La asociación civil TAC “Una protección al ambiente” presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que además de investigar la muerte de la niña de 4 años de edad que murió tras ser atacada por un perro pitbull, también se investigue la ejecución de la mascota que fue torturada por miembros del cuerpo de Bomberos.
En un comunicado, la organización lamentó la muerte de la niña de 4 años quien perdió la vida en la unidad habitacional Mayorazgo 2 pero subrayó la irresponsabilidad de los propietarios del perro, incluso señalaron que los miembros del cuerpo de Bomberos al matar a la mascota dañaron evidencia elemental.
El perro fue no solo asfixiado sino también torturado con responsabilidad de los servidores públicos que hicieron el traslado como así lo indican las evidencias que obran en nuestro poder, informó la organización.
La información de la organización plantea que el perro fue sacado de manera tranquila sujetado con un lazaperros (el tubo de metal con un collar de cable de acero) y cargado por un bombero a la unidad de protección civil, sujetado con amarres en cuerpo haciendo de pechera.
El perro tardó más de 60 minutos en el traslado, un camino que toma alrededor de 40 minutos y al momento de ser entregado al Centro de Bienestar Animal el médico aclara que recibe el perro muerto con signos de asfixia.
Al matar al perro, subraya la asociación civil, se destruyó una evidencia que podría haber indicado con precisión la responsabilidad del propietario de la mascota.
Las tragedias deben de servir de experiencia para que mejoremos como sociedad. La violencia nunca debe de resolverse con violencia y toda medida deberá de ser tomada por las autoridades correspondientes bajo un proceso ya definido por la ley, mencionó la organización.
Como PÁGINA NEGRA informó, la niña de 4 años de edad se encontraba en uno de los departamentos de la unidad habitacional Mayorazgo 2 cuando fue atacada por un perro de la raza pitbull que la mató.
La organización insistió en que el perro debió ser trasladado al Centro de Bienestar Animal donde sería valorado si hubiese estado contagiado de rabia como protocolo de salud y observado en su comportamiento para entender y dictaminar que fue lo que sucedió por parte de la fiscalía del Estado.
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