Hoy se cumple la primera semana de la actual administración en Puebla y todo parece indicar que la seguridad es su principal preocupación, en virtud de que de ella depende la llegada de nuevas inversiones y un mayor desarrollo económico.
Una de las frases con las que el nuevo gobernador abrió su discurso de toma de protesta ante el Congreso, fue sobre la inseguridad que prevalece en la entidad refiriéndose a que “es un asunto de realidad, no de percepción y quien piense que es percepción, mejor que diga que no puede”, pero él enfrentará el crimen y la delincuencia, para devolver la paz y la seguridad que no hace mucho tenían los poblanos.
Un concepto similar fue planteado en esta columna el pasado 26 de junio y a la letra dice “si integramos incidencia delictiva, cifra negra y percepción de inseguridad, la conclusión es que la percepción es realidad y cada vez la percepción está más cerca de la realidad”.
Sobre el particular, destaca que durante 2018 en el estado de Puebla la percepción de inseguridad fue de 81.4% (Encuesta Nacional de Victimización y de Percepción de Seguridad del INEGI). Mientras que a nivel municipal, la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana de junio de 2019 ubicó a la ciudad de Puebla en 88% en dicho rubro.
Dicho de otra forma, nunca antes la percepción había estado tan cerca de la realidad en la entidad poblana.
Esta tesis esta sustentada en el hecho de que la mayoría de los delitos no son registrados en las Carpetas de Investigación que se reportan mensualmente al Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), pero si suceden y las dos únicas formas de aproximarse a esa realidad es midiendo la percepción de inseguridad y la denominada cifra negra (delitos no denunciados y que durante los últimos 8 años en Puebla fueron del 93%).
Si bien hasta el momento no conocemos el Plan Estatal de Seguridad, es previsible que gire alrededor del despliegue operativo de las fuerzas estatales apoyadas por la Guardia Nacional, tal como quedó evidenciado con el arribo de 400 elementos de la Policía Militar (en proceso de incorporacón a la Guardia Nacional) al Municipio de San Martín Texmelucan para atender los problemas de violencia registrados en los últimos días, en particular los derivados de la instalación del tianguis los días martes.
Además es posible observar en varios espectaculares distribuidos en el Periférico ecológico anuncios sobre la adquisición de 1,000 patrullas (con un esquema de licitación diferente) y de la capacitación de los elementos policiales. Por si esto fuera poco, el pasado fin de semana un helicóptero en funciones de patrulla sobrevoló en forma intensiva la zona de Lomas de Angelópolis, algo que solo había sido visto en la administración de Tony Gali.
Lo que aún falta definir es si la nueva estrategia de seguridad estará basada en la Coordinación Interinstitucional, Mando Único Coordinado o Mando Único. Sobre todo ahora que con la llegada de la Guardia Nacional confluyen en la entidad tres instancias diferentes con sus respectivos mandos, todos militares.
La SSP con un Vicealmirante al frente; la 6ª. Región de la Guardia Nacional, con un General de Brigada al mando y la 25ª. Zona Militar con su respectivo General como comandante.
Para abundar en el tema de la coordinación, a continuación analizo tres modelos que ya fueron probados en algunas entidades del país.
El modelo de Coordinación Interinstitucional, utilizado desde el año 1994, ofrece grandes ventajas en razón de que ninguna institución está por encima de las demás que integran el grupo y todo esfuerzo gira en torno al liderazgo situacional y autoridad moral del coordinador, así como las atribuciones y capacidades de cada una de las instancias participantes.
Este esquema es de los que mejores resultados ha dado al estado de Puebla en materia de prevención y combate al delito, así como en la mejora de la percepción de inseguridad, particularmente entre 2013 y 2014, tal como lo informó Central en su Radiografía de la delincuencia publicada el pasado 31 de julio, previo al cambio de administración.
El denominado Mando Único Coordinado enfrenta una serie de limitantes operativas y contradicciones conceptuales, toda vez que en teoría el mando es indivisible y no se comparte con nadie, por lo que tampoco puede ser coordinado; o es Mando Único o es Grupo de Coordinación, pero no puede ser una mezcla de los dos.
No obstante estas dificultades, dicho esquema fue planteado ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública como una alternativa de operación durante la administración federal anterior, sin embargo no logró el consenso de sus integrantes, debido a que varios estados y municipios se opusieron, al amparo del Artículo 115 constitucional que señala que el municipio es libre y autónomo.
Pese a lo anterior, fue utilizado en varias entidades, no así en el estado de Puebla, dada la complejidad que representa contar con 217 municipios. Las entidades que en su momento adoptaron este modelo fueron Morelos, Veracruz y el Estado de México entre otros y los resultados no fueron los esperados, ya que la incidencia de delitos violentos no solo no fue revertida, sino que en algunos casos se incrementó.
Por lo que respecta al Mando Único, este ha querido ser instrumentado desde hace por lo menos 10 años, sin que hasta le fecha exista un solo caso de éxito. Lo anterior derivado de la dificultad que representa depositar en una sola institución y en una sola persona, las atribuciones legales de los tres niveles de gobierno, así como a la resistencia de varios municipios. Al no avanzar, se le llegó a impulsar con el eufemismo de “Mando Mixto Coordinado”, pero ni así progresó.
Versión no contada. En abril de 2013, la incidencia delictiva en Puebla parecía no encontrar su punto de inflexión, mientras que el presupuesto planeado no permitía destinar mayores recursos a la seguridad, así es que había que buscar la forma de hacer más con menos y la única salida era la Coordinación interinstitucional con los municipios y demás dependencias estatales y federales.
A la distancia hoy puedo decir que la incidencia logró revertirse en el corto plazo gracias a los esfuerzos de los municipios que decidieron sumarse a este modelo, que en principio permitió homologar protocolos de atención en materia de prevención y combate al delito. En cuestión de meses algunos municipios como Amozoc y Teziutlán revirtieron su tendencia y lograron disminuir su incidencia delictiva hasta en un 50%. En esta ocasión reafirmo lo comentado en la misma columna del 26 de junio: “en materia de seguridad no hay magia, se requiere voluntad política, experiencia, conocimientos y conducción de las mujeres y los hombres” que forman parte de las corporaciones de policía. Un dato adicional, cuando se habla de coordinación, quiere decir que todos aportan lo que tienen y saben hacer, nadie es jefe de nadie, en todo caso podría existir un articulador, pero sin mayor cargo, rango o grado que la autoridad municipal en materia policial. El fuero común no vale menos que el federal, solo tiene un valor diferente.