El diputado local, José Juan Espinosa Torres replicó la propuesta de #LeyEscamilla, presentada en la Ciudad de México, para castigar a los servidores públicos que filtren imágenes de asesinatos de mujeres, niños y adolescentes hasta con 12 años de prisión.
La iniciativa del legislador del Partido del Trabajo propone adicionar el artículo 422 en el Código Penal del Estado, para sancionar la filtración de imágenes, videos, audios o documentos de hallazgos, indicios, evidencias, objetos o instrumentos relacionados con un hecho delictivo.
Para quienes filtren este tipo de documentos se le impondrá entre dos a ocho años de prisión, y una multa económica de entre 44 mil 220 y 88 mil 440 pesos.
Al que indebidamente difunda, entregue, revele, publique, transmita, exponga, remita, distribuya, videograbe, audiograbe, fotografíe, filme, reproduzca, comercialice, oferte, intercambie o comparta imágenes, audios, videos o documentos del lugar de los hechos o del hallazgo, indicios, evidencias, objetos, instrumentos relacionados con un hecho que la Ley señala como delito, se le impondrá prisión de dos a ocho años y multa de quinientas a mil unidades de medida y actualización".
Si la filtración de la información es acerca de las circunstancias de la muerte, de las lesiones o estado de salud, las penas se incrementarán hasta en una tercera parte, por lo que en el caso de aplicarse una sanción de ocho años se podría elevar a 10 años de cárcel.
En los casos de los que las filtraciones sean sobre las circunstancias de muerte, lesiones o estado de salud de mujeres, niños y adolescentes, la sanción se puede elevar hasta en una mitad, por lo que en caso de que se aplique el castigo de ocho años de prisión, se podría elevar hasta 12 años de cárcel.
Durante la sesión ordinaria del Pleno, el ex presidente municipal de San Pedro Cholula criticó que la Junta de Gobierno se negara a incluir en la orden del día la iniciativa que presentó para evitar filtraciones de imágenes de las víctimas de asesinatos.
Además, lamentó que la diputada local de Encuentro Social, Nora Merino Escamilla, minimizara la propuesta que presentó el legislador federal Fernando Manzanilla Prieto en la Cámara de Diputados.
El pasado 14 de febrero, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal capitalino para sancionar hasta con 12 años de cárcel a los servidores públicos que filtren imágenes de las víctimas, tras lo ocurrido con el caso de Ingrid Escamilla.
