20 de Septiembre del 2021

Democracia a consulta

Por Ricardo Gali / /

Inden interior SeamosClaros

Las consultas populares son uno de los mecanismos de democracia participativa más comunes en los sistemas representativos. En América Latina 17 países han anexado esta u otra figura similar, como el plebiscito o el referéndum, a su marco constitucional/legal. México fue el último de estos en modernizar su marco normativo para habilitar a los ciudadanos para decidir directamente sobre cuestiones relevantes del Estado. Fue hasta 2012 que la consulta popular se incluyó en la Constitución y hasta 2014 cuando se reglamentó. Desde entonces, ninguna solicitud de consulta ha transitado, en parte por las enormes barreras procedimentales que se introdujeron. Para llevar a cabo una consulta popular, esta debe ser convocada por el Congreso de la Unión a petición, o bien del Presidente de México, del 33% de los miembros de una de las dos cámaras federales, o bien del 2% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. Es natural que ningún intento se haya logrado.

Aunque López Obrador, en su calidad de presidente electo ya organizó una consulta que terminó siendo el pretexto legitimador para cancelar el NAIM, la consulta que solicitó el pasado 15 de septiembre al Senado para preguntar a la ciudadanía si quiere que 5 expresidentes sean enjuiciados, constituye la primera solicitud formal que un presidente de México hace para llevar a cabo una consulta popular en los términos de la Carta Magna. Naturalmente, esta no tiene manera de transitar de manera constitucional. El artículo 35, fracción VIII, numeral 3 de la Constitución explicita que No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ni las garantías para su protección. En este sentido, vulnerar el debido proceso contraviene derechos fundamentales de cualquier ciudadano y, además, atenta contra la democracia misma.

Como era de esperarse, la SCJN resolverá el proyecto de inconstitucionalidad envidado por el ministro Luis María Aguilar Morales el 24 de septiembre, en el que se argumenta que la materia de la consulta, así como la pregunta, vulnera derechos fundamentales.  Pero ¿realmente el presidente espera que la Corte avale su Consulta? Resulta difícil creerlo. Y entonces ¿para qué montar tremendo circo? Propongo dos explicaciones que no son necesariamente excluyentes entre sí.

La primera es que el presidente busca sacar raja electoral en un contexto nada favorable para el gobierno. Si el presidente se distingue por algo, es por su gran capacidad para medir el temperamento de lo que él llama el “pueblo”. En un contexto de altísima corrupción que forjó símbolos como la Casa Blanca, Odebrech, Duarte y otros, preguntar a la gente si quiere que se enjuicie a expresidentes que, sin excepción, han tenido manejos truculentos del poder, sobre todo el presupuestal, parece ser una gran maniobra electoral de cara a las elecciones de 2021. Aun cuando no se hayan juntado las firmas ciudadanas para la consulta, las encuestas muestran que la mayoría de la ciudadanía quiere que los expresidentes sean enjuiciados. Una propuesta tan popular podría catapultar la popularidad de la 4T en momentos en los que el partido en el poder mantiene enfrentamientos fratricidas en su interior por intentar hacerse de la presidencia de la que, todavía, es la franquicia electoral más atractiva. 

La segunda explicación, que en caso de comprobarse con el paso del tiempo sería mucho más peligrosa, es que el presidente, consciente de la mayoría legislativa que tiene, del control presupuestal que ha conseguido y del poderosísimo canal de comunicación que ha creado (las mañaneras) haya decidido atacar a los actores e instituciones que le parecen incomodos. Ejemplos de estos ataques sobran: el INE, el IFT, la COFECE, el desaparecido INEE, diversos medios de comunicación, la COPARMEX, entre otros que, en suma, constituyen parte de la mafia del poder. Al orillar a la Corte a decidir sobre la constitucionalidad de la consulta popular, el presidente enfrenta a esta institución. Y si bien esta es una de las naturalezas del contrapeso democrático al estilo de Montesquieu, también es cierto que el poder presidencial de hoy es significativamente más fuerte que en el pasado reciente y la popularidad de la Corte no es la mejor que digamos. Es decir, el Presidente podría agarrar a la Corte como costal de box en cada mañanera y comunicarle al pueblo de México que, a pesar de su intento por hacer justicia, las instituciones conservadoras y neoliberales se siguen resistiendo al cambio. Esta deslegitimación podría, además de reducir la confianza en la Corte, dar paso a una falta de reconocimiento formal de la institución por parte del Presidente.

A pesar de la enorme popularidad de esta campaña, las democracias no operan bajo mecanismos estrictamente populares. No porque, en una situación hipotética, el 80% de las personas crea que las mujeres no deban ir a la escuela, esa creencia se va a convertir en una disposición legal. La democracia, además de ser un sistema delegativo del poder, es un sistema de protección a derechos fundamentales de los individuos. En el momento en el que el Estado, abiertamente, decide violentar alguno de esos derechos, está reconociendo su espíritu antidemocrático. Esto no quiere decir que no se pueda enjuiciar a expresidentes en caso de que hayan cometido delitos, ni que sea inútil hacer un proceso de esclarecimiento de la verdad histórica, pero estos procesos deben ser institucionales. El gobierno, por el contrario, ha preferido el show mediático en lugar del fortalecimiento institucional que implicaría un plan serio para transformar a la Fiscalía General de la República, incrementar el número de ministerios públicos y fortalecer sus capacidades de investigación, lo que permitiría impartir justicia con pruebas en la mano y no con votos, al estilo de la inquisición.

En los próximos días la democracia estará a consulta. La decisión de la Corte, el comportamiento del Presidente frente a esa decisión y la madurez popular para encontrar vías institucionales de la justicia, serán un gran indicador democrático del Estado mexicano en su conjunto.

Puebla GOb

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