A días de que venza el plazo para modernizar las unidades del transporte público, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta presentó ya una iniciativa para reformar el Código Penal del Estado y castigar a los transportistas piratas con hasta 10 años de prisión.
El titular del Poder Ejecutivo mandó al Congreso local una iniciativa de decreto, cuya copia está en poder de CENTRAL, para reformar el artículo 190 Bis del Código Penal del Estado y endurecer el castigo para quienes ofrezcan el servicio de transporte público y mercantil sin tener el permiso correspondiente.
La propuesta del mandatario estatal consiste en imponer de ocho meses a seis años de prisión y multa de cien a quinientas Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalque equivaldría de los ocho mil 688 a 43 mil 433 pesos, para quienes presten el servicio público de transporte o del servicio mercantil sin contar con la concesión o permiso de la Secretaría de Movilidad y Transporte.
Sin embargo, si el delito es cometido o interviene el representante, socio o líder de una persona jurídica colectiva, concesionaria o permisionaria las penas se aumentarán de una a dos terceras partes, por lo que en caso de imponerse la pena de seis años de prisión se podría incrementar hasta 10 años.
Al representante de la concesionaria también se le castigaría con la revocación o cancelación de las concesiones, permisos y autorizaciones que para prestar el servicio hayan sido otorgados por la secretaría.
Actualmente, para quienes operen una unidad de transporte público de manera ilegal se les sanciona entre tres meses a tres años de prisión y multa de 50 a 500 UMA.
En esta nueva reforma se establece que la sanción también se impondrá al propietario del medio de transporte que realice, contrate o permita
la prestación de estos servicios.
Asimismo, se propone la cancelación de la licencia de manejo hasta por cinco años, y la cancelación definitiva del tarjetón de chofer, y el decomiso del vehículo utilizado.
El pasado 27 de enero, el titular de SMT, Guillermo Aréchiga Santamaría, señaló que el 13 de febrero iniciarán con los operativos para revisar que las unidades hayan sido modernizadas, como parte del acuerdo para actualizar la tarifa de este servicio a 8.50 pesos.
De igual forma, en su comparecencia ante el Congreso del Estado, el funcionario estatal dijo que han detectado el transporte pirata en las cabeceras de juntas auxiliares dónde solo hay una unidad y no se encuentra regularizada.
La administración estatal de Miguel Barbosa ha triplicado las detenciones de unidades piratas que tuvo el gobierno interino de Guillermo Pacheco, el cual fue de 160 vehículos de enero a julio de 2019.
