Feminicidio y alerta de género en Puebla

Por Facundo Rosas / /

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Las causas del delito de feminicidio en el estado de Puebla, al igual que en otras entidades del país, son multifactoriales y no se limitan a cuestiones de delincuencia organizada; por lo que su atención no se puede limitar a labores policiales y de ministerio público, como se analizó en el marco del debate de los candidatos a la gubernatura. Cualquier esfuerzo aislado no garantiza resultados inmediatos o en el corto plazo.

Así como para curar una enfermedad requiere un diagnóstico preciso que ofrezca alternativas y rutas para mejorar al paciente; en el caso del feminicidio, su solución precisa de un análisis que identifique las variables involucradas y su posible solución, las rutas a seguir y los indicadores que permitan medir los esfuerzos.  

La evidencia y conocimientos disponibles hasta hoy no parecen ser suficientes para el diseño de políticas públicas y acciones que demandan distintos sectores y grupos de la sociedad poblana, entre ellos familiares de víctimas que fueron privadas de la vida recientemente en distintos municipios de la entidad y la Red Plural de Mujeres, la cual recientemente criticó que no existan estudios específicos a nivel estatal y en aquellos municipios donde se presenta el fenómeno.

Una pronta revisión de los esfuerzos realizados hasta ahora indica que la mayoría giran en torno a más alarmas vecinales y policías para el cuidado de las mujeres en sus rutas hacia sus centros de trabajo y escuelas, así como centros deportivos, culturales y de esparcimiento, sin embargo, estos no parecen ser suficientes.

Una línea estratégica importante pero poco explorada ha sido la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, decretado en 50 municipios poblanos por la Secretaría de Gobernación federal el pasado 11 de abril pero exigida desde 2015, la cual contiene 45 recomendaciones que deben cumplir el gobierno estatal y los municipios indicados.

No obstante estos esfuerzos, hasta hoy no ha sido posible consolidar un diagnóstico que permita conocer a profundidad los factores que contribuyen en que este delito se manifieste y generalice.

Ante este panorama, se enlista una serie de premisas, que podrían ser referentes a lo que se pueda emprender en los siguientes meses y años.

El feminicidio en Puebla y entidades circunvecinas está asociado con la violencia familiar, en la que participan la pareja sentimental, familiares y personas cercanas a la víctima, incluyendo algunas amistades. Debe considerarse que no todas las víctimas de feminicidio son casadas o viven bajo régimen formal alguno, sino que desafortunadamente también aparecen jóvenes y menores de edad, en cuyos casos han estado involucrados familiares o personas cercanas a ellas.

El conteo realizado por Página Negra indica que de los 40 casos de homicidio doloso en contra de mujeres, 14 de ellos cumplen con los criterios establecidos por las autoridades para considerarlos feminicidios. Por su parte el Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que hasta abril de 2019 han sido documentados 18 casos, 8 en enero, cero en febrero, 7 en marzo y 3 en abril, cifra muy parecida a la de este medio digital.

Evidencia empírica indica que las lesiones, algunas de ellas mortales, que se registran en el sector salud en contra de mujeres, son infligidas por personas cercanas a la víctima en términos de espacios físicos y lazos afectivos, particularmente por sus parejas sentimentales. Los casos que atienden directamente las policías preventivas y de investigación con el apoyo del Ministerio Público son adicionales a los antes referidos.

En más del 80% de los casos de feminicidio registrados en Puebla, el responsable de este delito es la pareja sentimental y sucede en sus espacios de convivencia frecuente, seguido de familiares y personas conocidas; en una tercera modalidad (menor al 10%) aparecen personas ajenas a la víctima y en escenarios más allá del hogar y su primer círculo social, incluidos los medios de transporte público, calles e inmuebles diversos.

Lo anterior parece indicar que las acciones deberían centrarse en la prevención situacional del delito y reconstrucción del tejido social, en lugar de privilegiar aquellas de carácter policial y de disuasión.

Las coordenadas parecen estar en aquellos lugares hasta ahora no explorados, sobre todo donde la autoridad no puede ingresar por razones de privacidad como son los hogares, escuelas y centros de trabajo, pero sí empoderar a las potenciales víctimas y a la sociedad en general antes de que se conviertan en cifras.