Con la inconformidad de Acción Nacional, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano, el Congreso de Puebla avaló la eliminación del fuero constitucional, lo que permite iniciar procesos judiciales contra el gobernador, los diputados, el auditor, los magistrados y consejeros de la Judicatura del Estado.
Tras una discusión de seis horas y una trifulca de más de una hora, los diputados locales aprobaron con mayoría calificada en lo general las reformas en los artículos 22, 41, 57, 126, 127 y 128 de la Constitución Política del Estado de Puebla con 28 votos a favor, 12 abstenciones y un voto en contra.
Las bancadas del PAN, PRI, PRD, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Carlos Morales Álvarez, y el diputado del Partido del Trabajo votaron en abstención; mientras que el legislador sin partido, Héctor Alonso Granados votó en contra.
Los servidores públicos que enfrenten un proceso penal lo podrán hacer sin la necesidad de separarse del cargo, a menos de que se soliciten como parte de las medidas cautelares la prisión preventiva.
Si la medida cautelar de separación del cargo se pide por un delito culposo, será el Congreso local quien determinará si el servidor de se debe separar del cargo, misma que deberá ser aprobado por mayoría absoluta
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, y coordinador de la bancada de Morena, Gabriel Biestro Medinilla expresó que en la entidad el fuero constitucional se ha utilizado para cometer abusos amparados por el poder.
En su ejercicio, la prepotencia de algunos funcionarios, su total insensibilidad social, su fatuidad, su misoginia, su clasismo, su xenofobia, su racismo, y en algunos casos su abierta estirpe criminal han hecho de lo que fue concebido como una noble institución para dignos representantes del pueblo un vulgar privilegio que es ocupado para abusar de las personas, para discriminarlas, y para disponer de bienes mal habidos"
La coordinadora del grupo legislativo de Encuentro Social, Mónica Lara Chávez, apuntó que se debe eliminar el fuero a los servidores públicos que en 2005 impidió que se iniciara un proceso judicial contra el gobernador Mario Marín Torres por el delito de tortura y los señalamientos de pederastia.
El coordinador del Partido del Trabajo, Valentín Medel Hernández aseguró que la figura de fuero constitucional ya está rebasada en el estado, por lo que se debe eliminar.
En contraste, la presidente de la Mesa Directiva, Mónica Rodríguez Della Vecchia acusó que la reforma a la Constitución local es una “reforma a medias” al permitir que los servidores públicos puedan seguir en el cargo pese a enfrentar un proceso penal.
Pregonan por todos lados que van a eliminar el fuero, pero a cambio buscan introducir una serie de privilegios para el Gobernador, Magistrados y Diputados como si no fuera suficiente con las prerrogativas que ya tienen. (…) Estamos en contra de que los funcionarios permanezcan en sus cargos cuando enfrenten un proceso”.
El diputado del PT, José Juan Espinosa Torres externó que la propuesta de nueva redacción en el tema de fuero constitucional plantea un nuevo privilegio, pues al no separar de su cargo a los servidores públicos los deja por encima de los ciudadanos.
En ese sentido, el legislador sin partido Héctor Alonso Granados se posicionó en contra de la eliminación del fuero, pues aseguró que esto dejaría “a Merced del gobernador” a los servidores públicos incómodos para realizar venganzas políticas y personales.
El representante del Partido Revolucionario Institucional, Javier Casique Zárate, manifestó que su bancada votará en abstención debido a que la comisión de Gobernación, integrada en su mayoría por integrantes de la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT-PVEM), se negara a aceptar una gran cantidad de propuestas reformatorias.
