Tragedias

Teme familia de mujer asesinada que autor material sea reubicado en cárcel de Tabasco

- Foto: Especial

Desde hace un año, el presunto homicida, cuyo juicio está en suspenso desde varios meses, solicitó su reubicación al penal tabasqueño para estar cerca de sus familiares que radican en Tabasco, pero hasta ahora su petición no le ha sido concedida, por lo que con su reciente denuncia busca lograr ese propósito.

Por Proceso

/

Ligia Canto Lugo externó su preocupación ante la posibilidad de que Juan Ramón Moreno Hernández, “El Cachorro”, presunto coautor intelectual del asesinato de su hija Ema Gabriela Molina Canto sea trasladado a Tabasco, es decir, a la misma prisión donde planeó el crimen.

Hace unos días, Moreno Hernández o Manuel Escalante Barrada o Manuel Escalona Barrada o Juan Ramón o Ricardo González Monroy o Freddy García Ramírez -identidades que ostentaba “El Cachorro”- se declaró víctima de maltrato en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Mérida donde está recluido desde octubre de 2017.

Desde hace un año, el presunto homicida, cuyo juicio está en suspenso desde varios meses, solicitó su reubicación al penal tabasqueño para estar cerca de sus familiares que radican en Tabasco, pero hasta ahora su petición no le ha sido concedida, por lo que con su reciente denuncia busca lograr ese propósito.

Para desahogar la petición, hoy el juez de control Luis Edwin Mugarte Guerrero dio al director del Cereso de Mérida, Francisco Brito Herrera, como plazo hasta el 28 de marzo para presentar las pruebas para refutar las acusaciones de “El Cachorro” respecto a las presuntas violaciones a sus derechos humanos.

Para la madre de Ema Molina la queja es “un teatro armado” del inculpado para conseguir su traslado al Cereso de Tabasco, y “no podemos perder de vista que ahí se fraguó el delito que dejó sin vida a mi familia”.

No se puede dar gusto a los caprichos de un personaje con estos antecedentes”, destacó, y añadió que “el señor está ahí por algo”.

Ema Gabriela fue asesinada de 17 puñaladas el pasado 27 de marzo a las puertas de su casa, en el fraccionamiento San Luis de esta ciudad, por un par de sicarios tabasqueños que recibirían un pago de 60 mil pesos al consumar el “trabajo” para el que fueron “reclutados”, presuntamente por encargo de su exesposo Alberto Medina Sonda, actualmente preso en Tabasco.

El caso se convirtió en emblema de los feminicidios en Yucatán.

Medina Sonda era socio de José Manuel Saiz Pineda, quien fue tesorero del gobierno de Tabasco en el sexenio de Andrés Granier Melo.

Presuntamente “El Cachorro” fue quien se encargó de contratar a Jonathan Mézquita Ávalos y Óscar Miguel López Tobilla, los asesinos confesos de Ema Gabriela, por orden de Medina Sonda, quien ordenó el crimen desde la prisión tabasqueña donde está recluido.

En medio de una disputa legal que comenzó desde 2010 por la custodia de los tres hijos que procrearon, Medina Sonda raptó a los menores y, valiéndose de sus influencias políticas, desató un acoso judicial contra Emma Gabriela y su madre, quienes fueron encarceladas por diferentes circunstancias.

Ema Gabriela fue detenida en dos ocasiones por presuntos delitos fiscales, y trasladada judicialmente a diferentes entidades del país, aparentemente para impedir que pudiera quedarse con la custodia de los niños.

El 25 de mayo de 2012, fue la primera vez que Ema Gabriela fue detenida por el delito de retención ilegal de bienes, debido a que usó un vehículo que Medina Sonda le obsequió cuando estaban casados, pero no puso a su nombre. El momento de la captura fue aprovechado por aquel para raptar a los niños, quienes viajaban con su madre.

Así, Molina Canto inició su tortuosa lucha contra el sistema para recuperar a sus hijos. El tiempo que Emma estuvo presa, su madre continuó el peregrinar legal. Ambas encararon incluso al presidente Enrique Peña Nieto en demanda de justicia.

Presa su hija en un penal de Tabasco, Ligia denunció ante la Procuraduría del Menor, tanto en Mérida como en aquella entidad, la desaparición de sus nietos, pero fue hasta el 21 de agosto de 2014 cuando la Fiscalía General del estado de Yucatán accedió a emitir una “prealerta” para la búsqueda y presentación de los niños –entonces de 10, siete y seis años de edad– en todo el país.

Días antes, la abuela fue detenida y trasladada por la Procuraduría General de la República a Guadalajara, Jalisco, acusada de falsificar tarjetas de crédito en esa entidad, lo que provocó movilizaciones de activistas de derechos humanos por la fabricación de delitos en contra de la mujer.

Medina Sonda cayó en desgracia por el caso Granier. Fue detenido en Cancún, Quintana Roo, y recluido en una cárcel de Tabasco, donde en abril pasado fue condenado a 12 años y seis meses de prisión por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El pasado 24 de abril, el juez de Control en Yucatán, Luis Edwin Mugarte Guerrero, vinculó a proceso a Medina Sonda por el delito de feminicidio agravado, tras ubicársele como presunto autor intelectual del asesinato de su exesposa. El juzgador yucateco le dictó la medida cautelar de prisión, que cumple en la cárcel tabasqueña donde está confinado.

Por este asesinato fueron detenidos los cinco involucrados, aunque sólo dos de ellos, los asesinatos materiales, han sido sentenciados.

Proceso

COMENTARIOS