Cifras absolutas o tasa ¿Cómo medir el secuestro?

Por Facundo Rosas / /

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Para elaborar un diagnóstico a nivel nacional, estatal o municipal en materia de secuestro y diseñar una política pública, con su estrategia y programas correspondientes, es necesario disponer de indicadores que permitan medir su incidencia en el tiempo y el espacio geográfico.

Es en este punto donde surge la primera disyuntiva ¿cómo medir la eficiencia en su combate y además comparar en forma equitativa el desempeño de una entidad federativa respecto de otra? en cifras absolutas o en tasa por cada 100 mil habitantes.

¿Cuál de los dos tipos de medición es mejor o peor? La respuesta es que ninguna, ambas son útiles, pero no sirven para lo mismo.

Las cifras absolutas sirven para analizar la incidencia y la tendencia del secuestro de un estado, municipio o país en el tiempo y área geográfica para identificar patrones que permitan diseñar acciones específicas en lo individual, pero no para comparar una entidad o ciudad con otra, porque cada una tendrá diferente número de habitantes.

La tasa de delitos por cada 100 mil habitantes (o menor si es necesario) además de identificar patrones de operación y tendencias a nivel estatal, sí permite comparar la incidencia delictiva entre un estado y otro, en virtud de que elimina la posibilidad de que una entidad con más habitantes que otra aparezca siempre en los primeros lugares y viceversa.

Ejemplo de lo anterior sería comparar en cifras absolutas a Campeche, que cuenta menos de 1 millón de habitantes con el Estado de México que tiene 16.2 millones; la segunda entidad siempre saldría con peores números que la primera al ser más de 16 veces mayor en población.

De hecho, los reportes que los países envían a la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) se realiza en tasa por cada 100 mil habitantes para fines comparativos, mientras que a nivel nacional el INEGI y el SNSP también sistematizan sus datos con este criterio, independientemente de que los difunden en cifras absolutas.

Sobre el particular, reportes difundidos recientemente por algunas organizaciones no gubernamentales y reproducidos por diversos medios de comunicación de Puebla y del país, han comparado el desempeño de los estados en materia de secuestro a partir de cifras absolutas y no en tasa por cada 100 mil habitantes, evidenciando la necesidad de homologar las formas de medición y de comparación.

En el caso de Puebla, la utilidad de las cifras absolutas nos permite identificar que durante los últimos 8 años el secuestro registró un incremento lento al principio y acelerado al final, al pasar de 29 casos en 2012 a 35 en 2017, es decir un aumento del 20% en 5 años, sin embargo, para 2018 los casos aumentaron a 46, lo que significó un incremento del 31% respecto de 2017.

El problema se agudizó en los primeros 4 meses de 2019, al acumularse 35 secuestros, que comparado con los 15 del mismo lapso de 2018, representaron un crecimiento del 133%.

Este patrón de comportamiento solo es válido para cifras absolutas reportadas al SNSP por autoridades estatales (fuero común), toda vez que las informadas por la federación solo abarcan de 2015 a la fecha (acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, integrado por el gabinete de seguridad federal y gobernadores) y sólo abarcan 3 años.

Al respecto, la semana pasada la organización no gubernamental “Alto al Secuestro”, citando cifras preliminares del SNSP (reportadas por autoridades locales y federales) al mes de mayo del 2019, informó que Puebla se ubicó en 4º lugar nacional con 57 casos, sin precisar que este ranking obedece a cifras absolutas y no a tasas por cada 100 mil habitantes, como debería hacerse si se compara con otras entidades. De acuerdo a este análisis, los estados con peores cifras serían Veracruz, Estado de México y Morelos.

En términos de tasa por cada 100 mil habitantes y sumando los casos atendidos por autoridades estatales y federales, de enero a mayo del 2019, el estado de Puebla se ubicó en el 6º lugar con una tasa preliminar acumulada de 0.81 casos, por debajo de Veracruz, Morelos, Colima, Zacatecas y Tamaulipas (sale del ranking Estado de México; Veracruz ni cómo ayudarlo). Para una mejor referencia, la tasa media nacional acumulada en el mismo lapso es 0.77 secuestros, con lo cual Puebla se ubicaría por arriba de la media nacional.  

Pero si sólo se toman en cuenta los casos atendidos por la Fiscalía General de Puebla, se iría hasta el 7º lugar con una tasa de 0.67 secuestros por cada 100 mil habitantes (menor a la media nacional), equivalentes a 41 casos absolutos, registrados de enero a mayo del 2019. Las entidades peor posicionadas que Puebla son Veracruz, Morelos, Colima, Zacatecas, Guerrero y Tabasco, destacando que las 4 últimas se incorporan al ranking, mientras que Estado de México sale.

Una medición a nivel municipal con esta misma metodología (tasa por cada 100 mil habitantes) ubica al municipio de Puebla en la posición 26 de 2017 municipios del estado; muy distante de 5º lugar nacional (de más de 2,458 municipios del país) en que lo posicionó “Alto al Secuestro”, al tomar en cuenta únicamente sus cifras absolutas.

En resumen, para comparar la incidencia delictiva de una entidad con otra e incluso con otros países es necesario convertir las cifras absolutas a tasa por cada 100 mil habitantes; recuerden que siempre habrá demarcaciones más grandes y más pequeñas en términos de población, más allá de su superficie territorial.

En la disputa por quién tiene la razón en el manejo de las cifras no sabemos quién gana, pero si sabemos que la ciudadanía pierde.

Versión no contada. Tan complicado es el manejo de las cifras en materia de secuestro que ni las autoridades se salvan. Hoy toca recordar que 2014 al elaborar un diagnóstico de la Región Centro país y comparar la incidencia de este delito en las 7 entidades que la integran, Tlaxcala superaba a todas en cifras absolutas; algo estaba mal, así que había que revisar mes a mes y año por año desde 1997. Finalmente apareció el error, sólo en 2006 esta entidad había reportado al SNSP 408 secuestros, después de que en los 9 años previos únicamente registró un caso y nadie se percató que todos los nuevos eventos correspondían a extorsiones y “raptos”, en cuyas indagatorias aparecía la palabra secuestro. Si los responsables hubieran tomado como referencia de comparación la tasa por cada 100 mil habitantes se hubieran percatado que la correspondiente a Tlaxcala era casi 40 veces mayor a la de todas entidades vecinas y habrían rectificado a tiempo.