01 de Junio del 2020
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Por Ricardo Gali / /

Inden interior SeamosClaros

El panorama de nuestro país es poco alentador, el Banco de México, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (“OCDE”), el Fondo Monetario Internacional (“FMI”) y múltiples bancos y calificadoras en el mundo, han pronosticado una contracción del PIB de nuestro país, donde la más optimista ronda el 1.5% y la más devastadora el 14%.  Si bien es cierto que la contracción responde a una crisis económica global causada por la pandemia del Coronavirus, no debemos dejar de lado que en nuestro país la crisis ya había sido provocada de manera anticipada por las decisiones y políticas públicas caprichosas implementadas por el Gobierno.

Lo verdaderamente preocupante es que si cuando existía normalidad no fueron capaces de brindar resultados positivos, no quiero imaginar cómo actuará el Gobierno de la cuarta transformación ante una recesión global. Parece que nada aprendieron de los errores cometidos al inicio de la administración, pues siguen insistiendo en pelear con la iniciativa privada eliminando toda certeza jurídica para la inversión sea esta nacional o extranjera, así como continuar con la apuesta errática en proyectos sin viabilidad financiera o técnica, los cuales serán pagados por el erario público, es decir, con el dinero de todos nosotros, los contribuyentes.

A pesar del panorama negativo que los datos comprobables muestran, el discurso oficial apenas comienza a darse cuenta de que no era tan cierto el “vamos requetebién” y que “el pueblo está feliz”, y han tenido que modificar poco a poco el discurso para reconocer la posibilidad de que el país entre a una crisis económica, la cual es inminente.

Dicho lo anterior, ¿Qué necesita hacer el Gobierno para enfrentar la crisis económica y encaminar nuevamente al país al crecimiento? La respuesta se resume en dos acciones concretas: (i) Recuperar la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros y (ii) Generar un plan de estímulos fiscales para efectos de apoyar la subsistencia de pequeñas, medianas y de ser necesario grandes empresas.

Recuperar la confianza de los inversionistas

Para recuperar la confianza que ha perdido el Gobierno frente a la inversión nacional y extranjera, es necesario generar certeza jurídica para hacer negocios en nuestro país, es decir, garantizar que las reglas del juego no cambiarán abruptamente como ha ocurrido a lo largo de la presente administración, donde a través de consultas populares, organizadas a modo y contaminadas por intereses políticos, han causado ilegalmente daño patrimonial tanto a la iniciativa privada como al país, impactando negativamente en el ámbito económico, enviando el mensaje que en México los contratos son de papel mojado, sin ningún tipo de seguridad jurídica y que las decisiones del Gobierno no son tomadas con base en un sistema donde prevalece el Estado de Derecho, sino que son tomadas desde el capricho y la insensatez.

El primer ejemplo lo tenemos en la cancelación del Aeropuerto de Texcoco, donde menos del 1% del padrón electoral, tiró por la borda el proyecto de infraestructura aeroportuaria más ambicioso de Latinoamérica, el cual ya estaba fondeado, presentaba un 30% de avance, una inversión realizada de 5 mil millones de dólares y que para finalizarse requería 8 mil 300 millones de dólares. La cancelación terminará costándonos a los mexicanos más de 9 mil millones de dólares, sin mencionar, el gasto que implicará la construcción del “inviable” Aeropuerto de Santa Lucía, calificado así por todos los organismos y asociaciones serios de aviación internacional y cuya construcción no solucionará el problema de saturación que presenta el aeropuerto actual. Como siempre, “nos salió más caro el caldo que las albóndigas”.

Por otro lado, tenemos la reciente cancelación del proyecto de la empresa cervecera Constellation Brands, la cual, a pesar de tener todos los permisos y una inversión ya realizada de 900 millones de dólares, fue cancelada el pasado fin de semana, nuevamente mediante una consulta mal organizada y fraudulenta, en la que el 3.51% del padrón electoral de Mexicali, decidió que el proyecto no siguiera adelante, generando una pérdida del 11.75% para la empresa en el mercado bursátil y una pérdida de al menos 3 mil 500 empleos directos para el Estado de Baja California. A lo anterior se le suma, un arbitraje en el que nuestro país será involucrado, donde la indemnización estimada en el panorama más favorable se calcula en 20,000 mil millones de pesos, es decir, el equivalente a 7 aviones presidenciales.

Por lo anterior, el gobierno no puede seguir con la necedad de promover consultas populares sin fundamento legal, sin controles y sin reglas claras donde de manera tramposa y fraudulenta un porcentaje mínimo del padrón tire por la borda miles de millones de pesos, así como la posibilidad de generar empleos, crecimiento y desarrollo. Nuestro país no puede convertirse en una oclocracia donde el pueblo manipulado decida sin información.

Si el Gobierno pretende seguir utilizando este mecanismo de consultas, tiene que delegarse la organización a los institutos electorales locales cuando la competencia de lo consultado sea estatal y al Instituto Nacional Electoral cuando lo consultado sea competencia federal. Los institutos, estarán obligados a sujetarse a los parámetros establecidos en el artículo 35 fracción VIII de nuestra constitución y sus leyes reglamentarias, para que la consulta deseada pueda convocarse y realizarse, así como vigilar los porcentajes de participación para que los resultados sean vinculantes.

Estímulos Fiscales a Pymes

Es urgente generar un plan económico que brinde facilidades fiscales y administrativas, con la finalidad de vacunar al país y proteger a los mexicanos de la crisis económica. No se le puede dar la espalda a la iniciativa privada, apoyarla es vital y por ello es urgente implementar estímulos fiscales, y programas de rescate financiero que permitan inyectar liquidez en las empresas, pues es ahí donde se concentra en mayor medida el PIB. Por cada punto de caída del PIB que logre evitarse, se evitará perder 200,000 mil empleos formales.

En este sentido, el gobierno debe cumplir con el programa de devolución de impuestos, de aquellas personas físicas que presenten su declaración el 1 de abril, suspender y diferir los pagos de cuotas de seguridad social y del Impuesto al Valor Agregado por lo menos de 4 meses para no restarle liquidez a las empresas.

Generar un fondo, que permita otorgar préstamos para las pequeñas y medianas empresas para que sean destinados a reactivar la producción y pago de nómina, los montos que se utilicen para el pago de nómina les deberán ser condonados, evitando con esta medida despidos masivos y simultáneamente, generar un fondo que permita otorgar un seguro de desempleo para aquellos mexicanos que lo han perdido y a su vez otorgar ayuda a aquellas familias que tienen un ingreso más bajo.

Por lo anterior y como se ha expuesto, para poder salir de la crisis y encaminar al país para crecer nuevamente y ahora sí generar desarrollo, redirigir el rumbo es indispensable, en una primera instancia debemos rescatar el cancelado aeropuerto de Texcoco y anular la consulta de Mexicali, lo anterior daría muestra de madurez política y restauraría la confianza de los inversionistas en el país y  apoyar al sector privado con estímulos fiscales y medidas propuestas en los párrafos anteriores, lo que permitirá limar asperezas entre el sector público y privado cuya relación  hoy se encuentra muy lastimada. 

Sólo los grandes gobernantes han sabido rectificar en sus decisiones cuando no dan los resultados esperados; no aquellos que se empecinan en mantener decisiones insensatas pisando el acelerador en perjuicio de la sociedad que representan. Las decisiones que se tomen en los próximos meses nos revelarán a cuál grupo quiere pertenecer el presidente, esperemos que haga caso a la última llamada.

Gobierno de Puebla

Gobierno de Puebla