En San Pedro Cholula parece que la presidenta municipal, Paola Angón recibirá un Ayuntamiento con un tanto de desprestigio de las manos de Luis Alberto Arriaga Lila.
Y eso aplica a varios funcionarios que ya se sienten parte del inmobiliario de San Pedro Cholula.
Si las cosas siguen como van, habrá incluso un matrimonio que se perpetuará en el poder entre los funcionarios del próximo Ayuntamiento. Algo que podría no convenirle a la presidenta municipal, Paola Angón, y que suena más bien a un tema de presión del grupo del alcalde saliente.
Se trata de Carlos Ponce Quijano, quien pasaría de la Secretaría de Gobernación a la Secretaría General; la esposa de éste, Erika Edith Castañeda Juárez, quien repetiría como secretaria técnica de la Oficina de Presidencia, según adelantó el periodista Rodolfo Ruiz, en su columna La Corte de Los Milagros.
De Erika Castañeda sobran las publicaciones donde la retratan como déspota. Presumiendo que se quedará en el puesto ya ha amenazado a trabajadores municipales con que los va a correr y ahora ella hará su ley, como si no hubiera ya abusado lo suficiente de su puesto en la gestión de Arriaga.
Y pues más allá de que pueda haber señalamientos por perpetuar a esta pareja y mantener también muy cuidados los intereses del exalcalde, se corre el riesgo del tráfico de influencias. Algo que se vería muy mal para una administración que apenas arranca.
Por cierto, no hay café, bar o reunión familiar cholulteca donde no se hable de todas las deudas a proveedores que está dejando Luis Alberto Arriaga Lila…
¿También eso le va a heredar a Paola Angón? ¿Pura deuda?
Una cosa es cierta, Paola Angón se encuentra bien enfocada y sabe qué rumbo tendrá su administración. Y su promesa es no defraudar a los cholultecas. Así que no teman sorpresas de último minuto en el gabinete.
Falta de capacitación detrás de una tragedia
Recientemente tuvimos la lamentable noticia de la muerte de un niño de seis años que falleció por manipular el arma de su padre, un policía estatal asignado a la ayudantía del Gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta.
La tragedia se pudo evitar con capacitación y con los protocolos debidos.
El arma debió estar asignada en la armería de la Policía Estatal y no en la casa del uniformado, quien supuestamente ya se encontraba en sus horas de descanso.
Esto pudo haber evitado que el descuido se tornara en la triste historia que hoy conocemos todos.
Hay quienes señalan a Ofir Picazo Garrido, el encargado de despacho de la Dirección de Coordinación Interinstitucional, por asignar incluso armamento a un elemento joven.
Y por más culpas que se quieran señalar la tragedia es irreparable.
Y el dolor de una familia no tiene reparación.