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#DandoData

Siete alcaldes de Puebla señalados por sus nexos con el crimen organizado se fueron en 2018. Los delitos siguieron aumentando

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Dos ex presidentes municipales estuvieron en prisión, Carlos Morales Ugalde, de Palmar de Bravo y Filomeno Cruz Mata, de San Salvador Huixcolotla

Por Elena Domínguez/ @elena_domse /
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Durante 2017 un total de doce alcaldes de Puebla fueron señalados por tener nexos con el crimen organizado y bandas dedicadas al robo de combustible. En 2018 sus administraciones terminaron y pensamos que también acabaría la incidencia delictiva. Pero no fue así y en 2019 en siete de estos municipios, Amozoc, Cuyoaco, Ciudad Serdán, Felipe Ángeles, Huixcolotla, Tecacamachalco y Tepeaca, los delitos siguieron subiendo según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

En los cinco municipios restantes, Acajete, Acatzingo, Esperanza, Palmar de Bravo y Quecholac, la situación no mejoró, pues aunque bajaron los delitos la reducción no fue significativa.

De los 12 alcaldes señalados en diversos momentos por participar en delitos del fuero federal, las autoridades solo procedieron contra tres: Carlos Morales Ugalde de Palmar de Bravo, quien estuvo en prisión por más de un año; José Luis Rechy Martínez, que le clausuraron gasolineras; y Filomeno Cruz Gutiérrez de Huixcolotla, detenido por portación ilegal de arma de fuego.

A tres años de iniciarse esa investigación existen nuevos señalamientos en contra de Juan Navarro, ex presidente de Ciudad Serdán, por su presunta colaboración con la banda de “Los Zetas” para la comisión de diferentes delitos en la región.

Ver: Ligan al ex alcalde de Ciudad Serdán, Juan Navarro, con Los Zetas

En #DandoData analizamos cuál fue el comportamiento de la incidencia delictiva en los 12 municipios donde gobernaron alcaldes señalados por presuntos nexos con el crimen organizado, durante 2014, cuando comenzó su administración; en 2017, año de la investigación; en 2018, cuando concluyó su administración y en 2019, a un año de haber dejado el poder.

 

Crece la incidencia delictiva en su periodo

En Amozoc, que era gobernado por el panista José Cruz Sánchez, la incidencia delictiva pasó de 838 a mil 458 denuncias por ilícitos del fuero común del 2014 al 2018, el periodo que duró su administración. Para 2019, a un año de haber dejado el poder, el municipio registró mil 892 carpetas de investigación.

Tepeaca, que era gobernador por David Huerta registró en 2014 mil 278 ilícitos y en 2018 cerró con mil 160 presuntos hechos delictivos, para 2019 la incidencia continuó en crecimiento y cerró con mil 283 carpetas de investigación.

Tecamachalco, que fue presidido por Inés Saturnino López Ponce registró más de un 100 por ciento en el crecimiento de su incidencia delictiva, ya que al iniciar su administración en 2014 se habían registrado 745 denuncias por ilícitos y en el último año del edil, la cifra pasó a 899. Pese al cambio de administración, el municipio registró mil 547 delitos en 2019, incluso, durante octubre de 2020 el estado asumió el mando de seguridad en la demarcación.

San Salvador Huixcolotla registró un incremento del 100% desde la salida del presidente Filomeno Cruz Gutiérrez, ya que la incidencia pasó de 135 a 332 denuncias del 2018 al 2019. En el mismo sentido, Ciudad Serdán que era gubernado por Juan Navarro registró un incremento al pasar de 459 a 524 ilícitos de 2018 al 2019.

En Felipe Ángeles, donde los ilícitos pasaron de 60 a 73 de 2018 a 2019. En Cuyoaco, el aumento se registró en tres años, ya que en 2017 se denunciaron 83 ilícitos, en 2018 se contabilizaron 95 y en 2019 un total de 108.

Por su cercanía con Veracruz, Esperanza también se volvió un foco rojo y en 2017 el ex presidente Eduardo Barojas Huerta fue investigado. En ese municipio, la incidencia delictiva registró un incremento, pues en 2014 que inició su administración se registraron 194 delitos denunciados y concluyó con 438. Aunque registró una baja para 2019 con 383 ilícitos, la operación de bandas delictivas y la posible colusión de mandos municipales llevó al estado a tomar el mando de seguridad en mayo del 2020.

En tanto, para los municipios de Acajete y Acatzingo municipios que fueron presididos por Antonio Aguilar Reyes y Carlos Alejandro Valdés Tenorio, la incidencia delictiva tuvo una reducción a partir del 2019, fecha en que concluyó su administración, lo mismo sucedió en el municipio de Quecholac, dirigido por Néstor Camarillo Medina, que también hubo una baja de delitos cuando concluyó su administración.

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Ligados al huachicol o al crimen organizado

En 2017, autoridades estatales y federales llevaron a cabo una serie de operativos para frenar desde varías vías la venta de gasolina robada que era sustraída de los ductos, las investigaciones arrojaron que el entonces presidente de Cuyoaco, José Luis Rechy Martínez, tenía estaciones de servicio, igual que Pablo Morales Ugalde, ex presidente de Palmar de Bravo.

En el caso de Cuyoaco, la familia del presidente se ha visto envuelta en escándalos por presuntos nexos con bandas dedicadas al robo de combustible, y en octubre, el hijo del ex edil, también hermano de la actual alcaldesa, José Luis Rechy, fue detenido.

En tanto, Pablo Morales Ugalde fue detenido el 5 de julio del 2017 por el delito de uso de recursos de procedencia ilícita, debido a que tenía nexos con bandas del crimen organizado dedicadas al robo de combustible, sin embargo, quedó en libertad el pasado 10 de octubre del 2018.

Ver: Morales Ugalde es el segundo alcalde absuelto señalado por sus nexos al huachicol

El ex presidente de San Salvador Huixcolotla, Filomeno Cruz Gutiérrez fue detenido en julio de 2018 por portación ilegal de arma de fuego y aunque en su municipio no se extraía combustible, se sabía de la venta de combustible robado en diferentes puntos del municipio, sin que hubiera acción municipal.

Ciudad Serdán es el caso documentado más reciente, ya que al edil Juan Navarro Rodríguez se le relaciona con “Los Zetas”, en este municipio, la incidencia delictiva ha mantenido un crecimiento que incluso se extendió al 2019, de hecho, en mayo de este año el gobierno estatal asumió el mando de seguridad.

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