Mañana entra en funciones la nueva administración estatal y su llegada es precedida por una serie de hechos violentos como los registrados en los municipios Huejotzingo, Tepeaca, Teotlalco y Yehualtepec, la mayoría de ellos caracterizados por el uso de armas de fuego.
Pese a la relevancia de este tipo de instrumentos letales, hasta el último día de la administración saliente no se dispone de información sistematizada y pública sobre la cantidad de armas aseguradas en el estado de Puebla, así como las recuperadas mediante el programa de canje de armas, que dicho sea de paso no ha impactado en una baja sensible en la incidencia delictiva.
El dato más cercano es que se “decomisaron” más armas que el año pasado, sin detallar cantidad, tipo y calibre.
Lo mismo sucede con el número de detenidos totales por delito y la cantidad de droga incautada; sólo se informó que en Tepeaca fueron aprehendidas 13 personas en los últimos días y que han sido desarticuladas 35% más bandas criminales que el año anterior.
Contrario a ello, autoridades federales de las dos anteriores administraciones informaron en su momento que de 2007 a 2012 fueron aseguradas 152,195 armas de fuego a nivel nacional (92,613 largas y 59,582 cortas), mientras que de 2013 a 2018 únicamente se aseguraron 51,630 armas (30,643 largas y 20,987 cortas), es decir únicamente un tercio respecto del sexenio anterior.
En cuanto al tamaño del mercado ilícito de armas que existe a nivel nacional, un estudio elaborado en abril de este año por la Cámara de Diputados estima que en el país circulan sin control 12 millones 750 mil armas de fuego, en tanto que las que cuentan con registro formal ascienden a 2 millones 250 mil; en total serían 15 millones de armas.
En junio pasado la página de la organización gunpolicy.org reportó que en México existen 10 millones 500 mil armas sin registro y sólo 3 millones 100 mil con soporte documental, en total sumarían 13 millones 600 de armas de fuego.
Estimaciones adicionales citadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores señalan que anualmente ingresan a territorio nacional más de 200 mil armas, en su mayoría procedentes de Estados Unidos.
Si estas referencias son utilizadas para estimar la cantidad de armas que circulan en el país, los aseguramientos realizados durante los dos sexenios juntos equivaldrían a un año de lo que ingresa a México (203,500 armas) y tan solo al 1.5% del “mercado ilícito”.
Adicionalmente, una encuesta realizada en 2017 por la Universidad de Harvard (Harvard T.H. Chan School of Public Healt, David Pérez E. y David Hemenway) en 9 ciudades mexicanas, indica que en Puebla el 58% de la población está a favor de poseer un arma de fuego; 29% conoce a alguien o él mismo tiene un arma en su domicilio, vehículo o lugar de trabajo. De los que aceptaron poseer un arma, el 60% la consiguió en el “mercado negro”; 80% la compró y al 20% se la regalaron; al 74% le fue fácil y al 26% muy fácil conseguirla; el costo del arma fue de 8 mil 500 pesos en promedio.
En este contexto, el pasado 21 de julio en el marco de la reunión entre el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard y el Secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo para revisar el avance en la contención de la migración ilegal, un tema que destacó fue de tráfico de armas y la necesidad de una propuesta binacional para su atención inmediata.
Esta es la enésima ocasión que los gobiernos de ambos países abordan esta problemática que afecta particularmente a nuestro país, debido a que en Estados Unidos no existen restricciones para su compra y tenencia, mientras que en México la mayoría de las armas de fuego están prohibidas para la población civil e incluso para las corporaciones de policía. Además, la producción, importación, exportación, comercialización, posesión y portación de armas de fuego es regulada por la Secretaría de la Defensa Nacional.
El verdadero problema de las armas en México deriva de aquellas que están fuera del registro y control por parte del gobierno federal, la mayoría de las cuales llegan al país de manera ilegal procedentes de la unión americana y surten a los grupos criminales, sin que el vecino país del norte pueda hacer algo más allá de su frontera.
Para el caso de Puebla, un indicador de la cantidad de armas que circulan sin que la autoridad pueda acotar su movilidad y “letalidad” es el número de homicidios dolosos cometidos con dichos dispositivos en los últimos años, al pasar de 50% de los registrados en 2014 al 74% de los cometidos durante el primer semestre del 2019.
Esta proporción ha llevado a Puebla a ubicarse en el top ten de las entidades donde se cometen más homicidios con arma de fuego, lista que es encabezada por Guanajuato con el 83%, Nuevo León con 81% y Michoacán con 79%.
Sobre el particular, un dato que podría interpretarse como un verdadero punto de inflexión en la estrategia de seguridad, es el anuncio del Presidente de la República (23 de julio), que por primera vez aceptó que una parte de los homicidios dolosos son cometidos por el crimen organizado.
Lo anterior marca un antes y un después en la decisión del gobierno federal para enfrentar la violencia y la delincuencia, cuyas acciones seguramente incluirán la atención de las causas del delito, pero también el combate a los grupos delictivos en una nueva etapa.
Este es el escenario en materia de seguridad pública en el que asumirá funciones la nueva administración poblana que inicia mañana. La mesa para lograr resultados diferentes, dejando de hacer lo mismo, esta puesta y todo parece indicar que la decisión de hacerlo existe.
Versión no contada. Por lo lejano en el tiempo solo algunos habitantes de la Mixteca poblana, en particular de los municipios ubicados entre Tepexi de Rodríguez e Izúcar de Matamoros, recordarán que en 1993 tras ocultarse el sol casi nadie podía salir con sus productos del campo hacia “La Colorada” y de ahí a los tianguis de Acatzingo (martes) o Tepeaca (viernes), sin que fuera asaltado o secuestrado en las brechas y carreteras por salteadores de caminos que se escondían en las cuevas de Las Minas y Calmecac provistos de armas de fuego, incluyendo los denominados “cuernos de chivo” (en ese entonces el mercado de Huixcolotla no figuraba entre las principales zonas comerciales de la entidad).
La presión fue tal que el gobierno del estado se vio obligado a pedir apoyo a la Secretaría de Gobernación (la Policía Federal no existía y menos la Guardia Nacional) para que coordinara los esfuerzos interinstitucionales y erradicara la violencia. Aún recuerdo esos primeros ejercicios de coordinación efectiva que incluyeron a los gobiernos de Oaxaca, Guerrero y Morelos, cuyos resultados se tradujeron en devolver a mis paisanos las condiciones de seguridad que hoy añoran. La clave del éxito en aquel entonces fue detener a los criminales y quitarles las armas de fuego. ¿Se podrá aplicar la máxima que dice ¿se repite la historia, sólo cambia el actor?