Una Jueza federal admitió a trámite un amparo promovido por Rosario Robles Berlanga, exsecretaria de Desarrollo Social (Sedesol), para afrontar su proceso penal en libertad.
La exfuncionaria durante el sexenio de Enrique Peña Nieto está internada en el penal femenil de Santa Martha Acatitla desde agosto de 2019.
Robles Berlanga había impugnado la resolución del Juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, Ganther Alejandro Villar Ceballos, luego que le rechazara la solicitud de prisión preventiva domiciliaria.
Será el 17 de agosto y el 9 de septiembre cuando la Jueza María Dolores Núñez solario celebra las audiencias donde determine si otorga la medida solicitada por la exfuncionaria. De acuerdo con la causa promovida por Robles Berlanga, la resolución del Juez Villar Ceballos violó los artículos constitucionales 1, 4, 14, 16, 17, 18, 19 y 20, apartado “B”, segundo párrafo.
Caso Rosario Robles
En agosto de 2019, la Fiscalía General de la República (FGR) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) acusaron a Rosario Robles Berlanga por omisiones que permitieron el desvío de 5 mil 73 millones 358 mil 846 pesos en las secretarías que dirigió en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
La Fiscalía y la Auditoría presentaron como pruebas 27 convenios que realizaron las dos secretarías mientras Robles era su titular. Dichos convenios se llevaron a cabo con la Universidad de Morelos; con la Universidad Politécnica de Hidalgo; con la Televisora de Hermosillo; con la Universidad Politécnica de Quintana Roo; con la Universidad de Chiapas; con Radio y Televisión de Hidalgo y con el Sistema Quintanarroense de Comunicación Social.
Rosario Robles fue Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (2015-2018), Secretaria de Desarrollo Social (2012-2015) y Jefa de Gobierno sustituta del Distrito Federal (1999-2000) entonces por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
A Rosario Robles se la relaciona con el desvío de 7 mil 670 millones de pesos. Este dinero habría sido entregado entre 2013 y 2014 a 186 empresas, pero 128 de ellas no disponían de la infraestructura ni de la personalidad jurídica para prestar.