Por cometer delitos como delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito, huachicoleo, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas y delitos violentos cometidos con armas de fuego, el gobernador, los diputados y magistrados de Puebla podrían ir a la cárcel de aprobarse la reforma a la Constitución del estado para eliminar el fuero que envió el mandatario estatal, Miguel Barbosa al Congreso.
La reforma elimina el fuero constitucional del gobernador, los diputados locales, el auditor superior, magistrados y consejeros estatales, con lo que podrán ser llevados juzgados por cualquier delito, e incluso enfrentar la prisión preventiva por falta graves.
En esta reforma se plantea quitar al Congreso local como el órgano encargado para determinar si se puede procesar por cometer delitos oficiales tanto a los legisladores locales como al gobernador del estado, es decir lo harán ante un juez, como cualquier ciudadano normal.
La modificación al artículo 126 de la Constitución local plantea que podrán enfrentar un proceso penal por cometer cualquier delito el gobernador, diputados locales, auditor superior, magistrados y consejeros del Poder Judicial del Estado.
El juez encargado del caso podrá dictar la medida de prisión preventiva para el funcionario público, según los delitos descritos en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
En este supuesto, los servidores públicos podrían ser encarcelados por el uso de programas sociales con fines electorales, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, así como los delitos en materia e hidrocarburos, conocidos como huachicoleo.
El abuso sexual en agravio de menores, violencia sexual en agravio de menores, feminicidio también ameritarán la prisión preventiva del funcionario.
Asimismo, el robo a casa habitación, robo a transporte de carga, desaparición forzada, desaparición cometida por particulares y delitos contra la Ley de Armas de Fuego pueden hacer que el funcionario siga su proceso en prisión.
Además de la prisión preventiva, la reforma a este artículo abre la posibilidad de dictar como medida cautelar la separación del cargo del funcionario público bajo proceso penal.
También se reforma la fracción XIII del artículo 57 de la Constitución local para darle al Congreso del Estado la facultad de formarse como gran jurado para resolver procedimientos de juicio político, suprimiendo la posibilidad de que los funcionarios se defiendan con el fuero.
José Juan Espinosa y Héctor Alonso, sin fuero ni siquiera dentro del Poder Legislativo
Por otra parte, la modificación al artículo 41 propone plantea que el presidente del Congreso del Estado solo velará por la “inviolabilidad” del recinto legislativo, quitando el fuero constitucional del que gozaban los diputados locales durante las sesiones del Pleno.
Durante la actual legislatura, diputados como José Juan Espinosa Torres y Héctor Alonso Granados han realizado comentarios ofensivos hacia sus compañeros desde la Tribuna Legislativa.
Alonso Granados ha sido acusado por violencia política en razón de género por llamar “mojigatas”, “naranjeras”, “focas aplaudidoras”, entre otras expresiones.
El último altercado que provocó durante una sesión del Pleno fue cuando irrumpió al Salón de Sesiones con manifestantes y golpeó por la espalda al presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Gabriel Biestro Medinilla.
En tanto, José Juan Espinosa también ha hecho uso de la tribuna para referirse sobre supuestas arbitrariedades del presidente del órgano de gobierno del Poder Legislativo.
Sin embargo, el ex alcalde de San Pedro Cholula enfrenta una denuncia por enriquecimiento ilícito, presentada por el panista Mario Riestra Piña desde 2018.
