El cateo realizado el fin de semana en San Pedro Cholula por parte del gobierno federal, en busca de armas de fuego y artefactos explosivos vinculados con el terrorismo, no es buena señal para los poblanos.
Por si algo faltara, en plena crisis por coronavirus, ahora la zona metropolitana de la ciudad de Puebla podría estar siendo utilizada para ocultar materiales para fabricar artefactos explosivos y utilizarlos en acciones de corte terrorista, independientemente de cuál sea su objetivo.
Cabe recordar que, históricamente, la entidad poblana ha sido escenario para que grupos vinculados con ataques violentos con fines político-ideológicas desarrollaran labores clandestinas de reclutamiento y formación de cuadros, obtención de recursos económicos, entre ellas el robo (expropiación de bienes) y secuestro (recuperación de recursos), así como algunas “escaramuzas” con artefactos explosivos de fabricación casera, pero hasta ahora ninguna acción con el uso de alto explosivo como carga principal.
También es oportuno mencionar que, en varias regiones del estado de Puebla, es común el uso de explosivos plásticos, dada su vocación industrial vinculada con la extracción de mármol, ónix y diversos tipos de cantera, lo cual aunado a lo laxo de los protocolos para su traslado, almacenamiento y uso, podría ser la razón para que grupos al margen de la ley se pudieran establecer en la entidad y pasar inadvertidos.
En función de lo anterior y a partir de una nueva categoría de análisis, se podrían plantear tres hipótesis, las primeras dos con un sentido más bien histórico y vinculado con causas político-ideológicas, mientras que la última estaría orientada a lo delictivo y sería la más actual, vigente y creíble.
La primera es que se trate de materiales que las Fuerzas de Liberación Nacional (FLN) hayan logrado rescatar y resguardar de aquel 14 de febrero de 1974, cuando fue desmantelada una de sus casas de seguridad ubicada en Nepantla, Edo. de México, de la cual algunos de sus ocupantes huyeron al estado de Puebla y, posteriormente, a Ocosingo, Chiapas, donde a principios de los 80 se les uniría el entonces profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana Rafael Sebastián Guillén Vicente, a la postre autodenominado “Subcomandante Marcos” del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Sin embargo, debido al tiempo transcurrido es la hipótesis menos viable de las tres.
Un dato histórico que vale la pena agregar es que en el enfrentamiento suscitado en la casa de seguridad de Nepantla en 1974, perdió la vida el personaje que inspiró al “Subcomandante Marcos” a adoptar dicho pseudónimo.
La segunda es que los materiales asegurados hayan pertenecido a grupos armados que en la década de los 90 cometieron una serie de secuestros de alto impacto para financiar su movimiento, cuyo escenario fueron el entonces Distrito Federal, el Estado de México y Puebla, en especial la zona limítrofe entre las dos últimas entidades. En su momento dichas agrupaciones se relacionaron con personas de origen extranjero afines a su causa, quienes pudieron haberles proporcionado entrenamiento en el manejo de explosivos, sin embargo, sus acciones tuvieron una connotación político-ideológica más que delictiva, lo que las aleja de ser los propietarios del material asegurado por la federación.
La última es que las armas de fuego y explosivos pudieran pertenecer a grupos dedicados a la comercialización de mercancías ilícitas, extorsión y cobro de piso en la entidad y que dichos pertrechos pudieran ser utilizados para ajustar cuentas o disputar el control territorial.
Evidentemente que, si las indagatorias están a cargo de las autoridades federales y la misma incluye a otros municipios y entidades federativas, es posible que el alcance del grupo delictivo investigado sea regional e incluso nacional, es decir, no se trata de un asunto únicamente local sino de una línea que podría conectar con la región del Bajío, donde según la más reciente información han explotado 2 coches-bomba.
Versión no contada.
En esta ocasión me remontaré al año 2010, cuando en plena crisis de inseguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua las autoridades de los 3 niveles de gobierno buscaban la forma de revertir la incidencia de delitos de alto impacto como el homicidio doloso, el secuestro, la extorsión y el cobro de piso, que era el principal reclamo de los habitantes de dicha ciudad fronteriza.
Con el paso de los meses, las acciones de la autoridad con el apoyo de la sociedad civil organizada, esa a la que hoy tanto le temen algunos gobernantes, comenzaron a traducirse en una baja sensible en la violencia y la tendencia indicaba que en el corto plazo disminuiría.
La primera reacción violenta por parte de los grupos delictivos fue atacar a la autoridad que estaba afectando sus intereses, por lo que para causar el mayor daño posible a su estado de fuerza y su moral recurrieron a los coches-bomba.
El primero de ellos lo hicieron estallar el 15 de julio del 2010, resultando muertos un elemento de la Policía Municipal, uno de la Policía Federal y un médico que pasaba por el lugar y se había detenido a asistir a una persona vestida de policía municipal que sirvió de señuelo para atraer a las fuerzas del orden al sitio, donde con un mecanismo electrónico de mando a distancia o control remoto provocó la explosión de por lo menos 5 “salchichas” de explosivo plástico de uso industrial que se encontraban en el interior de un vehículo sedán.
Ante las “escasas” bajas infligidas a la autoridad con esta acción, los responsables del primer atentado volvieron a intentarlo dos meses después con el mismo patrón, pero esta vez para no fallar le colocaron más de 100 “salchichas” de explosivo y acercaron el coche-bomba lo más que pudieron al lugar donde se encontraba “destacamentada” la entonces Policía Federal, sin embargo, no consiguieron su objetivo al ser detectado y desactivado antes de que estallara.
¿Estaremos en los prolegómenos de que algo así pudiera suceder en la entidad poblana?