Por lo menos el 80 por ciento de las denuncias que se presentan por feminicidio quedan impunes o sin castigo, pues de acuerdo con el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) solo se han emitido 20 sentencias en los últimos ocho años por este delito, cuando en los últimos cuatro años, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) tiene contabilizadas 102 denuncias.
El porcentaje de impunidad puede ser mayor si se toma en cuenta que el SESNSP empezó a contabilizar las denuncias por feminicidios desde el 2015, a pesar de que en Puebla se tipificó en 2012, y de que el registro del gobierno federal solo toma en cuenta aquellos que fueron denunciados formalmente y no incluye todos los que se cometieron.
De acuerdo con datos proporcionados por el TSJ, cinco de las 20 sentencias fueron emitidas bajo el nuevo sistema de justicia penal acusatorio desde 2013 a la fecha, mientras que las 15 sentencias restantes fueron del sistema penal anterior en el periodo que va de 2015 a este año.
En contraste, el gobierno federal reportó que la incidencia de este delito va al alza desde 2015 que se empezaron a contabilizar, pues ese año se documentaron seis casos, para 2016 fueron 12, en 2017 fueron 27, en 2018 fueron 32 y en el primer semestre de 2019 suman 25 casos.
Para el presidente del TSJ, Héctor Sánchez Sánchez, una de las razones que limita que se imponga una sentencia en contra de los feminicidas es que durante el proceso de investigación se pierden pruebas que son elementales para tipificar ese homicidio en feminicidio, que derivaría en sesiones más altas.
Estamos revisando las pruebas que la Fiscalía nos otorga y es ahí donde se da esa disparidad entre lo que vemos, lo que se investiga y lo que recibe el Poder Judicial… Estamos haciendo el esfuerzo para que nuestros peritos puedan recabar esos elementos que muchas veces no llegan por la mecánica de los hechos. Es la única forma de garantizar que contaremos con toda la información
Explicó que se trata de pruebas que ayudan a confirmar que el homicida privó de la vida a su víctima por razón de género, es decir, por el simple hecho de ser mujer.
El cúmulo de pruebas, de datos que nos permiten afirmar que fue una muerte por violencia de género, que la persona fallecida tuvo ese ataque a su vida por las condiciones de ser mujer
Informó que recientemente se firmó un convenio de colaboración con la Fiscalía General del Estado (FGE) para que los peritos del TSJ puedan acudir directamente a la escena del crimen y recabar las pruebas que permitan acreditar el delito de feminicidio.
Recientemente suscribimos un convenio con la FGE para que tratándose de muertes violentas mujeres puedan acudir nuestros peritos al lugar de los hechos para recabar la mayoría de los indicios porque la tarea del Poder Judicial es la impartición de justicia siempre y cuando contemos con los elementos necesarios para ello”.