El Fiscal Anticorrupción, encargado de las dos investigaciones contra José María Sosa, pretende ocupar sus influencias y presionar para que la Segunda Sala Penal del Honorable Tribunal Superior de Justicia (HTJS) del estado de Puebla retrase el proceso de ratificar, o no, la sentencia de 16 años y 6 meses de prisión contra el joven, por el delito de “homicidio simple” y “aborto” cometido en agravio de Paulina Camargo.
Según explicó el padre de José María a PÁGINA NEGRA, la Fiscalía Anticorrupción pretende aplazar este proceso contra el joven y agilizar el otro ―por el delito de desaparición de personas―, donde la sentencia puede ser mayor. La tarde de ayer se realizó una audiencia en Ciudad Judicial, donde el abogado de “Chema” Sosa pidió a los magistrados que conforman la Segunda Sala Penal del HTSJ revise los agravios cometidos contra su cliente, resaltando que fue sentenciado a pesar de que ninguna prueba logra justificar el delito por el que se le acusa.
Durante la audiencia, el abogado de Chema Sosa expuso lo siguiente:
Esta defensa tiene conocimiento de una visita efectuada a esta Segunda Sala por la Fiscal Anticorrupción, María Eugenia Calderón, quien es la encargada de la investigación de la carpeta 110/2018/UEIDTDF investigación instaurada en contra de José María Sosa, por estos mismos hechos pero ahora por el delito de desaparición de personas, cometido por particulares. Tenemos el temor fundado de que pretende traficar con sus influencias para así retrasar el procedimiento; sin embargo, tenemos la confianza de que en la Segunda Sala Penal no se dejen influenciar”, esta declaración que quedó asentada en páginas en poder de este medio de comunicación.
La sentencia fue dictada por Javier Martínez Castillo, Juez Tercero de lo Penal. Sin embargo, como ya se ha reiterado en varias ocasiones, Chema Sosa fue condenado sin ninguna prueba que compruebe el delito y explique cómo ocurrieron los hechos.
En el mismo documento, la defensa del joven señala que el juez lo sentenció partiendo “de la premisa de que ante un embarazo no planeado, lo normal sería asesinar a la madre del producto, asimismo el juez, de manera dolosa, arbitraria y con una falta de ética y lógica jurídica, tuvo el atrevimiento de condenar a José María aún y cuando del cúmulo probatorio en su conjunto no demostraba nada más allá de la existencia de Paulina Camargo”.
Incluso, fue la propia Fiscalía quien, al principio, acusó a Chema Sosa de homicidio y después de desaparición de personas. Aunque los hechos ocurrieron en agosto de 2015, hasta la fecha el cuerpo de la joven no ha sido localizado. Para acreditar la muerte, la Fiscalía únicamente presentó el dictamen de "desintegración del cuerpo" pero no aprueba elementos que sirvan para la "declaratoria de inexistencia de una persona".
En 2018, la defensa de José María Sosa consiguió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conociera el caso y hace unos días enviaron una solicitud a la defensa del joven, pidiendo una “retroalimentación” del caso..