Policías estatales en Puebla, ¿son suficientes?

Por Facundo Rosas / /

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Una respuesta inmediata a ésta pregunta es no, sin embargo, habría que sustentarla en términos cuantitativos y buscar una propuesta para superar dicha debilidad.

Como lo señalé en la columna de la semana pasada y con base en el Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica (SNSP, junio de 2019), para alcanzar los 180 policías estatales por cada 100 mil habitantes, que sumados a los 109 municipales permitirán completar la tasa de 289 recomendados por la ONU, Puebla necesita incorporar 7,660 elementos adicionales a los 3,500 existentes.

Lo anterior contribuirá en que los poblanos gocen de las condiciones de seguridad que les garanticen, más que condiciones de paz, un menor riesgo a su integridad física y patrimonial por el incremento en homicidio doloso, feminicidio, secuestro y extorsión, así como el robo a transeúnte, casa habitación y a negocio.

Insistir en el concepto de paz, obliga a revisar aspectos como la existencia de un conflicto entre fuerzas beligerantes, que por el momento no las hay, sino que se trata de grupos delictivos que se disputan mercados ilícitos como los artículos electrónicos robados, drogas al menudeo, armas de fuego e hidrocarburos, piratería y otras mercancías de fácil comercialización.

Si bien el reto de incorporar nuevos policías estatales no parece fácil, una hoja de ruta podría facilitar este proceso, que abarca desde el primer contacto con el aspirante hasta la contratación formal de los nuevos policías.

En principio, para incorporar 7,660 elementos se requiere reclutar, evaluar y formalizar el ingreso de 1,532 policías cada año, durante 5 años.

Si tomamos en cuenta que el porcentaje de aprobación de los exámenes de control de confianza de personal de nuevo ingreso es del 50% en números redondos (Modelo Nacional de Policía), implica que habrá que evaluar a 3,064 candidatos.

Lo anterior después de haber recibido solicitudes y entrevistado a 3,680 aspirantes; la diferencia equivale al 20% que en promedio no acude a los exámenes de ingreso.

En suma, para incorporar a 7,660 nuevos elementos, se requiere recibir solicitudes y entrevistar a 18,400 aspirantes y evaluar en materia de control de confianza a 15,320 candidatos.

Una vez que los 1,532 aspirantes hayan sido aceptados, vendría la fase de formación inicial, la cual debe ser de por lo menos 6 meses y obliga a dividirlos en dos bloques de 766 cada uno y disponer de los espacios para capacitarlos y adiestrarlos en forma simultánea.

Al respecto cabe precisar que la capacidad de la Academia estatal de las fuerzas de seguridad es de 200 cadetes internados, mientras que la de la Academia Ignacio Zaragoza es de 600, por lo que los espacios serían suficientes para avanzar a ese ritmo. Si se requiere crecer a una mayor velocidad, habría que evaluar a más aspirantes y recurrir a los campus de universidades públicas y privadas para capacitarlos.

Como referente de reclutamiento y capacitación de policías a gran escala, cabe recordar que entre 2008 y 2009, para formar a 8,500 nuevos elementos de Policía Federal con perfil profesional, fueron utilizadas aulas, laboratorios y auditorios de universidades tanto públicas como privadas del país, en virtud de que la capacidad instalada en San Luis Potosí y las Academias Regionales del SNSP eran insuficientes.

Volviendo al tema de los nuevos policías estatales de Puebla y en caso de que no se registrara ninguna deserción en la fase de capacitación y tampoco bajas en el estado de fuerza del personal en activo, al cierre de esta administración se alcanzaría la cantidad de efectivos que la entidad necesita, sin embargo, eso sólo sucede en un escenario ideal, difícilmente en la realidad.

Además, habría que considerar que por acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) efectuado el pasado 8 de julio en Palacio Nacional, todos los Centros de Evaluación y Certificación de Control de Confianza de los estados y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) del gobierno federal, estarán destinados a evaluar al personal de la Guardia Nacional (de origen militar y de nuevo ingreso) durante los próximos 18 meses, por lo que no habrá espacio para examinar a los aspirantes a la policía estatal.

A lo anterior habría que agregar el anuncio del titular de la SSyPC el lunes en Sonora, en el sentido de depurar y reestructurar algunas policías municipales de la entidad y después extenderlo a todo el país, debido a que están presuntamente infiltradas por el crimen organizado. Los efectivos municipales que no acrediten los exámenes de control de confianza serán sustituidos por elementos de infantería de marina, mientras que el mando será asumido por personal naval y militar.

Esto significa que en los próximos días algunos de los principales municipios poblanos serán sometidos a dicho proceso y que tanto los nuevos elementos como los mandos de origen castrense deberán ser evaluados en control de confianza conforme a lo establecido en la ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ni más ni menos.

El problema es que la capacidad instalada para aplicar las evaluaciones es insuficiente y a la fila de nuevos elementos de la Guardia Nacional que tardarán por lo menos 18 meses en examinarse (prórroga otorgada en el CNSP del 9 de julio de 2019), habrá que agregar los nuevos policías estatales que Puebla necesita y los elementos de las policías municipales que serán depuradas.

Versión no contada. Desde 2013 se buscó incorporar más elementos a los casi 3,600 de la Policía Estatal Preventiva, sin embargo, los bajos salarios ofrecidos, los altos perfiles académicos demandados y el presupuesto limitado, hicieron más lento dicho proceso.

A lo anterior habría que agregar que en 2014, luego de una serie de prórrogas para tratar de que menos policías causaran baja por control de confianza, concluyó la primera depuración a nivel nacional instruida por el CNSP y la Secretaría de Gobernación, la cual significó una baja de 450 efectivos que resultaron no aptos.

Pese a las dificultades para incrementar el estado de fuerza policial, 2014 fue el mejor año en materia de descenso en la incidencia delictiva estatal; de hecho, es el mejor de los últimos 20 años en cifras de homicidio doloso, robo de vehículo, robo a negocio y robo a transeúnte e incluso en secuestro. Lo cual evidencia que se puede hacer más con menos.