Delincuencia

En tres de cada cuatro robos a transportistas, ladrones bloquean señal satelital

- Foto: La Crónica

De enero a noviembre de 2018 se registraron dos mil 569 robos en el ámbito nacional, y en más del 75 por ciento, los delincuentes usaron bloqueadores; en tres años este delito incrementó 81 por ciento

Por La Crónica

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El robo al autotransporte ha repuntado en los últimos años y el inhibidor de señal es uno de los métodos más efectivos utilizados por la delincuencia para burlar las medidas de seguridad o rastreos satelitales que implementan el sector de transportistas para combatir este delito que deja pérdidas superiores a los 97 mil millones de pesos anuales por la cuestión de la inseguridad, según  la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar).

Si bien el rastreo satelital de vehículos previene la comisión del delito de robo, existen diferentes medios tecnológicos para bloquear las señales de radiocomunicación. Uno de los métodos más utilizados son los inhibidores o bloqueadores, también conocidos como jammer, que emiten una señal más potente que los celulares en la misma frecuencia, lo que bloquea el rastreo satelital o GPS y facilita el robo de unidades de autotransportes.

Por ello, los bloqueadores son altamente utilizados por los grupos delincuenciales para este tipo de atracos.

Según las estadísticas de la Asociación Nacional de Empresa de Rastreo y Protección Vehicular, de enero a noviembre de 2018 se registraron dos mil 569 robos en el ámbito nacional, y en más del 75 por ciento, los delincuentes usaron estos aparatos.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de 2015 a 2018 el robo de autotransporte en México se incrementó 81 por ciento.

Este delito creció casi 90 por ciento tan sólo de 2017 a 2018, y se elevó 168 por ciento en el periodo del 2012 al 2018, según cifras de la Canacar quien estima que los costos incurridos por la inseguridad en el transporte durante 2017 ascendieron a 92 mil 500 millones de pesos, lo que representa el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

Ante este escenario, el Senado prohibió la fabricación, comercialización, adquisición, instalación, portación, uso y operación de equipos que bloqueen, cancelen o anulen señales de telefonía celular, radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen.

Incluso el dictamen establece de 12 a 15 años de prisión, a quien fabrique, comercialice, adquiera, instale, porte, use u opere esos dispositivos y, si el delito fuera cometido por servidores públicos, y sin autorización expresa escrita debidamente acreditada por su superior inmediato, se impondrá pena de 15 a 18 años de prisión.

Esto debido a que el robo a autotransporte representa un gran impacto en la economía nacional y se ve facilitado por el uso de inhibidores de señales, los cuales bloquean el dispositivo GPS del vehículo, provocando que se pierda la ubicación satelital de la unidad.

Asimismo, en ocho de cada diez asaltos de este tipo se lesiona, secuestra, tortura o asesina al conductor de la unidad de transporte.

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y al Código Penal Federal, prevé una excepción, a efecto de que las autoridades encargadas de los centros de reinserción social, establecimientos penitenciarios o centro de internamiento para menores, sean quienes hagan uso y operación de estas herramientas para salvaguardar la seguridad de dichos centros.

Con esta reforma, el Senado  busca dotar de elementos jurídicos a las autoridades para que garanticen mayor seguridad al sector de autotransporte, pues este delito representa un gran impacto en la economía nacional, ya que tiene consecuencias para todos los involucrados en la comercialización de las mercancías.

Según registros de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), este delito creció casi 90 por ciento tan sólo de 2017 a 2018, y se elevó 168 por ciento en el periodo del 2012 al 2018. Estima que los costos causados por la inseguridad en el transporte durante 2017 ascendieron a 92 mil 500 millones de pesos, lo que representa el 0.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

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