La importancia del Control de Confianza

Por Facundo Rosas / /
La importancia del Control de Confianza
Foto: Especial

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El pasado 8 de julio en medio de interrupciones y algunas imposiciones tuvo lugar en el Palacio Nacional la XLIV Sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por el titular del Ejecutivo Federal, los gobernadores de los estados y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, así como por el Gabinete de Seguridad del gobierno de la República e invitados permanentes de la CNDH y la sociedad civil.

En dicha reunión fueron aprobados un total de 10 acuerdos, entre ellos uno de la más alta relevancia para el futuro de la Guardia Nacional y tiene que ver con una prórroga por 18 meses en la evaluación de control de confianza del personal de seguridad pública a nivel nacional, solicitada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para darle prioridad a las evaluaciones de los integrantes de la GN en esta materia.

Cabe precisar que acuerdos similares fueron firmados en 2013 y 2014 a propuesta de la Secretaría de Gobernación y en su momento retrasaron la depuración de las policías estatales y municipales, con su consecuente impacto en el incremento de la incidencia delictiva en los años subsecuentes, toda vez que varias entidades encontraron la oportunidad para incumplir con los ordenamientos.

Volviendo a la prórroga acordada el lunes pasado, cabe recordar que el pasado 30 de abril, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal anunció que había acordado con la Comisión Permanente de Acreditación y Certificación del citado Consejo Nacional, una ampliación para no examinar a los policías estatales y municipales, pero sólo por un año y que durante ese lapso serían evaluados en materia de control de confianza todos los elementos que se integrarán a la GN.

En esa ocasión señaló que los efectivos provenientes de las fuerzas armadas serían evaluados en materia de control de confianza con un nuevo esquema acorde al perfil del aspirante a integrarse a dicha corporación de naturaleza civil, pero sin perder el rigor metodológico del proceso, sin embargo, no abundó si habría excepción alguna.

Al respecto cabe subrayar que, ni la Ley de la Guardia Nacional ni su Reglamento indican que se trate de otro tipo de evaluaciones; la Ley solo dicta en su Artículo 25 Fracción IV que “para ingresar a la GN se requiere aprobar los procesos de evaluación de control de confianza”.

Ahora bien, más allá de los aspectos legales y reglamentarios, habría que hacer una revisión de las capacidades de que dispone el gobierno federal y las entidades federativas, así como del estado de fuerza que tendrá que evaluarse para dar cabal cumplimiento de lo contemplado en la primera etapa de integración de la GN y el horizonte de crecimiento hacia el final de la presente administración.

Para evaluar los 52 mil elementos procedentes de las fuerzas armadas que ya están desplegados en las 150 regiones prioritarias y formalizar su incorporación a la GN, será necesario evaluar en promedio 112 uniformados diarios durante los 18 meses indicados en la prórroga (descontando únicamente los domingos).

Los 18 mil elementos procedentes de la Policía Federal se incorporarán a la GN sin tener que evaluarse en control de confianza, en virtud de que para ingresar y permanecer sus resultados en esta materia deben estar vigentes, por lo que solo tendrán que ser examinados física y médicamente por quien se determine.

En el caso de los elementos castrenses, su evaluación podría realizarse en el Centro de Evaluación de Control de Confianza de la SSyPC, que es atendido por especialistas de la Policía Federal, ya que cuenta con las capacidades suficientes para cumplir con esta tarea. Lo difícil será que todos los aspirantes aprueben estos exámenes, algo que en la historia reciente no ha sucedido, por lo que para alcanzar los 52 mil efectivos comprometidos habría que evaluar a más personal.

A este primer bloque se sumarían los 18 mil elementos procedentes de la PF ya evaluados para cubrir la cifra de 70 mil anunciados el 30 de junio.  

En cuanto a los uniformados de nuevo ingreso, para reclutarlos a la velocidad mencionada por el titular de la SSyPC de 21 mil al año y con un estimado de aprobación del 30%, se requeriría evaluar a 105 mil aspirantes en los 18 meses de prórroga, es decir un promedio de 227 diarios. Para cumplir con este objetivo contarán con el apoyo de los Centros de Evaluación estatales que fueron certificados antes de 2010.

La importancia del estado de Puebla en este proyecto radica en que dispone de uno de los Centros de Evaluación con mayor capacidad instalada a nivel nacional y este se encuentra adscrito a la Academia Puebla-Iniciativa Mérida “General Ignacio Zaragoza”, ubicada en el Municipio de Amozoc.

Dicho sea de paso, desde 2014 esta Academia ha fungido como Centro de Capacitación de mandos de policía a nivel nacional y ofrece una serie de Diplomados, Maestrías y Doctorados en la materia.

Resultado de este esfuerzo interinstitucional, al 10 de marzo del 2020 la GN tendría un estado de fuerza de 101 mil 500 elementos, resultado de la suma de los 70 mil efectivos de la etapa inicial y 31 mil 500 reclutados hasta esa fecha.

De esta forma, sólo faltaría incorporar un tercio del estado de fuerza anunciado por el SSyPC y el propio Titular del Ejecutivo Federal (150 mil) y a menos de 40 mil con base en el Plan Nacional de Desarrollo, pero sin que haya causado baja un solo efectivo.

Además, para incorporar 80 mil nuevos elementos a la GN, será necesario que en los próximos 5 años sean evaluados 266,400 aspirantes (artículo publicado el 5 de julio en El Heraldo de México). Si tomamos en cuenta que cada examen de control de confianza tiene un costo estimado de 5 mil pesos, el presupuesto requerido para cumplir con este requisito, sería superior a los mil 300 millones de pesos.

Versión no contada. En octubre de 2014 tras vencerse la prórroga de 2 años, Puebla fue una de las escasas entidades que cumplieron con el 100% de depuración de sus elementos que no aprobaron las evaluaciones de control de confianza, incluyendo mandos medios que ahora se desempeñan como mandos superiores, como marcaba la Ley General del Sistema de Seguridad Publica. Hubo entidades que no lo hicieron y legalmente no pasó absolutamente nada a quienes no cumplieron, ojalá en esta ocasión si haya consecuencias sin excepción alguna.