El pasado 29 de mayo en este mismo espacio señalé que los linchamientos en el estado de Puebla registraban una tendencia al alza y que era probable que este tipo de fenómenos no cedieran en el corto plazo.
En esa ocasión retomé un estudio hemerográfico elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y la UNAM en el cual la entidad poblana se posicionaba en primer lugar en tasa por cada 100 mil habitantes en los dos periodos analizados:
De 1988 a 2014 con una tasa promedio anual de 0.13 casos por cada 100 mil habitantes, equivalentes a 182 eventos en total; 6.7 casos por año y 0.56 por mes.
De 2015 a 2018, con una tasa promedio anual de 0.19 casos, equivalentes a 48 eventos en total; 12 casos por año y 1 por mes.
A dos meses y medio de distancia y siguiendo una metodología similar a la utilizada por la CNDH y la UNAM tenemos que, de enero a agosto de 2019, Puebla ya registra una tasa acumulada de 0.17 casos, equivalentes a 11 casos eventos y 1.4 por mes.
El más reciente se registró antier en el municipio de Tepeyahualco (periódico Central, 12 de agosto 2019), donde un grupo de aproximadamente 400 vecinos golpearon a dos presuntos responsables del robo de una camioneta con productos lácteos, quienes finalmente fueron entregados a las autoridades.
De mantenerse esta tendencia, la entidad podría cerrar el año con más de 2 eventos por mes; a menos de que se tomen medidas que privilegien la atención de las causas, sin descartar como última opción la contención de los efectos.
Para tener una mejor perspectiva, en el mismo lapso a nivel nacional se tiene una tasa acumulada de 0.05 casos por cada 100 mil habitantes, equivalentes a 71 eventos, 2.2 casos por estado y 0.2 por mes.
Pero más allá de las cifras, que siempre resultan frías y odiosas, la actual coyuntura ofrece la posibilidad de incorporar en los denominados “Protocolos de atención de linchamientos” a todos los actores que pueden aportar soluciones, más que acusaciones. Esconderse o evadir responsabilidades no es opción.
Lo anterior incluye una pronta respuesta en términos de información y comunicación con los actores visibles, así como el establecimiento de canales de diálogo y sensibilización por parte de las autoridades de primer contacto (presidencias auxiliares y municipales).
Es conveniente que estas acciones cuenten con el respaldo de las autoridades estatales y federales y su actuación se realice de manera escalonada, tanto en términos de diálogo como de reacción operativa, independientemente de que ésta última no sea la más deseable.
Si hablamos de estado de derecho, la opción de uso legítimo de la fuerza no puede ser desdeñada, en particular cuando se trata de personas armadas que podrían poner en riesgo a ciudadanos ajenos al problema y traducirse en “daños colaterales”.
En retrospectiva, hechos como los de Ajalpan en octubre del 2015, Acatlán de Osorio en 2018 y Cohuecan-Tepexco el 7 de agosto pasado no deben repetirse, con mayor razón si se aprende de esta dolorosa experiencia, que para la actual administración llegó más pronto de lo esperado.
Uno de los temas que podrían contribuir en que estos hechos sean únicamente parte de la historia, es que en breve estarán funcionando las agencias del Ministerio Público que en 2016 fueron cerradas en varios municipios de la entidad y que de acuerdo a la CNDH y la UNAM, el 64% de la población desconoce la función del MP y 58% de la Policía Estatal.
En síntesis, a 14 días de iniciada la actual administración está a tiempo de hacer los ajustes respectivos a los “Protocolos de atención a linchamientos”, incluyendo los funcionarios involucrados en todas sus etapas, no sólo el Secretario de Seguridad Pública, a quien eventualmente le solicitaron su renuncia durante la noche del 12 de agosto por no atender los hechos de Cohuecan y Tepexco, en concordancia con las demandas planteadas por la CNDH el 8 de agosto.
Dichas adecuaciones no deberían limitarse a expresiones populares al estilo Fuenteovejuna, sino a los procedimientos sistemáticos de atención al secuestro, robo, extorsión y cobro de piso, pero en particular al mito en torno a los “robachicos” que sigue presente en diversas regiones de la entidad, incluida la Mixteca poblana.
Sin duda muchos de estos temas tienen que ver con la seguridad pública, pero están íntimamente relacionados con la gobernabilidad y en este caso el orden de los factores, si afecta el producto, así es que el reto para el nuevo gobernador es encontrar el justo equilibrio.
Versión no contada. Hechos como los de Cohuecan y Tepexco tuvieron lugar en Izúcar de Matamoros en 2012 cuando fueron linchados tres presuntos secuestradores. Sobre el particular, en 2014 una legisladora local se acercó al autor de esta columna para preguntar sobre este caso ya que como representante popular de dicha región algunos familiares de la víctima solicitaron su gestión para resolver esta problemática, toda vez que eran requeridos por la justicia para esclarecer los hechos.
Al conocer la situación jurídica de algunos de ellos y la complejidad política y social del asunto, se comprometió a colaborar para resolver el caso y evitar que este tipo de eventos se repitieran, insistiendo en que la población no debería hacerse justicia por su propia mano.
El aprendizaje de aquel evento fue que tras el asesinato de los presuntos responsables del secuestro en el que participaron los familiares de la víctima y otros vecinos de la comunidad, se tradujo en órdenes de aprehensión en su contra que les impedían reintegrarse a sus actividades rutinarias; algo así podría repetirse con el caso de Cohuecan-Tepexco una vez que concluyan las investigaciones.