En el marco de los festejos por el tercer aniversario de PÁGINA NEGRA, mis felicitaciones a todo el equipo de Periódico Central que hace posible la aparición de esta extraordinaria sección, que además de aportar información ofrece un espacio para la reflexión y la opinión con el sello del periodismo irreverente.
En materia de seguridad hay una máxima que a la letra dice “si no eres la solución, eres parte del problema”.
Para algunas de las policías municipales del estado de Puebla y probablemente de otras entidades del país, pareciera que este dicho aplica casi de manera literal, pese a que su función es la de “proteger y servir a la comunidad”.
Como muestra basta un botón: el pasado 13 de agosto en el municipio de Nopalucan integrantes de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal detuvieron a 4 policías municipales cuando éstos últimos realizaban sus labores sin los permisos para portar armas, violando la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y prestándose a todo tipo de interpretaciones.
Esta es la realidad que enfrenta con cierta regularidad la ciudadanía y la salida más fácil sería buscar a los culpables y señalarlos, pero eso no resuelve el problema, solo lo desvía.
Para encontrar una solución habría que identificar los tramos de responsabilidad de los mandos operativos, Presidentes municipales y autoridades estatales vinculadas a la gestión de la política pública de la seguridad.
Si este caso emblemático no se toma como referente para revisar la situación de todas las policías municipales de la entidad, en particular las más alejadas de la capital del estado, las sorpresas irán saltando un día sí y el otro también, no solo en cuanto a la legalidad de sus armas de fuego, sino en su estado de fuerza y equipamiento policial.
De acuerdo a la Ley Federal en materia de armas de fuego, de la cual deriva la Licencia Oficial Colectiva (LOC) que ampara su uso por parte de las policías civiles, si los elementos (municipales, estatales y federales) no aprueban las evaluaciones toxicológicas y de aptitud psicológica, y tampoco se realizan las gestiones correspondientes ante la Secretaría de la Defensa Nacional, sus armas tendrán que permanecer bajo resguardo en sus depósitos correspondientes y no las podrán utilizar para el desempeño de sus funciones.
Si bien la portación de armas de fuego es el primer obstáculo a vencer para disponer de una policía municipal ordenada y eficiente, el siguiente problema se presenta en su estado de fuerza, al requerirse que todos estén aprobados y certificados en materia de control de confianza.
De acuerdo al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica, elaborado en junio de 2019 por el Sistema Nacional de Seguridad Pública, al estado de Puebla le hacen falta 1,940 policías municipales, debido a que únicamente dispone de 4,818 elementos.
Para alcanzar los 289 policías por cada 100 mil habitantes que recomienda la ONU, a la entidad poblana le haría falta agregar 7,660 policías estatales, ya que solo dispone de 3,500 elementos.
En síntesis, si la policía municipal enfrenta dificultades para resolver sus problemas internos, difícilmente va a resolver los de la comunidad a la que debe proteger y servir.
Los dos temas antes descritos, portación de armas de fuego y mayor estado de fuerza, pueden marcar la diferencia entre ofrecer resultados inmediatos o en el mediano plazo.
Antes de definir el rol que jugará la policía municipal en el Plan Estatal de Seguridad de la actual administración y en la Estrategia Nacional en la materia, habría que evitar que eventos como el de Nopalucan se repitan en el futuro.
De lo contrario se corre el riesgo de que, ante la imposibilidad de utilizar las armas oficiales, los elementos municipales opten por utilizar algunas que no estén registradas e incluso busquen personal de apoyo ajeno a la institución, lo cual los convertiría de inmediato en transgresores de la ley.
Versión no contada: La revisión efectuada en 2014 para verificar el cumplimiento de la LOC en las policías municipales arrojó que más de 50 de ellas no cumplían los requisitos y que los alcaldes desconocían el alcance de su responsabilidad administrativa y legal.
Cuando se les hizo saber de las implicaciones, la salida de algunos fue: si los policías municipales no pueden portar armas y tampoco son suficientes, entonces que no patrullen y que venga la Policía Federal y el Ejército Mexicano a hacerse cargo de la seguridad.
Para las siguientes elecciones municipales, algunos de los candidatos ofrecieron entre sus compromisos de campaña hacer las gestiones para que la PF y el Ejército se hicieran cargo de la seguridad en sus municipios. De ese tamaño es la resistencia de varios actores políticos para hacerse cargo de sus obligaciones, más allá de cortar listones en las obras inauguradas.