Por tradición algunos de los pueblos más alejados del centro de la toma de decisiones políticas en la entidad resuelve sus problemas por sí solos y con las herramientas que tienen a su alcance, en algunas ocasiones guiados por las personas que ejercen cierta autoridad moral, entre ellos algunos ancianos, médicos, líderes comunitarios e incluso religiosos.
Sin embargo, en los últimos años el principal reto es la inseguridad, cuya solución requiere del concurso de autoridades municipales y estatales, que no siempre están a su alcance debido a la amplia extensión territorial y vacíos de información.
Uno de los mayores problemas se presenta cuando se comete un delito y los habitantes tienen la oportunidad de detener a los presuntos responsables; entonces surge la disyuntiva de entregarlos a la autoridad o hacer justicia por propia mano, es decir lincharlos. Su nivel de complejidad se incrementa en la medida de que el número de habitantes se concentra en torno al sitio donde se resguarda a los detenidos.
En otros tiempos su solución correría a cargo del Presidente auxiliar o municipal con el apoyo de algún líder con cierta ascendencia social, sin embargo, con el paso del tiempo este tipo de liderazgos y la confianza en la autoridad se han ido desgastando a tal grado que ya no son suficientes para contener a la gente enardecida, mientras arriban autoridades estatales para entablar un diálogo y resolver el problema.
Este escenario se presentó en dos casos emblemáticos del estado de Puebla, Ajalpan en 2015 y Acatlán de Osorio en 2018, en los que la autoridad municipal fue rebasada y la estatal llegó con horas de retraso; una vez que la población había consumado el linchamiento. Lo anterior confirmó que el diálogo, la negociación y la confianza en la autoridad son los factores determinantes en la solución del problema en un primer momento y el uso racional de la fuerza en un segundo plano.
En el caso de Ajalpan, municipio cercano a Tehuacán, todo inició el 19 de octubre del 2015 cuando dos jóvenes realizaban una serie de encuestas por razones de mercadotecnia, cuyas preguntas provocaron que los vecinos los confundieran con secuestradores. Lo anterior bastó para que los detuvieran, los trasladaran a la Presidencia municipal y al observar que la autoridad pretendía entregarlos al Ministerio Público, procedieron a lincharlos y matarlos.
En el caso de Acatlán de Osorio, el incidente se registró el 29 de agosto del 2015 en la comunidad de Boquerón, cuando dos personas dedicadas a la construcción acudieron a comprar materiales propios de su oficio y fueron confundidos con “robachicos” luego de estacionar su camioneta cerca de una escuela. Acto seguido vecinos del lugar los detuvieron y trasladaron a la Presidencia auxiliar y más tarde a la cabecera municipal de Acatlán; sin embargo, transcurridas algunas horas y ante la falta de respuesta de la autoridad municipal y estatal, fueron sustraídos de las instalaciones y privados de la vida prendiéndoles fuego.
Hechos como los de Ajalpan y Acatlán de Osorio se han venido replicando en Puebla a tal grado que en el más reciente estudio hemerográfico de la CNDH y la UNAM, reveló la que el estado de Puebla es el segundo lugar en casos absolutos de linchamiento entre 1988 y 2014, con 182 eventos, solo detrás del estado de México, sin embargo, un análisis comparativo a nivel de tasa por cada 100 mil habitantes ubica a la entidad poblana en primer lugar (0.13 en promedio anual).
Para el periodo 2015-2018, Puebla volvió a ocupar el primer lugar tanto en casos absolutos (48 casos) como en tasa por cada 100 mil habitantes (0.19 en promedio anual). En lo que va 2019, la tendencia es al alza.
Los riesgos confirmados por este ejercicio documental radican en que un 80% de los poblanos está de acuerdo en que si la autoridad no responde, la sociedad debe tomar cartas en el asunto; es decir proceder al linchamiento. Además, subraya que hay un vacío de información y en consecuencia de desconocimiento del papel de las policías y el Ministerio Público: el 58% desconoce la función de la Policía Estatal; el 60% la de la Policía Federal y 64% del MP.
Algunos elementos a considerar para hacer frente a este tipo de situaciones y evitar la pérdida de vidas humanas, podrían ser los siguientes:
- Atención en tiempo real de las demandas más sentidas de la población en términos de gobernabilidad (causas).
- Protocolos de actuación y coordinación entre las autoridades encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley (estado de derecho).
- Mejorar la confianza de la ciudadanía en su autoridad, lo cual requiere tiempo, esfuerzo y voluntad política.
Versión no contada: A principios de 2015, en Tulcingo del Valle se presentó una situación similar a la de Acatlán de Osorio, con la detención de tres presuntos responsables de secuestro que la población amenazaba con lincharlos. La coordinación e intervención oportuna de los gobiernos estatal y municipal para garantizar que los detenidos serían llevados ante las instancias de procuración de justicia, permitió que este hecho no tuviera un saldo fatal y tampoco alimentara el estudio de la CNDH y la UNAM recién difundido.
En subsecuentes entregas abordaré como ha crecido el homicidio doloso en los últimos 5 años Puebla.
El Informe especial de la CNDH se puede consultar en www.cndh.org.mx