La pobreza y la desigualdad social son dos problemáticas que deben de resolverse, si aspiramos a ser un país próspero, con desarrollo y bienestar, un país donde todas las personas, sin importar nuestro punto de partida no veamos limitado nuestro desarrollo por cuestiones asociadas al lugar en el que nacimos.
Para lograr lo anterior es necesario diseñar políticas públicas eficientes para reducir la brecha de desigualdad existente, atacando frontalmente la pobreza con mecanismos que permitan garantizar el acceso de la población más vulnerable a los estándares mínimos de bienestar, y con ello, permitir que poco a poco dejen de depender de los programas asistenciales que otorga el gobierno, ya que, como actualmente se encuentran planteados únicamente persiguen fines electorales.
Nuestro país se ha caracterizado a lo largo de la historia por sus grandes contrastes, donde a pesar de que somos un mismo territorio, pareciera que existen dos Méxicos, especialmente cuando hablamos de desarrollo económico y de distribución del ingreso. En estos rubros, podemos observar que, en nuestro país, el ingreso acumulado per cápita de los últimos 28 años ha incrementado alrededor de un 25%, sin embargo, los beneficios no han sido generalizados para la población, ya que, la concentración del ingreso de nuestro país si la dividimos en 10 grupos, muestra una diferencia de por lo menos 18 veces entre el primero y el décimo grupos, según datos de BBVA, mientras que el CONEVAL estima que dicha diferencia podría ser de hasta 26 veces.
Los datos no mienten y nos hacen ver la cruda realidad de nuestro país, colocándolo dentro del club del 25% de naciones con mayores niveles de desigualdad, considerando que el 50% del gasto corriente nacional se concentró en el 20% de los hogares.
Tal desproporción en la distribución del ingreso ha traído como resultado que en nuestro país tengamos la penosa cantidad de 52.4 millones de personas que viven en situación de pobreza, según datos del CONEVAL, de los cuales 21.6 millones, viven en pobreza extrema, es decir, que no pueden adquirir ni siquiera la canasta básica.
Las actuales condiciones económicas globales causadas por el Covid-19, arrojan según datos del mismo CONEVAL, que, en tan solo este año, 10 millones de mexicanos transitarán al nivel pobreza extrema, un escenario de terror para nuestro país, pues significa que regresaremos a los niveles de pobreza extrema que teníamos hace dos décadas.
Todo lo anterior será resultado de la insuficiente respuesta por parte del gobierno en todos sus niveles, pues si bien, el decrecimiento económico causado por la pandemia es inevitable, las medidas adoptadas por el gobierno, han sido insuficientes para responder al enorme reto que enfrentan las miles de pequeñas y medianas empresas, que se verán obligadas a cerrar y consecuentemente privarán de su ingreso a millones de familias mexicanas; tan solo en los meses de marzo y abril se perdieron poco más de 686 mil empleos (formales) según los datos oficiales del gobierno, cifra que no contempla aquellos puestos de trabajo del sector informal que por el paro económico también se han visto afectados.
Ante este escenario, si verdaderamente queremos apostar por un verdadero Estado de Bienestar, debemos de concentrar los esfuerzos para reactivar la economía tan pronto como sea posible y generar las condiciones para brindar certeza a la inversión nacional y extranjera para impulsar el crecimiento económico, que con una adecuada política fiscal permita una distribución equitativa del ingreso.
Desde el discurso oficial se busca posicionar un discurso falaz, promoviendo el dejar de utilizar los conceptos de “PIB” o “crecimiento económico” para poder medir el desarrollo, sin embargo, no se proponen parámetros de medición para sustituirlos. Con esta absurda propuesta, el objetivo que se persigue es ocultar la realidad, considerando que, NO puede existir desarrollo sin crecimiento, toda vez que el crecimiento económico mide la generación de riqueza, cuyo resultado se traduce en la posibilidad que tiene la población para acceder a distintos bienes y servicios, mientras que el desarrollo económico, mide el nivel de vida y de bienestar social, el cual se genera a través de políticas públicas que permitan redistribuir la riqueza generada gracias al crecimiento económico.
El gobierno del presidente López Obrador debe de entrar en razón, si no quiere ser recordado como el gobierno con el peor desempeño en materia económica de la historia post revolucionaria de nuestro país, ya que los programas sociales no serán suficientes para velar por el bienestar de los mexicanos y tampoco podrán ser financiados si se descuida a la cadena productiva.
Si de verdad el gobierno quiere demostrar que está a favor de los más necesitados y que el discurso de “primero los pobres” no es un simple discurso vacío y electorero, debe de enfocar sus esfuerzos para evitar que más personas caigan en esa condición. Para ello, debe de cuidar a los generadores de empleo, ya que no se puede dar de comer carne al pueblo, matando al carnicero.
Culpar al pasado, es una fórmula agotada e inaceptable, necesitamos acciones enfocadas al presente, para que podamos diseñar un futuro de prosperidad para todos y que verdaderamente, podamos trabajar como una sociedad unida, que permita a todos los mexicanos podamos superarnos y reducir la gran brecha que existe en nuestro país.
La contingencia sanitaria, nos obliga a ver hoy más que nunca las desigualdades sociales que existen, y nos exhorta a generar los mecanismos que permitan reducir la brecha de desigualdad. Este es un trabajo que debe de ser encabezado por el gobierno, sin embargo, este debe dejar de lado las descalificaciones, olvidarse de esos enemigos imaginarios y convocar a un pacto de unidad para trabajar en conjunto con empresarios y trabajadores del país, para reconstruir la economía nacional y simultáneamente diseñar la estrategia para que verdaderamente podamos decir “Primero los pobres”.
