente, porque yo no creo en la justicia de propia mano, la policía estatal logró rescatarlo y lo presentaron ante el juez calificador del municipio de Chignahuapan, que desde el 15 de octubre preside Lorencito.
Lo único que se necesitaba era retenerlo el tiempo suficiente para que la familia del niño abusado presentara su denuncia ante la Fiscalía General del Estado y se librara la orden de aprehensión.
El juez calificador se negó a hacerlo, dijo que, por órdenes del presidente municipal, Lorenzo Rivera, no tendría razón para retenerlo.
¡Lo dejó ir!
No les importó tampoco que en Aquixtla ya se había corrido de su liberación y que los pobladores estaban prestos para linchar, ahora al juez, y hasta al alcaldito.
Lorencito dio la orden de liberarlo y se fue a dormir, porque ya no se supo nada de él, ignoró no solo el conflicto social sino al pequeño abusado sexualmente.
Fue hasta la madrugada, casi al amanecer, que la policía estatal y Gobernación lograron que interviniera el presidente municipal de Zacatlán, José Luis Márquez.
Era muy sencillo, alguien con su experiencia no tuvo que hacer más que fincarle faltas administrativas al diácono, para dar tiempo a la familia del niño de presentar la denuncia.
De no haber sido así, si hubiera dependido sólo de Lorencito Rivera, el diácono pederasta estaría libre.
Si el nuevo alcalde no es capaz de generar una estrategia para la retención de un violador ¿qué si puede hacer?