Delincuencia

Testigo acusa intimidación de la policía tras señalar presunta ejecución extrajudicial en Nuevo Laredo

- Foto: Especial

El director del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo alertó sobre actos de intimidación contra un testigo, familiares de una de las víctimas y la ONG que acusó la presunta ejecución extrajudicial de 8 personas.

Por Animal Político

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La Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos investigan la presunta ejecución extrajudicial de ocho personas, denunciada por el Comité de Derechos Humanos (CDH) de Nuevo Laredo, en un caso que inicialmente fue presentado por autoridades estatales como un enfrentamiento entre policías estatales y supuestos miembros del crimen organizado.

El vocero de la Secretaría de Seguridad del estado, Luis Alberto Rodríguez, confirmó a Animal Político que la Procuraduría estatal abrió una carpeta de investigación por la denuncia realizada por el CDH Nuevo Laredo, aunque no detalló si los policías que participaron en el operativo se encuentran suspendidos o continúan trabajando.

Por su parte, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) informó que, derivado de la denuncia pública realizada por el CDH Nuevo Laredo en medios de comunicación, se inició una queja y se conformó a un grupo para investigar lo sucedido el pasado 5 de septiembre, en un domicilio ubicado en el Fraccionamiento Valles de Anáhuac.

Asimismo, emitió medidas cautelares a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Gobierno del estado, encaminadas a preservar la integridad física de los testigos sobrevivientes del operativo, familiares de las víctimas e integrantes del CDH Nuevo Laredo, quienes han denunciado recibir amenazas a través de redes sociales.

De acuerdo con el CDH Nuevo Laredo, el chofer que trasladó en una grúa la camioneta que policías de Tamaulipas presentaron como prueba de un supuesto enfrentamiento es víctima de intimidación por parte de autoridades del estado.

En entrevista con Animal Político, el director del Comité, Raymundo Ramos, denunció que Ramón, conductor de una grúa de la Policía de Tránsito de Nuevo Laredo, Tamaulipas, fue intimidado por policías estatales, quienes montaron un operativo afuera de su domicilio horas antes de que tuviera que presentarse a declarar y hacer la denuncia por las presuntas ejecuciones extrajudiciales.

“Un grupo de policías estatales instalaron un retén justo frente su domicilio, impidiendo el paso de personas, e intentaron entrar. No sabemos si lo querían detener, si era un mensaje de que ya saben dónde vive, o si es un acto de intimidación”, señaló.

Raymundo explicó que después de que los elementos se retiraron, el conductor acudió a la Procuraduría, donde llamaron a una ambulancia para que lo trasladaran a un hospital, debido a que se le subió la presión por los nervios que le provocó la idea de que los policías pudieran detenerlo.

“Se le subió la presión, él temía que fueran a sacarlo, tiene miedo que lo vayan a desaparecer, y en el traslado al hospital volvieron a encontrarse con un convoy de policías estatales, por lo que se complicó más su salud. Afortunadamente ahora ya está estabilizado”, dijo.

El director del CDH Nuevo Laredo acusó que la familia del señor Severiano Treviño, una de las víctimas mortales del presunto enfrentamiento entre policías estatales y un grupo criminal, también fue acosada por autoridades de Tamaulipas durante su velorio, y que él mismo es asediado en su domicilio por una patrulla del Ejército.

“Yo ahorita tengo una patrulla militar afuera de mi casa, no creo que me estén dando protección, han de querer intimidarme”, denunció la noche del miércoles.

En el noticiario En Punto en Televisa, conducido por Denise Maerker, el propio conductor de la grúa relató cómo hizo el traslado de la camioneta a la colonia Valles de Anáhuac, el día de los hechos, y cómo policías de Tamaulipas se acercaron a su domicilio, antes de ir a declarar.

“Ahí estuvieron en la ventana y en la puerta”, dijo. El gobierno de Tamaulipas, según el noticiario En Punto, aseguró que esa movilización de policías había sido parte de “acciones de vigilancia y proximidad” en diferentes colonias, sin que hubiera orden de entrar a algún domicilio.


En la misma emisión se señaló que hay elementos que refuerzan la acusación de que la versión oficial del enfrentamiento en realidad se trató de un montaje, como que los uniformes militares con que fueron encontradas las víctimas no correspondieran con la talla de los fallecidos, y que incluso en uno de los casos un hombre tuviera puestas dos botas del pie derecho.

Además, la casa donde se dio el supuesto enfrentamiento, y en propiedades cercanas, no había impactos de bala.


Los sacaron de sus casas

La versión que dio en un comunicado la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, el pasado 5 de septiembre, es que policías estatales se enfrentaron con presuntos criminales vestidos de militares, lo que dejó como saldo ocho personas muertas, cinco hombres y tres mujeres.

Sin embargo, según los testimonios de sobrevivientes de los hechos, testigos y familiares de las personas fallecidas, recabados por el Comité, en realidad las víctimas fueron sacadas de sus casas, las obligaron a ponerse ropa militar y fueron conducidas por los agentes hasta un domicilio, donde fueron ejecutadas.

“Más de 20 agentes estatales, la mayoría uniformados, allanaron este domicilio en forma violenta para armar todo un escenario que ante los últimos hechos de violencia les produjeran simpatía y respaldo de la población, pero, sobre todo, ante los ojos del gobernador de Tamaulipas”, señaló el CDH Nuevo Laredo.

Kassandra, quien vivía en el domicilio donde se reportó el presunto enfrentamiento y donde se acusa fueron las ejecuciones, contó al CDH Nuevo Laredo que, al ingresar a su casa, los oficiales le pidieron cubrirse el rostro y sacaron a su padre a golpes, mientras le gritaban que “sacara las armas y no se hiciera pendejo”.

Sin orden de cateo, los policías argumentaron haber recibido una llamada anónima reportando que en el domicilio almacenaban armas de fuego.

Los oficiales golpearon a Kassandra y la sacaron de la casa, de acuerdo con su relato. A unas cuadras de distancia le dijeron que no volteara y que si denunciaba los hechos ya la tenían ubicada, “porque me habían tomado fotos y tenían mis datos”. Su padre, Severiano Treviño, fue una de las víctimas mortales del operativo.

A otra de las víctimas, Luis Fernando Hernández, lo sacaron de su domicilio ubicado en la colonia Buenavista, en un operativo en el que participaron policías estatales y elementos del Ejército, dijeron testigos al CDH Nuevo Laredo.

La organización , a partir de los testimonios recabados, también detalló que los otros tres hombres y tres mujeres que fallecieron en el operativo fueron sacados de unos departamentos en la colonia Valles de Anáhuac.

Las versiones recuperadas por el CDH coinciden en que las personas que fueron asesinadas no portaban uniformes tipo militar, y, en el caso de Severiano Treviño, su hija declaró que fue testigo del momento en el que los policías estatales lo obligaron a ponérselo, pues él se encontraba vestido con un short y sandalias.

Videos muestran a policías “sin preocupación”

Otras pruebas presentadas por el Comité son una serie de videos en los que se observa a los policías que presuntamente participaron en el “enfrentamiento” dentro de una tienda, en la que, tal como lo describe la organización, “compran botellas con agua, refrescos y frituras sin mostrar ninguna preocupación o estado de alerta, después de haber participado en una supuesta persecución con ocho integrantes del crimen organizado”.

En los videos también aparece personal del Ejército, mismo que, según el CDH Nuevo Laredo, acudió al sitio en el que se reportó el supuesto enfrentamiento y presuntamente acordonó la zona mientras los policías estatales realizaban las ejecuciones

Presuntamente los militares impidieron, mediante insultos y amenazas, que familiares de Severiano pudieran acercarse a su domicilio, antes de ser asesinado.

La camioneta y las armas 

El CDH Nuevo Laredo acusó a los policías estatales de “sembrar” las armas que presuntamente portaban las víctimas al momento de su ejecución, así como de la camioneta con blindaje casero que reportaron como uno de los elementos incautados en el sitio.

Como prueba, el Comité presentó dos “reportes de flujo interno” del gobierno municipal de Nuevo Laredo, donde se detalla cómo se dio la solicitud y el traslado de una camioneta tipo pick up, con doble cabina, color negro, hasta el lugar de los hechos, “como un apoyo a personal de policía estatal”.

En los documentos el operador de la grúa señala que un comandante le solicitó trasladar una camioneta y que, al preguntar si iba a ser resguardada en instalaciones de la Fiscalía General de la República, oficiales le dijeron que no, y que no podía decir nada sobre la ubicación del vehículo. Se dirigieron a él de forma intimidante, según relató. 

Una vez que dejó la camioneta en el domicilio donde se reportó el presunto enfrentamiento, el operador señaló que recibió una llamada del comandante Eladio M., quien le advirtió que “me tenían prohibido hacer uso de mi equipo telefónico”.

Igualmente el informe del CDH Nuevo Laredo detalla que al menos tres de las víctimas dieron negativo en la prueba de radizonato, la cual sirve para saber si una persona accionó o manipuló un arma de fuego. También destacan que cuatro de las armas encontradas junto a los cadáveres “nunca fueron accionadas” sino más bien  colocadas junto a los cuerpos.

Animal Político consultó a la Secretaría de la Defensa Nacional, al gobierno de Francisco Cabeza de Vaca, y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Tamaulipas sobre los hechos denunciados, dependencias que hasta el momento de la publicación no dieron respuesta.

Animal Político

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