28 de Marzo del 2024

No son los inmuebles, son las cuotas

Por Viridiana Lozano / /

Guiapara interior viri

Los rectores y dueños de las instituciones privadas en Puebla lanzaron una estrategia mediática bastante inteligente, aunque tardía, para tratar de tirar la Ley de Educación aprobada desde el 15 de mayo en el Congreso de Puebla.

El medio: El Heraldo de México

El discurso: que el gobierno pretende apropiarse de los inmuebles de las instituciones privadas

¿Es cierto? En la nota se remite al artículo 115 de la Ley que dice:

“Los muebles e inmuebles destinados a la educación impartida por las autoridades educativas estatal y municipales y por los particulares con autorización o con reconocimiento de validez oficial de estudios en el Estado de Puebla, así como los servicios e instalaciones necesarios para proporcionar educación, forman parte del Sistema Educativo Estatal”.

No se necesita ser abogado para entender que en ese artículo no hay nada que le dé facultades de “expropiación” al gobierno.

Lo único que se regula es que los edificios que se usan como escuelas realmente sean adecuados para ese fin y claro que es necesario con la proliferación de instituciones en la entidad, muchas de ellas hasta en casas particulares sin las medidas de seguridad necesarias.

Pero ¿por qué mentir?

Tratan de tirar una ley con un argumento falso para ocultar lo que realmente les interesa. El control de cuotas.

El artículo 146 párrafo 3 de la ley señala:

“Derivado de las acciones de vigilancia, si las autoridades respectivas identifican que los particulares han aumentado los costos en la prestación de los servicios educativos sin apego a las disposiciones aplicables en la materia, darán aviso a las autoridades competentes para los efectos a los que haya lugar”.

Hasta antes de esta ley no había instancia para que un alumno se quejara por cuotas abusivas o por cargos inesperados.

Las instituciones privadas podían, y lo han hecho, cobrar cualquier servicio que se les ocurra sin regulación: constancias, credenciales, aumentos de colegiatura, créditos, cursos de verano y decenas de trámites.

Muchas de las quejas suceden en el proceso de titulación, lo vuelven tortuoso y lleno de trámites cada uno con costo, por supuesto.

Así que ahora el gobierno tendrá la facultad de investigar cualquier abuso.

¿Qué de malo podría tener eso?

Sería completamente impopular que el Consorcio Universitario desvelara su verdadero descontento con la Ley de Educación. Que dijeran que están en contra del control de cuotas.

Por eso han construido un discurso en torno a la “vulnerabilidad” de sus derechos como privados y la inexistente posibilidad de que el estado se quede con sus inmuebles.

Esta Ley de Educación acaba con un exceso más, la retención de documentos como medida de presión para el pago de cuotas, como se los advertimos en CENTRAL desde hace dos semanas.

Las escuelas privadas también se quedan sin cómo presionar a los alumnos para el pago, y tendrían que recurrir a procesos legales largos y caros para el cobro.

Entonces, díganme ustedes ¿acaso no su interés es meramente económico?

Puebla GOb

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