La familia Jenkins de Landa amenazó con denunciar al gobierno de México por emprender una “campaña de represalias” en su contra. Bajo la denuncia, buscan recibir una indemnización por cientos de millones de dólares.
De acuerdo con la revista Proceso, los hermanos Margarita, María Elodia y Juan Carlos Jenkins de Landa contrataron los servicios del despacho Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, con oficinas en Washington.
Se asumieron como inversionistas estadounidenses para poder denunciar al gobierno de México, acusando que tanto ellos como la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) y la Fundación de las Américas Puebla (FUDLAP) son víctimas de persecución por parte de autoridades federales y de la entidad poblana.
Los abogados estadounidenses entregaron a la Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía un documento, donde exponen la intención de los Jenkins de reclamar una indemnización.
Argumentaron que la persecución incluye la toma del campus de la UDLAP por parte de un nuevo patronato designado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del Estado de Puebla, desde el 29 de junio.
Dicha toma ha provocado pérdidas significativas en horarios legales, daños a la reputación, pérdida de oportunidades de inversión, así como de propiedades.
Los Jenkins pidieron que se someta al gobierno federal a un arbitraje internacional en el que dirimen “amigablemente” en negociaciones con los representantes del estado mexicano, con ello no procederían a reclamar la millonaria indemnización.
VER: Patronato de la UDLAP y los Jenkins celebran fallo del juez; ambos dicen que ganaron