Hasta el 2019, los 5 integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción ganaban un millón 460 mil 130 pesos anuales. El grupo fue seleccionado en la administración de Antonio Gali Fayad y obtuvo sus primeras asignaciones presupuestales en esa gestión, sin embargo, a la llegada de Miguel Barbosa Huerta, perdieron sus privilegios y ahora se encuentran en medio de un litigio para recuperarlos.
En su página de transparencia, el Comité justifica que este monto se debe a que no cuentan con un presupuesto y con el salario total subsanan viáticos, gastos personales y de utilitarios, por lo que la cifra se “reduce” a 537 mil 87 pesos anuales descontando estos rubros y los impuestos; de este modo, la remuneración mínima mensual de los comisionados es de 44 mil 757 pesos.
#DandoData revisó sus salarios, pero también sus atribuciones y resultados en este periodo que han cobrado miles de pesos. En la consulta a sus informes de trabajo destaca que, en tres años de operación, lo único que hizo el Comité fue preparar y aprobar la estructura orgánica, mantener contacto con sus homólogos en otros estados, ser enlace con organizaciones de la sociedad civil, opinar sobre las políticas estatales y promover un paquete de reformas ante el Congreso local.
Aunque pueden incidir de manera directa respecto a casos de corrupción, solicitando aclaraciones públicas ante hechos que parezcan irregulares, en los tres años de operación sólo han pedido dos explicaciones: investigar posibles irregularidades en la construcción de Audi y transparentar los gastos para atender la pandemia de coronavirus.
En la actualidad, el Comité está integrado por María del Carmen Leyva Báthory, ex coordinadora de Transparencia en el gobierno de Antonio Gali, así como con los académicos Daniel Alejandro Valdés Amaro, Francisco Javier Mariscal Magdaleno, Eira Zago Castro y Alejandro Guillén Reyes, perfiles cercanos al Partido Acción Nacional (PAN), según el gobernador. En este organismo estuvieron Karen Berlanga Valdés y Catalina Aguilar Oropeza, quienes concluyeron su periodo desde hace más de un año.
La justificación de su salario
La página de transparencia del Comité de Participación Ciudadana justifica el salario de los comisionados, pues el artículo 17 de la Ley del Sistema Anticorrupción indica que los integrantes no tendrán una relación laboral y deberán cobrar su remuneración por honorarios, sin gozar de prestaciones, para garantizar su objetividad.
En la descripción se indica que los integrantes del comité no cuentan con un presupuesto para gastos de operación o de otra especie, tampoco con personal a su cargo, y ellos deben cubrir por su cuenta los costos de traslados, viáticos, papelería, materiales, equipo personal, salud, telefonía celular y todos los gastos que se generen por el cumplimiento de su trabajo.
Sin embargo, en el cálculo de la remuneración se cuenta con la compensación por el pago de impuestos, gastos para viáticos, una cuota para el pago de un seguro voluntario ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y un estimado para sus gastos personales. Además, al que preside el Comité, tiene una remuneración 10% mayor a la de sus compañeros.
De esta forma, los comisionados tuvieron acceso a honorarios anuales de un millón 460 mil 130 pesos, o de 104 mil 894 pesos mensuales, de acuerdo con su estimado, si a este monto se le descuentan los impuestos, los gastos operativos para sus funciones y sus viáticos, la remuneración para gastos personales mensual máxima sería hasta de 59 mil 909 pesos, más de lo que gana un diputado local.
El Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción lleva tres años operando, y de acuerdo con los informes de actividades en los primeros 12 meses que fue presidenta Karen Berlanga Valdés, se llevó a cabo el proceso de elección del Secretario Técnico, nombramiento que recayó en Héctor Enrique Reyes Pacheco en enero del 2018, además, se aprobó la estructura orgánica y un presupuesto de 32 millones de pesos.
En el primer informe de labores se presumen reuniones con secretarías, órganos autónomos y de gobierno, para conocer programas y acciones en materia de prevención de corrupción; participación en encuentros nacionales de los comités locales; reuniones con organizaciones de la sociedad civil; y diseño de la imagen interna.
Asimismo, se indica que ese año se realizaron propuestas como establecer la línea telefónica 01 800 CORRUPTO para que las personas denunciaran a servidores públicos; se inició el análisis de la metodología para un mapeo de riesgos de corrupción; se promovieron la ética y los valores en empresas y profesionistas.
Para el segundo año, el comité fue presidido por Catalina Aguilar Oropeza, quien se encargó de diseñar el plan de trabajo, donde destaca la realización de un mapeo de riesgos de corrupción, monitoreo de actividades en ministerios públicos y establecer observatorios de acceso a la justicia, gobernanza y promoción del gobierno abierto, aunque no se detalla qué políticas fueron implementadas y concluidas.
El informe con casi 150 páginas contiene resultados de estudios nacionales e internacionales, pero sobre todo fotos de los foros, ponencias y reuniones en las que participaron los comisionados, así como entrevistas en los medios de comunicación.
Del trabajo que destaca en 2019 se encuentra la presentación de iniciativas de reforma en el Congreso local para la creación y funcionamiento de consejos ciudadanos para la selección de titulares de organismos autónomos; tener una fiscalía anticorrupción autónoma; y reformas generales a la Ley del Sistema Anticorrupción.
Ese año, hicieron tres exhortos para: dotar de recursos suficientes a la Fiscalía Anticorrupción, evitar actos de corrupción por parte de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, e investigar posibles irregularidades tras darse a conocer la investigación “Trama Audi”.
En 2020, las actividades del Comité estuvieron todavía más limitadas por la pandemia y únicamente destaca de su informe las charlas abiertas de los comisionados con la ciudadanía, así como una propuesta para construir un sistema antisobornos en Puebla, así como el proceso de elección de la nueva secretaria técnica, Claudette Hanan.
Este año, también hicieron posicionamientos públicos para exigir al gobernador Miguel Barbosa Huerta que transparentara los gastos para atender la pandemia de coronavirus e incluso esto fue lo que detonó la controversia por su salario.
Lo que todavía no hacen o no con regularidad
La Ley del Sistema Anticorrupción les permite a los comisionados proponer proyectos en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, en especial sobre las causas que los generan; pero de acuerdo con los informes esto no ha ocurrido.
Tampoco proponer nuevos indicadores o metodologías para la medición y seguimiento del fenómeno de la corrupción. O avanzar en propuestas para que mediante denuncias fundadas y motivadas de la sociedad civil se inicien investigaciones en la Auditoría Superior del Estado.
Además, el Comité puede hacer los exhortos públicos necesarios para exigir explicaciones ante posibles actos de corrupción, pero incluso en este rubro se ha mantenido al margen y sólo ha hecho cuatro exhortos, el más reciente es por los gastos de la pandemia.
