La inseguridad ha bloqueado la entrega de apoyos de programas sociales en 18 municipios de Puebla

 En Puebla, 18 municipios han tenido que suspender la entrega de apoyos de los programas sociales del gobierno federal, debido a  la operación de grupos del crimen organizado relacionados con el narcotráfico, asalto a transportistas, robo y venta de hidrocarburos.

En una investigación realizada por El Universal, se reveló que la Secretaría de Bienestar identificó   los 50 municipios más conflictivos del país, mismos a los que no han podido ingresar el personal de programas sociales; entre estos, 18 se ubican en la entidad poblana; 14 en Oaxaca; 11 en Tamaulipas; cinco en Chiapas, y en Sonora y Durango uno en cada entidad.

Las demarcaciones en Puebla afectadas por esta problemática son: Teopantlán, Palmar de Bravo, Cañada, Morelos, Atzitzintla, Chichotla, Quimixtlán, Tlachicuca, Guadalupe Victoria, Esperanza, Venustiano Carranza, Puebla, San Martín Texmelucan, Huejotzingo, San Nicolás de los Ranchos, Juan C. Bonilla, Tlahuapan, Tecamachalco, Tepeaca.

El diario detalló que los servidores no pueden ingresar, pues en estas localidades se ubican grupos dedicados al tráfico de drogas, bandas dedicadas al robo de combustible, transporte y mercancía. También se han tenido que enfrentar principalmente a grupos delictivos especializados en robo de transporte, mercancía y gas a través del huachicol.

Además, el personal de los programas sociales ha sido amenazados para evitar que entren a algunos poblados, además de que las balaceras entre los grupos de la delincuencia organizada hacen que los empleados del gobierno interrumpan sus actividades o desistan de acudir a determinados lugares o colonias.

En medio de este contexto hostil, esos trabajadores también han sido vigilados y amenazados con no entrar a determinados puntos o serán reprendidos.

En el estado de Puebla se tienen dos antecedentes identificados en los que un empleado del gobierno federal fue herido, y otro acribillado por presuntos grupos de la delincuencia organizada. El primer hecho se registró en el municipio de Chichotla y el otro en el de Venustiano Carranza.

El personal de los programas sociales se encarga de hacer censos de las personas más pobres, de explicarles cómo pueden registrarse en algún programa social y dónde pueden recoger su tarjeta del bienestar para recibir dinero, pero en municipios de Puebla han sido asaltados, atacados con armas de fuego y han padecido los conflictos políticos, sociales y electorales que sostienen los pobladores de algunas comunidades.

De esta manera, la violencia impera en México y el año pasado dejó alrededor de 35 mil homicidios y feminicidios, lo que ha provocado que en algunas zonas los servidores queden incluso en medio del fuego entre bandas delictivas o sean víctimas de atracos.

Los promotores de los programas sociales, al menos en 2019, estuvieron expuestos incluso a la muerte, pese a que sus salarios no tenían un sustento legal ni tampoco su actuar.

El objetivo de los programas sociales del presidente Andrés Manuel López Obrador es eliminar la pobreza e inhibir que la gente de más bajos recursos cometa actos delictivos; sin embargo, siguiendo el reporte de la Secretaría de Bienestar, se observa que es la misma violencia la que se resiste a que las personas reciban ayuda oficial.