Tras las declaraciones de la Secretaria de Gobernación en el sentido de que sin el fortalecimiento de las policías estatales y municipales no habrá Guardia Nacional (GN) que alcance para atender la demanda social de seguridad (Comparecencia ante el Congreso de la Unión 9 octubre 2019), las entidades federativas tendrán que redoblar el paso en su depuración y revisión de sus estrategias y protocolos de actuación.
En el caso de Puebla, este mensaje ya aterrizó y lo hizo en la Sierra Norte, en particular en el municipio de Venustiano Carranza, donde el 8 de octubre efectivos de la Policía Estatal apoyados por elementos de Policía Militar, Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional, revisaron la legalidad con que operaban los policías municipales, detectando que 48 de ellos no estaban incluidos en la Licencia Oficial Colectiva (LOC) que ampara la portación de armas de fuego institucionales.
Por esta razón procedieron a intervenir la citada corporación hasta que se regularice su situación jurídica y operativa. Dicho de otra forma, la Policía Estatal se hará cargo de las labores que realizaba la policía municipal hasta que concluya su depuración.
Acciones de esta naturaleza ya habían sido realizadas por la administración encabezada por el entonces gobernador Antonio Gali Fayad en los municipios de San Martín Texmelucan (2 de mayo del 2018), Ciudad Serdán (21 de junio del 2018) y Tehuacán (23 de agosto 2019), con avances relativos, en virtud de que no fue posible concluir la revisión de todos sus efectivos, antes de devolver el control a dichos municipios.
Retomando el fraseo de la Secretaria de Gobernación, “se podría decir que a nivel estatal no habrá Policía Estatal que alcance sin el fortalecimiento de las policías municipales”, ya que el estado de fuerza hasta junio del 2019 era de apenas 3,500 efectivos estatales, insuficientes para cubrir los 217 municipios.
Desde esta perspectiva, el reto inmediato es depurar los 4,818 uniformados municipales que ya operan en la entidad y sumar por lo menos otros 1,840 nuevos elementos para totalizar los 6,718 que se requieren con base en el Nuevo Modelo de Policía.
Como lo adelanté en mi columna del 28 de agosto, un estimado de 50 municipios del estado de Puebla enfrentan problemas con la LOC, como Nopalucan (13 agosto 2019) y Venustiano Carranza (8 de octubre 2019), en virtud de que no cumplen con las evaluaciones psicométrica y toxicológica que exige la Secretaría de la Defensa Nacional para mantener vigente la portación de armas e incorporación de nuevas en los municipios y a nivel estatal.
A lo anterior habría que agregar que las policías municipales enfrentan dificultades en su equipamiento e incluso de armas de fuego, así como de estrategias alineadas con las instancias estatales y federales.
Si esta serie de premisas no se cumplen, los resultados de la GN a nivel nacional tendrán que esperar y el tan anhelado “punto de inflexión” en materia de homicidio doloso del que habló con tanta vehemencia el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el 14 de octubre, se podría postergar.
Por cierto, un municipio cuya policía municipal se encuentra “en capilla” de ser intervenida por la SSP estatal es Huixcolotla, con la ventaja de que ya está anunciado y esto les permitirá limpiar la casa, o por lo menos patrullar sin armas de fuego si sus elementos no están incorporados en la LOC.
Otras que podrían correr la misma suerte son las de Tecamachalco y Tehuacán, que en los últimos días han sido rebasadas por una serie de actos delictivos.
Versión no contada. En 2014 fueron depuradas las policías municipales y estatal de Puebla, sin embargo, las prórrogas subsecuentes en materia de control de confianza fueron desgastando el modelo de evaluación y terminaron dejando el proceso incompleto.
Desde ese entonces el estado de fuerza policial no ha podido ser restablecido, por lo que la oportunidad para lograrlo está a la vista.