En los últimos seis años casi dos mil elementos de la Policía Federal fueron despedidos irregularmente, con el argumento de que no superaron las evaluaciones de control de confianza, pero sin el sustento necesario. Jueces federales han ordenado que dichos agentes sean indemnizados, sin embargo, hasta la fecha la corporación no ha podido cubrir todos los pagos por falta de presupuesto.
Datos oficiales a los que Animal Político tuvo acceso, a través de solicitudes de transparencia y de procesos judiciales que iniciaron los afectados, revelan que 2 de cada 3 policías federales separados en este periodo lograron demostrar que no había justificación suficiente para quitarles su trabajo. Es decir, en la mayor parte de los casos se hicieron mal las cosas.
No obstante, como la Constitución no permite la reinstalación de funcionarios de seguridad separados del cargo, los afectados tienen que ser indemnizados. Esto le ha costado a la Policía Federal más de 800 millones de pesos, pero aun no alcanza a cubrir todos los pagos.
La información proporcionada por Policía Federal arroja que, de diciembre de 2012 a mayo de 2019, fueron separados del cargo un total de 3 mil 29 elementos de las distintas divisiones de la Policía Federal. La mayor parte de ellos por “incumplir los requisitos de permanencia”, en relación con no aprobar el proceso de control de confianza.
Dicho proceso consiste en una batería de seis exámenes, entre ellos el polígrafo o detector de mentiras. Se trata de una evaluación que en el sexenio pasado se dijo que sería analizada y removida, al carecer de una base objetiva, situación que no se concretó.
En ese mismo periodo la Policía Federal informó que 1 mil 953 elementos dados de baja deben ser indemnizados, según lo ordenado en las sentencias emitidas por juicios de nulidad promovidos por los policías afectados, ante los tribunales federales de justicia administrativa. A ellos se suman otros 20 elementos más que, a través del amparo, también consiguieron demostrar que fue ilegal su separación.
Lo anterior significa que al menos el 65% de los agentes destituidos ahora tienen que ser indemnizados. Esto no significa que el otro 35% haya sido despedido de forma correcta, sino que se trata de casos en donde el policía no promovió un juicio de nulidad, o sí lo hizo pero aún está pendiente la resolución.
Costos, retrasos y deudas
La Policía Federal informó que como resultado de los procesos perdidos ante los tribunales administrativos ha tenido que erogar, de 2012 a 2019, un total de 883 millones 826 mil 740 pesos por concepto de pagos de indemnizaciones a los policías afectados. Y todavía se tienen más de 13 millones de pesos pendientes de pago.
En muchos momentos esto pagos se han realizado de forma incompleta o con retrasos (los jueces les daban 4 meses para hacerlo), lo que ha originado costos extras para la Policía Federal, por daños y perjuicios.
Animal Político tuvo acceso a un informe que con motivo de uno de estos casos emitió la Policía Federal el pasado 25 de junio, y en donde queda constancia que la dependencia no tiene recursos suficientes para cubrir los pagos.
En dicho documento el Inspector de Policía Federal Javier Vargas Gómez informa al Juez Decimosegundo de Distrito en Materia Administrativa, que no se han rehusado a cubrirle los pagos correspondientes a un policía que tiene que ser indemnizado, pero que el problema es que no hay recursos.
No se ha concretado la conclusión del trámite por la insuficiencia presupuestal como lo informó la Dirección de Relaciones Laborales” indica el informe.
El pasado 15 de abril Animal Político reveló que la Policía Federal estaba prácticamente “en quiebra”. La corporación, que a finales de 2020 definitivamente habrá desaparecido pues todos sus activos pasarán a la Guardia Nacional, tiene adeudos de al menos 2 mil 500 millones de pesos y no cuenta con recursos para cubrirlos.
Entre los adeudos que acarrea la Policía Federal se encuentran, además del tema de las indemnizaciones, pagos pendientes a hoteleros por servicios de hospedaje, viáticos no cubiertos, deudas por servicios básicos como luz y agua, adeudos por temas de vestuarios y chalecos antibalas, combustibles, entre otros.
¿Por qué los despidos fueron ilegales?
Fallar en las pruebas de control de confianza impide a un policía obtener el Certificado Único Policial, requisito indispensable para poder desempeñarse como elemento de seguridad pública en cualquier corporación, ya sea municipal, estatal o federal. Se trata de un certificado que debe renovarse cada tres años.
La Constitución y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que los policías que no superen el procedimiento de control de confianza deben ser dados de baja de forma inmediata, sin derecho a alguna compensación, y sin que puedan enrolarse en otra corporación.
En ese contexto, ¿por qué la Policía Federal ha tenido que indemnizar a la mayoría de los efectivos que ha dado de baja por este motivo?
Animal Político entrevistó a la abogada Reyna Velasco Guerrero quien, en los últimos años, se ha especializado en el litigio y representación de múltiples agentes separados por este motivo.
La abogada señaló que si bien la ruta empleada por la Policía Federal para destituir a los elementos es legal y constitucional (aun cuando diversos especialistas han opinado que genera precariedad laboral para los funcionarios de seguridad), el problema se ha presentado al momento de ejecutar y aplicar en la práctica estas disposiciones.
Los tribunales han ordenado la indemnización porque encontraron que el procedimiento de separación que les instauró el Consejo Federal de Desarrollo Policial no estuvo apegado a las reglas del procedimiento por varios motivos, como por ejemplo, que las pruebas se aplicaron de forma incompleta, que no se acreditó que realmente no aprobaran el control de confianza, que incluso las evaluaciones ya eran viejas y habían prescrito, etcétera”, dijo la litigante.
Se trata en muchos casos de errores básicos que denotan la falta de cuidado en los procedimientos. “Aun cuando el fallar en el proceso de control de confianza es causa de separación, el procedimiento tiene que ser pulcro y sustentado, si no se presta a irregularidades y abusos”, indicó.
Velasco Guerrero sostuvo que esta “falta de pulcritud” se registró sobretodo en la primera parte del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, es decir entre 2013 y 2015. Los datos oficiales coinciden con esa afirmación, pues más del 70% de las separaciones de los últimos seis años se dieron en ese periodo.
Cuestionada sobre cuál habría sido el motivo de esto, la abogada explicó que en el arranque del sexenio pasado había prisa por desocupar plazas de varias divisiones de Policía Federal, para trasladarlas a la entonces denominada Gendarmería Nacional de nueva creación, y se quiso echar mano del control de confianza como mecanismo de depuración.
La situación se volvió crítica con el tiempo. El reclutamiento para la Gendarmería fracasó porque los aspirantes también reprobaban, incluso en mayor medida, las pruebas de control de confianza. Pero además porque el costo económico para la corporación fue creciendo, al punto en que ya no pudo lidiar con el pago de indemnizaciones, lo que a su vez le generó nuevos costos por daños y perjuicios.
Al principio para no caer en incumplimiento se pagaban las indemnizaciones en menos de cuatro meses pero solo contando el salario base y no las prestaciones, lo que derivó en recursos de queja ante el Tribunal, quien en la mayoría de los casos falló a favor de los policías afectados y ordenó el pago completo, y le daba 20 días para hacerlo. Un menor tiempo y más cantidad de dinero provocaron que Policía Federal ya no pudiera pagar como es debido, vinieron más quejas y así llegamos a esta crisis. Todo por procedimientos mal aplicados”, dijo.