La idea de colocar en las casi 15 mil rutas del transporte público en Puebla cámaras de vigilancia conectadas al C5 y transmitiendo las 24 horas del día era im-po-si-ble.
Fue una falacia que le vendieron al gobernador Miguel Barbosa, y que solo benefició a unos cuantos funcionarios que hicieron negocio con la instalación del mal logrado “circuito cerrado”.
Sobre el tema, públicamente el gobernador ha dicho poco, solo unas pistas con las que da a entender que las cámaras son monitoreadas por una empresa privada, y que eso no lo va a permitir.
Lo cierto es que privada o pública, no hay empresa con la tecnología necesaria para hacer lo que se prometió: transmisión 24/7 en HD de las 14 mil 300 unidades. Lo más que se podría hacer, según me cuentan los expertos, es que funcionarán solo los botones de pánico y los videos quedaran únicamente grabados como evidencia de algún atraco.
Muchos errores se cometieron en la implementación del programa que comenzó a finales de 2019 y que tenía hasta febrero para concluir con “todos conectados”. Uno de ellos fue que se les permitió a los transportistas contratar a cualquier empresa para colocar las cámaras, la falta de recursos y la necesidad de ahorrar hizo que instalaran los equipos más baratos.
Casi casi hubo concesionarios que compraron sus cámaras en Betterware. Además, para la transmisión de imagen necesitaban un servicio de internet inalámbrico. Ahora, con el trabajo en casa y las clases en línea todos lo sabemos, no hay banda ancha que aguante una transmisión en vivo las 24 horas al día.
El responsable es el subsecretario de Movilidad y Transporte, Seth Yassir Vázquez, sobre quien ya pesan denuncias por corrupción en su estado natal, Chiapas, donde fue alcalde de la capital.
Su inexperiencia en el área, así como la de sus allegados, como Ernesto Galindo Vega, director de Transporte Mercantil y Aplicaciones han llevado al fracaso el programa mal planteado desde su inicio.
Concesionarios de la Sierra Nororiental y de la Mixteca han denunciado ante este medio que Galindo tiene parados los trámites de cambio de vehículos de las unidades de transporte público, revista vehicular y permisos provisionales.
Seth Yassir y sus cercanos, dicen, hicieron negocio con el monitoreo del transporte, pues sugirieron a los concesionarios la compra del equipo con ciertas empresas y, quienes cayeron, pagaron hasta 24 mil pesos.
Así, uno de los programas estrella del gobernador, con el que seguramente bajarían considerablemente los asaltos, se fue al traste.
