El Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) recibió 27 quejas por violencia política de género del 2018 y hasta septiembre de este año. Del total, en sólo ocho resoluciones el órgano jurisdiccional determinó que sí se cometieron estos actos y aplicó sanciones a los responsables.
#DandoData consultó el repositorio de resoluciones en materia de violencia política de género del TEEP y encontró que el año en que más se presentaron denuncias fue en 2018, en el marco del proceso electoral se registraron 16, de las que solamente en cuatro se aplicaron sanciones a los acusados.
A las resoluciones emitidas por el TEEP deben sumarse las más recientes dadas a conocer el 9 de diciembre donde se involucra a la alcaldesa de Puebla, Claudia Rivera Vivanco: en una, denunció al gobernador Miguel Barbosa Huerta por violencia política de género, pero el órgano jurisdiccional exoneró al mandatario, pues consideró inexistentes los agravios expuestos por la presidenta.
Mientras, el TEEP ratificó que Claudia Rivera sí cometió violencia política de género en contra de Yasmín Flores, una trabajadora del ayuntamiento a quien se le dio un salario menor al de sus compañeros hombres y sufrió acoso laboral porque la presionaron y obligaron a dejar su cargo. Por ambas resoluciones la alcaldesa podrá recurrir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que estudie el caso y ratifique o revoque la resolución.
Hay que recordar que para la elección de 2021 el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó lineamientos para impedir que participen como candidatos quienes hayan sido sancionados por violencia contra las mujeres.
José Juan Espinosa, Manlio López y un comunicador, entre los sancionados
La elección de 2018 destapó una serie de denuncias por violencia política de género, pues en total, el TEEP recibió 16 procesos iniciados en el Instituto Electoral del Estado (IEE), órgano facultado para recibir las quejas y aplicar medidas cautelares; de estas, se ratificó la existencia de la agresión en cuatro, donde resultaron responsables el ex candidato a la gubernatura por el PRI, Enrique Doger Guerrero, el diputado con licencia por el PT, José Juan Espinosa Torres, el comunicador Fabián Gómez y el priista Manlio López.
La primera denuncia recibida ese año fue de Violeta Lagunes, precandidata a la alcaldía de Puebla por el Partido Encuentro Social (PES), en contra del comunicador Fabián Gómez, quien en una viodeocolumna la llamó “golfa” y se refirió a ella de forma despectiva. Al infractor se le obligó a bajar el contenido de internet, se le amonestó públicamente y aplicó una multa de 12 mil 90 pesos.
La ex candidata a la presidencia municipal de San Pedro Cholula, Cecilia Monzón presentó una denuncia contra el ex candidato a diputado local por el PRI, Manlio López Contreras, pues la llamó sociópata y aseguró que “por su categoría de dama abusa”. El TEEP determinó que sí se configuró violencia política e impuso una amonestación pública, la misma sanción aplicó al reportero Marco Núñez, quien a través de una nota también denostó a la contendiente.
En tanto, el TEEP también sancionó a José Juan Espinosa Torres por cometer violencia política de género en contra de la representante del PRI ante el IEE, Laura Elizabeth Torres Villegas, luego que el diputado con licencia le dijera que era “buena para nada” y que tenía “problemas sexuales”, esto ameritó una denuncia que se declaró fundada, por lo que tuvo que pedir disculpas públicas y acudir a un curso de sensibilización para no cometer más actos de este tipo.
Un audio escándalo protagonizado por Javier López Cuevas, ex secretario general del PAN, ameritó otra denuncia por violencia política. En medios de comunicación filtraron una conversación en la que pide impulsar a mujeres de bajo perfil para cumplir con la cuota de paridad de género; la denuncia fue desechada porque no la interpusieron los agraviados.
La ex candidata a la presidencia municipal de Cuautlancingo por Morena, Guadalupe Daniel Hernández promovió un recurso contra Filomeno Sarmiento Torres, ex alcalde del lugar, así como del Comité Directivo estatal y municipal del PAN por violencia política, una vez que fue objeto de acusaciones a través de páginas y perfiles falsos en redes sociales, pero el TEEP no le dio la razón.
11 denuncias por violencia política hacia Martha Erika Alonso y sólo sancionaron a Doger
Durante el proceso electoral del 2018 el TEEP recibió 11 denuncias del PAN y de Movimiento Ciudadano, principalmente contra Morena, su candidato a la gubernatura, Miguel Barbosa Huerta y otros personajes del partido, por presuntamente cometer violencia política contra la abanderada Marta Erika Alonso Hidalgo.
La única denuncia que prosperó fue la interpuesta por Movimiento Ciudadano contra el candidato del PRI a la gubernatura en 2018, Enrique Doger Guerrero, pues en un video se refirió a Martha Erika Alonso como la esposa de Rafael Moreno Valle y señaló que “le puso ahí para reelegirse”, ante estas expresiones el TEEP consideró que sí ejerció violencia política y le impuso una amonestación pública.
Dos denuncias se interpusieron por un evento de campaña realizado en Tepeaca, donde acudió el entonces candidato a la presidencia de la República por Morena, Andrés Manuel López Obrador y el ex abanderado Miguel Barbosa, donde expresaron que Martha Erika Alonso era la esposa de Rafael Moreno Valle y su candidatura implicaba una reelección.
RMV quiere dejar a su esposa como gobernadora ¿qué no fue en Puebla donde se derrotó a los franceses porque querían imponer a un monarca”, fueron las palabras controvertidas publicadas en Twitter y “…Han llegado al extremo de que Moreno Valle, lo digo de manera respetuosa, quiere dejar a su esposa de gobernadora, ¿cómo es eso? Fuera… fuera… Fuera”, en Facebook.
El IEE decretó como medida cautelar a Morena y su candidato dejar de hacer estos comentarios; a juicio del PAN esta acción no se acató y presentaron dos denuncias más. También, el órgano electoral solicitó bajar el contenido de las dos redes sociales, pero únicamente fue borrado el de Twitter, por la prevalencia del otro, el blanquiazul puso otra denuncia y Barbosa fue amonestado.
El PAN presentó una denuncia en contra del entonces candidato a la diputación federal por el distrito 11 con cabecera en Puebla, luego que se ventilara que durante el desfile conmemorativo al 5 de Mayo repartió propaganda negra en contra de la candidata Martha Erika Alonso Hidalgo, no obstante, se declaró inexistente la infracción.
Después, el blanquiazul promovió una denuncia contra Morena, López Obrador, Barbosa y Fernando Manzanilla, por diversas manifestaciones en eventos públicos y el reparto de propaganda negra, sin embargo, el TEEP declaró infundados los agravios, que no configuraron violencia política de género. En otra denuncia, se controvirtió una entrevista en medios de comunicación donde se señala que “Martha Érika no simboliza a la mujer poblana: Barbosa y Manzanilla”, pero la queja tampoco prosperó.
Movimiento Ciudadano también denunció a Miguel Barbosa y a Morena porque durante el debate de candidatos le recordó a Martha Erika Alonso que ella misma se hacía llamar “de Moreno Valle” y le seguiría llamando así, no obstante, se declaró inexistente la violencia política. Del mismo modo, se denunció la realización de una marcha donde participaron simpatizantes de Morena y organizaciones sociales, pero por mala integración del expediente se regresó al IEE.
En 2019 y 2020 denuncian a presidentes municipales
Durante 2019 fueron denunciados el Ayuntamiento de Puebla y de Jolalpan porque cuando se emitieron las convocatorias para la renovación de presidencias auxiliares no se utilizó el principio de paridad de género, y aunque se declararon fundados estos agravios, cuando los casos se analizaron la elección ya había transcurrido.
El año pasado las regidoras Nora Teresa Barba Hernández y Amalia Juárez Castillo denunciaron al presidente municipal y al secretario general de Jalpan, Nicolás Galindo Márquez por impedirles acceder a sesiones de Cabildo, retirarlas de sus oficinas y ser objeto de violencia verbal por palabras misóginas, aunque el TEEP declaró infundados algunos de sus agravios, se pidió protección a la Secretaría de Seguridad Pública y Gobernación estatal, así como a la Fiscalía.
A la regidora Flor Teresa Ávila, del Ayuntamiento de Francisco Z Mena, también se le dio la razón porque le adeudaban 105 mil pesos en el pago de sus remuneraciones, realizó gestiones y no se le dio respuesta a sus oficios, no se le convocaba a sesiones de Cabildo e incluso se abrieron páginas en redes sociales con memes de su persona donde la ridiculizaban. El TEEP pidió al presidente municipal emitir una disculpa pública, acudir a un curso de sensibilización y masculinidad, y se solicitó a la Policía Cibernética bajar las publicaciones.
Aunque en 2019 ingresó la queja de la regidora panista del Cabildo de Puebla, Augusta Díaz de Rivera, en contra de Francisco Castillo Montemayor por decirle que era “indigna” de ocupar ese cargo, fue hasta 2020 que el TEEP la resolvió y determinó que no se cometió violencia política de género.
Respecto a los procesos iniciados en 2020, se sobreseyó el interpuesto por el diputado Héctor Alonso Granados, a quien se le aplicaron medidas cautelares por decirle “cállate tú” y “ya estuvo bueno de estas niñitas” a su compañera Nora Merino Escamilla. El diputado pretendía que el TEEP se las revocara, pero luego desistió de su recurso y las acató.
Este año, también puso dos quejas Estela Aguilar Caballero, presidenta auxiliar de Santa María Ixtiyucan, perteneciente al municipio de Nopalucan, ya que el Cabildo encabezado por el presidente municipal Margarito Aguilar de la Cruz la destituyó de su cargo, le dejaron de pagar su salario y la retiraron de su espacio para trabajar. En ese caso sí se encontró violencia política.
La regidora Amanda Borbolla Antonio interpuso una queja en contra del presidente de Cañada Morelos, Bernardino Aquino Belendez por la omisión de pago de salarios, retirar recursos materiales y humanos para poder trabajar, así como verter expresiones que se configuran como violencia política de género.
La dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas presentó una denuncia por violencia política en contra del gobernador Miguel Barbosa Huerta y sus expresiones durante conferencias de prensa, sin embargo, el recurso fue desechado por la falta de firmas autógrafas como lo señala la ley, pues por la contingencia la documentación se entregó de manera electrónica.
Las últimas dos resueltas, de las que todavía no están disponibles las resoluciones en el repositorio, se encuentran la interpuesta por Claudia Rivera contra el gobernador Miguel Barbosa, misma que se declaró infundada; en la otra, ella es acusada por cometer violencia política en contra de Jasmín Flores, una trabajadora del Ayuntamiento, quien tenía un sueldo inferior al de sus compañeros hombres y la presionaron para dejar su cargo.
