Con el voto unánime de los diputados de Morena, PT, PRD, Nueva Alianza y hasta el PRI, se aprobó en comisiones la iniciativa enviada por el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa para crear la nueva Ley de Presupuesto y Gasto Público, con la que el Ejecutivo podrá controlar el gasto público, las obras y la contratación de personal en municipios y organismos autónomos.
La iniciativa del gobernador Miguel Barbosa fue la única presentada en la sesión virtual de la Comisión de Presupuesto y Crédito Público, que se llevó a cabo la mañana de este 26 de octubre, en la que el presidente del Congreso, Gabriel Biestro, votó a favor sin emitir alguna postura al respecto.
Lo secundó su homólogo morenista Luis Fernando Jara; Valentín Medel Hernández, del Partido del Trabajo (PT); Gerardo Islas Maldonado, quien aún sigue apareciendo como diputado por Nueva Alianza pero que ya está en Redes Sociales Progresistas.
También, las diputadas Nora Merino Escamilla, de Encuentro Social (PES); Liliana Luna Aguirre, de la Revolución Democrática (PRD) y Josefina García Hernández, del Revolucionario Institucional (PRI).
Las únicas intervenciones fueron de los legisladores Josefina García y Valentín Medel, aunque sólo para aclaraciones técnicas.
Como adelantó CENTRAL, la nueva Ley de Presupuesto contempla que el gobierno controle, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), las modificaciones de presupuesto de los organismos, con el artículo 15. Para ello, se abrogará la actual ley, de 98 artículos. La nueva tiene 151.
El artículo 23, en su segundo y tercer párrafo, establece que las estimaciones presupuestales deberán ser congruentes con la política fiscal que establezca el Ejecutivo del estado. Es decir, que la etiquetación deberá regirse por el principio de austeridad de la Cuarta Transformación.
Gobierno controlará contratación de personal
El artículo 44 determina que el presupuesto asignado para contratación de personal no podrá aumentar durante el ejercicio fiscal del que se trate, a menos que la SPF lo autorice.
Con ello, el 46 fija que los municipios, dependencias estatales y órganos autónomos como la Fiscalía General del Estado FGE) y el Instituto Electoral del Estado (IEE), deberán apegarse a la plantilla autorizada.
Como #DandoData informó, esta iniciativa incluye controlar el salario de los ediles para con el optimizar el ejercicio de los recursos. Posiblemente, peligrarían los sueldos de la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco y del edil prófugo de Ajalpan, Ignacio Salvador Hernández, quienes ganan 83 mil 517 y 80 mil pesos mensuales.
Control de Obra Pública
Aunado a lo anterior, los artículos 107 y 108 establecen que la obra pública de los 217 ayuntamientos deberá ser avalada por el Ejecutivo y el Plan Estatal de Desarrollo, cumpliendo con las fracciones I, II y III, que subrayan como prioridad los proyectos en comunidades rurales, con mayor índice de marginación social, como podrían ser juntas auxiliares.
Al respecto, cabe destacar que en Puebla capital, los ediles de las 17 juntas auxiliares han acusado falta de obras por parte de la administración de Claudia Rivera. La mayoría de estas zonas carecen de red de drenaje y pavimentación.
